La vocera de la ACES, Antonia Rolland, indicó que la decisión se tomó luego de las garantías entregadas por la subsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, de avanzar en reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. “Nos parece importante que el gobierno sea consecuente con todo lo que ha vivido y cumplan con las promesas que han hecho”, planteó la dirigenta.
En el edificio Costanera Center y en Alameda con General Velásquez se registraron algunas de las protestas para conmemorar el segundo aniversario del inicio del estallido social. Para el resto de la jornada se esperan actividades en todo el país.
Los trabajadores agrupados en AFAEB (Asociación Nacional de Funcionarios de la Junaeb) han denunciado una serie de irregularidades en la entrega de la alimentación, además en una repartición que maneja cuantiosos recursos públicos, por lo que piden la salida de su director, Jaime Tohá.
Un grupo de estudiantes secundarios realizó esta acción de protesta exigiendo la liberación de los presos de la revuelta.
La dirigenta de la ACES se refirió a las movilizaciones estudiantiles y su rol en el llamado estallido social iniciado el 18 de octubre. Además proyectó la huelga feminista del 8 y 9 de marzo.
Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios se ha asegurado que las manifestaciones continuarán en rechazo a dicha prueba.
Los voceros de la organización cuestionaron la forma de actuar del gobierno y aseguraron que esto responde a la persecución política histórica hacia los secundarios.
En total son 16 querellas presentadas en contra de 32 personas, incluido el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau. En el caso de los dirigentes, se invocó la Ley de Seguridad del Estado.
La titular del Ministerio de Educación interpeló al Ministerio Público para que investigue los incidentes que generaron la suspensión de la PSU. “Aquí no hay disculpas por parte de la Fiscalía para hacer valer las responsabilidades”, sentenció.
Por su parte, el Consejo de Rectores anunció acciones legales en contra de quienes resulten responsables de la filtración que causó la suspensión de la prueba de Historia.
Hasta este lunes, el Demre cifraba en 86 los locales donde se ha debido suspender la rendición de la PSU, con 42 mil postulantes afectados debido a las tomas y otros incidentes.
Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios calificaron la primera jornada de movilizaciones contra la PSU como “exitosa” y anunciaron nuevas acciones para el segundo día de rendición de la prueba.
