Luego de ocho meses de ocupación, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) decidió deponer la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos ubicado en Providencia e hizo entrega del edificio a los funcionarios de la entidad.
Según informaron mediante un comunicado, la ocupación del inmueble “fue una acción directa que buscaba hacer visible a quienes fueron parte de los hitos populares más importante de nuestra historia reciente y que por jugársela para cambiar este territorio, fueron sujetos de violencia y terrorismo estatal”.
Además, indicaron que “tras la respuesta que nos entrega el gobierno mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidimos acoger estas garantías y entregar el edificio a les trabajadores del INDH, a quienes estuvieron en las calles como testigos y muchas veces víctimas de la represión policial”.
Esto, en respuesta a lo informado el pasado lunes por la entidad pública- encabezada por la subsecretaria Haydee Oberreuter- que recalcó su compromiso en avanzar en la reparación integral de quienes se vieron afectados en el marco del estallido social.
“Reafirmamos los compromisos del gobierno contenidos en nuestro programa presidencial, como el establecimiento de la mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas donde se invoca la Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General. Nuestro compromiso está con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de las violaciones a los Derechos Humanos”.
Sobre la respuesta del Ejecutivo, la vocera de la ACES, Antonia Rolland, indicó que “entendemos que este gobierno viene de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil. Son personas que vivieron la represión tal como nosotros la vivimos durante el 18 de octubre. Entonces, nos parece importante que ellos sean consecuentes con todo lo que han vivido y que cumplan con las promesas que han hecho durante todo este tiempo”.
En esa línea, dijo esperar “que se preocupen realmente de la reparación integral, de que haya justicia, reparación, de que haya juicio y castigo para Piñera como lo dijo Boric en la televisión”.
También la dirigenta comentó que “confiamos en que los trabajadores van a hacer todo lo que esté en sus manos para terminar con la impunidad que existe dentro del INDH, que tiene que ver con todas las trabas que se han hecho para poder avanzar en distintos casos en términos de libertad, justicia y reparación”.
“Confiamos en que los trabajadores van preocuparse de continuar la línea de lucha, pero desde su trinchera que nosotros hemos llevado estos ocho meses desde la toma. Sin embargo, ellos también entienden que vamos a estar constantemente en alerta porque no podemos permitir que lo que pasó antes de la toma siga pasando”, añadió.
Asimismo, reiteró parte de las demandas de la agrupación, que incluyen “la disolución de Carabineros y reforma de las instituciones públicas; el reconocimiento de la violación sistemática de los Derechos Humanos, el reconocimiento de la prisión política, aplicar el principio de probidad, no cerrar los juicios que no han tenido real solución, como es el juicio de los calcinados” durante el estallido social en la fábrica Kaiser en la comuna de Renca.
Por otra parte, Rolland insistió en sus cuestionamientos hacia el liderazgo que ha tenido el director del instituto, Sergio Micco, señalando que “es una figura completamente invalidada del INDH. Acá cuando hubo una entrega por parte de nosotros del edificio ni siquiera fue a los consejeros, ni siquiera fue a la dirección, fue a los trabajadores porque son los únicos que han mantenido una línea de trabajo real en continuidad con los Derechos Humanos”.
Luego de ocho meses de ocupación, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) decidió deponer la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos ubicado en Providencia e hizo entrega del edificio a los funcionarios de la entidad.
Según informaron mediante un comunicado, la ocupación del inmueble “fue una acción directa que buscaba hacer visible a quienes fueron parte de los hitos populares más importante de nuestra historia reciente y que por jugársela para cambiar este territorio, fueron sujetos de violencia y terrorismo estatal”.
Además, indicaron que “tras la respuesta que nos entrega el gobierno mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidimos acoger estas garantías y entregar el edificio a les trabajadores del INDH, a quienes estuvieron en las calles como testigos y muchas veces víctimas de la represión policial”.
Esto, en respuesta a lo informado el pasado lunes por la entidad pública- encabezada por la subsecretaria Haydee Oberreuter- que recalcó su compromiso en avanzar en la reparación integral de quienes se vieron afectados en el marco del estallido social.
“Reafirmamos los compromisos del gobierno contenidos en nuestro programa presidencial, como el establecimiento de la mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas donde se invoca la Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General. Nuestro compromiso está con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de las violaciones a los Derechos Humanos”.
Sobre la respuesta del Ejecutivo, la vocera de la ACES, Antonia Rolland, indicó que “entendemos que este gobierno viene de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil. Son personas que vivieron la represión tal como nosotros la vivimos durante el 18 de octubre. Entonces, nos parece importante que ellos sean consecuentes con todo lo que han vivido y que cumplan con las promesas que han hecho durante todo este tiempo”.
En esa línea, dijo esperar “que se preocupen realmente de la reparación integral, de que haya justicia, reparación, de que haya juicio y castigo para Piñera como lo dijo Boric en la televisión”.
También la dirigenta comentó que “confiamos en que los trabajadores van a hacer todo lo que esté en sus manos para terminar con la impunidad que existe dentro del INDH, que tiene que ver con todas las trabas que se han hecho para poder avanzar en distintos casos en términos de libertad, justicia y reparación”.
“Confiamos en que los trabajadores van preocuparse de continuar la línea de lucha, pero desde su trinchera que nosotros hemos llevado estos ocho meses desde la toma. Sin embargo, ellos también entienden que vamos a estar constantemente en alerta porque no podemos permitir que lo que pasó antes de la toma siga pasando”, añadió.
Asimismo, reiteró parte de las demandas de la agrupación, que incluyen “la disolución de Carabineros y reforma de las instituciones públicas; el reconocimiento de la violación sistemática de los Derechos Humanos, el reconocimiento de la prisión política, aplicar el principio de probidad, no cerrar los juicios que no han tenido real solución, como es el juicio de los calcinados” durante el estallido social en la fábrica Kaiser en la comuna de Renca.
Por otra parte, Rolland insistió en sus cuestionamientos hacia el liderazgo que ha tenido el director del instituto, Sergio Micco, señalando que “es una figura completamente invalidada del INDH. Acá cuando hubo una entrega por parte de nosotros del edificio ni siquiera fue a los consejeros, ni siquiera fue a la dirección, fue a los trabajadores porque son los únicos que han mantenido una línea de trabajo real en continuidad con los Derechos Humanos”.
Luego de ocho meses de ocupación, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) decidió deponer la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos ubicado en Providencia e hizo entrega del edificio a los funcionarios de la entidad.
Según informaron mediante un comunicado, la ocupación del inmueble “fue una acción directa que buscaba hacer visible a quienes fueron parte de los hitos populares más importante de nuestra historia reciente y que por jugársela para cambiar este territorio, fueron sujetos de violencia y terrorismo estatal”.
Además, indicaron que “tras la respuesta que nos entrega el gobierno mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidimos acoger estas garantías y entregar el edificio a les trabajadores del INDH, a quienes estuvieron en las calles como testigos y muchas veces víctimas de la represión policial”.
Esto, en respuesta a lo informado el pasado lunes por la entidad pública- encabezada por la subsecretaria Haydee Oberreuter- que recalcó su compromiso en avanzar en la reparación integral de quienes se vieron afectados en el marco del estallido social.
“Reafirmamos los compromisos del gobierno contenidos en nuestro programa presidencial, como el establecimiento de la mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas donde se invoca la Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General. Nuestro compromiso está con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición respecto de las violaciones a los Derechos Humanos”.
Sobre la respuesta del Ejecutivo, la vocera de la ACES, Antonia Rolland, indicó que “entendemos que este gobierno viene de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil. Son personas que vivieron la represión tal como nosotros la vivimos durante el 18 de octubre. Entonces, nos parece importante que ellos sean consecuentes con todo lo que han vivido y que cumplan con las promesas que han hecho durante todo este tiempo”.
En esa línea, dijo esperar “que se preocupen realmente de la reparación integral, de que haya justicia, reparación, de que haya juicio y castigo para Piñera como lo dijo Boric en la televisión”.
También la dirigenta comentó que “confiamos en que los trabajadores van a hacer todo lo que esté en sus manos para terminar con la impunidad que existe dentro del INDH, que tiene que ver con todas las trabas que se han hecho para poder avanzar en distintos casos en términos de libertad, justicia y reparación”.
“Confiamos en que los trabajadores van preocuparse de continuar la línea de lucha, pero desde su trinchera que nosotros hemos llevado estos ocho meses desde la toma. Sin embargo, ellos también entienden que vamos a estar constantemente en alerta porque no podemos permitir que lo que pasó antes de la toma siga pasando”, añadió.
Asimismo, reiteró parte de las demandas de la agrupación, que incluyen “la disolución de Carabineros y reforma de las instituciones públicas; el reconocimiento de la violación sistemática de los Derechos Humanos, el reconocimiento de la prisión política, aplicar el principio de probidad, no cerrar los juicios que no han tenido real solución, como es el juicio de los calcinados” durante el estallido social en la fábrica Kaiser en la comuna de Renca.
Por otra parte, Rolland insistió en sus cuestionamientos hacia el liderazgo que ha tenido el director del instituto, Sergio Micco, señalando que “es una figura completamente invalidada del INDH. Acá cuando hubo una entrega por parte de nosotros del edificio ni siquiera fue a los consejeros, ni siquiera fue a la dirección, fue a los trabajadores porque son los únicos que han mantenido una línea de trabajo real en continuidad con los Derechos Humanos”.
