Clarín era el diario chileno de mayor patrimonio y ventas, con una tirada de más de 250.000 ejemplares diarios y una línea editorial de apoyo a los profundos cambios que pretendía realizar el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el Presidente Salvador Allende.

En 1972, el empresario Víctor Pey, un republicano español que arribara a Chile en 1939 a bordo del “Winnipeg”, el mítico barco fletado por Pablo Neruda, lo adquirió al boliviano Darío Saint-Marie. Los actuales propietarios de las acciones de la empresa editora son la Fundación Española Presidente Allende, con un 90% y la hija de Víctor Pey, la académica Coral Pey Grebe, con un 10%. Víctor Pey falleció en 2018, en Santiago, a los 103 años de edad.

La resolución del magistrado Pedro José Puerta, titular del juzgado 101 de Madrid, continúa la misma vía que otras disposiciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de las Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, un tribunal al que acuden los inversores extranjeros para reclamar por sus derechos no respetados.

Así, después de más de una década de intentos por parte del Estado de Chile para impedir que se materialice la obligación de indemnizar a los inversores españoles como se ordenó ya en 2008, el laudo arbitral se acerca a su término. Ello porque el CIADI zanjó en 2020 la pugna jurídica al reiterar que los dueños de Clarín tienen derecho a ser compensados por el daño financiero sufrido hace casi medio siglo.

Además, porque su inversión de 1972 está amparada por el Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile, estableciendo que dicho derecho es “cosa juzgada” desde 2008 en los 155 países que ratificaron el Convenio del CIADI, entre ellos España y Chile.

Para llegar a la instancia actual, los propietarios de Clarín presentaron en 2020 la solicitud de continuación del juicio en Madrid, junto con una cuantificación del valor de las acciones elaborada por expertos de Accuracy, consultora internacional con sede en París -un respetado referente en materia de arbitrajes internacionales- así como por un dictamen del catedrático en Derecho Mercantil, Francisco Vicent Chuliá, socio del prestigioso bufete español Cuatrecasas.

Ahora, la resolución de ejecución del juez Puerta ha fijado la indemnización en 429,797 millones de dólares (382,45 millones de euros). A esta cantidad, suma otros 121,972 millones de dólares (108,53 millones de euros) por los intereses y costas estimadas. Para ello, el juez tomó en cuenta que ya el 2008 el laudo del CIADI había fijado los intereses por demora en un 5% anual hasta el completo pago de la indemnización, con lo que las dilaciones de los sucesivos gobiernos de Chile, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, han tenido como consecuencia que la cuantía de la indemnización se haya actualizado a los valores de hoy, un pago que ahora deberá afrontar el  gobierno del presidente Gabriel Boric, quien, por cierto, nada ha tenido que ver con el arbitraje más largo de la historia del CIADI y de Chile. Además, sobre el fondo del asunto, que dio la razón a los inversores españoles y obliga al Estado de Chile a indemnizarlos, no cabe recurso alguno.

El pasado 20 de diciembre el laudo fue comunicado al embajador chileno en Madrid, pero el Gobierno de Sebastián Piñera se negó a recibirlo y pidió que se remitiera a Santiago, lo que el juzgado hizo. Ahora caen sobre el actual gobierno las consecuencias de que Piñera, en sus dos mandatos, no haya cumplido la obligación de pagar dicha indemnización, a pesar de que públicamente se había comprometido a hacerlo.

La resolución del magistrado Puerta también representa, a fin de cuentas, un importante reconocimiento al reducido equipo de juristas solidarios dirigido por el abogado español Joan Garcés, quien fuera asesor del presidente chileno Salvador Allende.