Luego de varias horas de discusión durante este jueves, el pleno de la Convención zanjó el debate sobre el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, al rechazar los 52 artículos que buscaban quedar plasmados en el borrador de la nueva constitución.
Entre las materias que planteaba la propuesta se encontraban los estatutos constitucionales de aguas, territorio marítimo, glaciares y criósfera, minerales y energía; además de temas tales como áreas protegidas, soberanía alimentaria, derechos humanos y ambientales.
Previamente, el pasado 18 de abril el hemiciclo visó por los dos tercios un total de cinco normas correspondientes al informe de segunda propuesta constitucional, relativo a bienes comunes naturales y acceso responsable a la naturaleza.
En esta ocasión, dentro de las normas más discutidas en el pleno fueron aquellas relativas a las del estatuto constitucional de las aguas, el cual planteaba en su Artículo 2, por ejemplo, que los usos prioritarios de este elemento son “el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas”.
La convencional independiente, Carolina Vilches, instó a aprobar la normativa. Además, cuestionó en duros términos a las empresas sanitarias, acusando que estas “presentan utilidades grotescas que exceden con creces su inversión”.
Por lo mismo, la también integrante de Modatima llamó a respaldar la indicación de su autoría (N°11), “la cual devuelve al Estado la responsabilidad de otorgar servicios de producción y distribución de agua, así como también servicios de alcantarillado a través de entidades públicas y estatales y/u organizaciones comunitarias”.
Mientras la convencional de Convergencia Social, Damaris Abarca, lamentó que “estemos llegando tarde a la construcción de una norma jurídica que esté a la altura de la necesidad del planeta y de las personas. Hemos visto cómo se va secando la tierra, como lo que era verde ha quedado árido y cómo se han visto afectadas las familias de cada comunidad que se queda sin agua para sembrar. Honestamente, me aterroriza pensar que así comenzó la mega sequía en comunas como Petorca. Avanzar hacia una nueva forma de administración hídrica es una alternativa real para hacer frente a un país que se está quedando sin agua en medio de una crisis climática”.
Por otra parte, generó reparos entre algunos convencionales normas relativas a la soberanía alimentaria y la minería. Sobre la primera, el convencional chango, Fernando Tirado, adelantó su voto en contra del Artículo 17, puesto que no representaría los intereses de la pesca artesanal, fundamental para dicho pueblo originario.
En tanto, el convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, cuestionó que los artículos sobre estatuto constitucional de los minerales va a dejar “en inseguridad jurídica a una serie de pequeños mineros que con todo el esfuerzo de su vida han logrado y siguen haciendo minería por el bien de todos”.
El hecho que todos los artículos hayan sido rechazados generó una batahola y acusaciones cruzadas. Mientras los convencionales partidarios de los artículos acusaron al Colectivo Socialista de que no se alcanzara el quórum, éstos defendieron su posición, criticaron los contenidos del informe y acusaron ser objeto de prácticas de matonaje.
Luego de varias horas de discusión durante este jueves, el pleno de la Convención zanjó el debate sobre el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, al rechazar los 52 artículos que buscaban quedar plasmados en el borrador de la nueva constitución.
Entre las materias que planteaba la propuesta se encontraban los estatutos constitucionales de aguas, territorio marítimo, glaciares y criósfera, minerales y energía; además de temas tales como áreas protegidas, soberanía alimentaria, derechos humanos y ambientales.
Previamente, el pasado 18 de abril el hemiciclo visó por los dos tercios un total de cinco normas correspondientes al informe de segunda propuesta constitucional, relativo a bienes comunes naturales y acceso responsable a la naturaleza.
En esta ocasión, dentro de las normas más discutidas en el pleno fueron aquellas relativas a las del estatuto constitucional de las aguas, el cual planteaba en su Artículo 2, por ejemplo, que los usos prioritarios de este elemento son “el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas”.
La convencional independiente, Carolina Vilches, instó a aprobar la normativa. Además, cuestionó en duros términos a las empresas sanitarias, acusando que estas “presentan utilidades grotescas que exceden con creces su inversión”.
Por lo mismo, la también integrante de Modatima llamó a respaldar la indicación de su autoría (N°11), “la cual devuelve al Estado la responsabilidad de otorgar servicios de producción y distribución de agua, así como también servicios de alcantarillado a través de entidades públicas y estatales y/u organizaciones comunitarias”.
Mientras la convencional de Convergencia Social, Damaris Abarca, lamentó que “estemos llegando tarde a la construcción de una norma jurídica que esté a la altura de la necesidad del planeta y de las personas. Hemos visto cómo se va secando la tierra, como lo que era verde ha quedado árido y cómo se han visto afectadas las familias de cada comunidad que se queda sin agua para sembrar. Honestamente, me aterroriza pensar que así comenzó la mega sequía en comunas como Petorca. Avanzar hacia una nueva forma de administración hídrica es una alternativa real para hacer frente a un país que se está quedando sin agua en medio de una crisis climática”.
Por otra parte, generó reparos entre algunos convencionales normas relativas a la soberanía alimentaria y la minería. Sobre la primera, el convencional chango, Fernando Tirado, adelantó su voto en contra del Artículo 17, puesto que no representaría los intereses de la pesca artesanal, fundamental para dicho pueblo originario.
En tanto, el convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, cuestionó que los artículos sobre estatuto constitucional de los minerales va a dejar “en inseguridad jurídica a una serie de pequeños mineros que con todo el esfuerzo de su vida han logrado y siguen haciendo minería por el bien de todos”.
El hecho que todos los artículos hayan sido rechazados generó una batahola y acusaciones cruzadas. Mientras los convencionales partidarios de los artículos acusaron al Colectivo Socialista de que no se alcanzara el quórum, éstos defendieron su posición, criticaron los contenidos del informe y acusaron ser objeto de prácticas de matonaje.
Luego de varias horas de discusión durante este jueves, el pleno de la Convención zanjó el debate sobre el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente, al rechazar los 52 artículos que buscaban quedar plasmados en el borrador de la nueva constitución.
Entre las materias que planteaba la propuesta se encontraban los estatutos constitucionales de aguas, territorio marítimo, glaciares y criósfera, minerales y energía; además de temas tales como áreas protegidas, soberanía alimentaria, derechos humanos y ambientales.
Previamente, el pasado 18 de abril el hemiciclo visó por los dos tercios un total de cinco normas correspondientes al informe de segunda propuesta constitucional, relativo a bienes comunes naturales y acceso responsable a la naturaleza.
En esta ocasión, dentro de las normas más discutidas en el pleno fueron aquellas relativas a las del estatuto constitucional de las aguas, el cual planteaba en su Artículo 2, por ejemplo, que los usos prioritarios de este elemento son “el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas”.
La convencional independiente, Carolina Vilches, instó a aprobar la normativa. Además, cuestionó en duros términos a las empresas sanitarias, acusando que estas “presentan utilidades grotescas que exceden con creces su inversión”.
Por lo mismo, la también integrante de Modatima llamó a respaldar la indicación de su autoría (N°11), “la cual devuelve al Estado la responsabilidad de otorgar servicios de producción y distribución de agua, así como también servicios de alcantarillado a través de entidades públicas y estatales y/u organizaciones comunitarias”.
Mientras la convencional de Convergencia Social, Damaris Abarca, lamentó que “estemos llegando tarde a la construcción de una norma jurídica que esté a la altura de la necesidad del planeta y de las personas. Hemos visto cómo se va secando la tierra, como lo que era verde ha quedado árido y cómo se han visto afectadas las familias de cada comunidad que se queda sin agua para sembrar. Honestamente, me aterroriza pensar que así comenzó la mega sequía en comunas como Petorca. Avanzar hacia una nueva forma de administración hídrica es una alternativa real para hacer frente a un país que se está quedando sin agua en medio de una crisis climática”.
Por otra parte, generó reparos entre algunos convencionales normas relativas a la soberanía alimentaria y la minería. Sobre la primera, el convencional chango, Fernando Tirado, adelantó su voto en contra del Artículo 17, puesto que no representaría los intereses de la pesca artesanal, fundamental para dicho pueblo originario.
En tanto, el convencional de Renovación Nacional, Roberto Vega, cuestionó que los artículos sobre estatuto constitucional de los minerales va a dejar “en inseguridad jurídica a una serie de pequeños mineros que con todo el esfuerzo de su vida han logrado y siguen haciendo minería por el bien de todos”.
El hecho que todos los artículos hayan sido rechazados generó una batahola y acusaciones cruzadas. Mientras los convencionales partidarios de los artículos acusaron al Colectivo Socialista de que no se alcanzara el quórum, éstos defendieron su posición, criticaron los contenidos del informe y acusaron ser objeto de prácticas de matonaje.
