No ser heterosexual, estar en situación de vulnerabilidad, ser extranjero/a/e, ser migrante. Cada año, cientos de personas LGTBI+ migran por el continente en busca de un lugar donde sus derechos humanos e incluso sus vidas estén a resguardo. Pero no siempre el destino que escogen les entrega lo que buscan o les protege.

Actualmente las personas de las disidencias sexuales que migran a nuestro país se encuentran con barreras y discriminaciones desde que llegan al territorio: por ejemplo, en algunos casos los dispositivos de atención en su llegada no las reconocen como personas LGTBI+, negando su identidad y sometiéndolas a procesos administrativos binarios, donde lo heterosexual es lo único aceptado formalmente tanto en el trato como en algunos protocolos de atención.

Estos procesos afectan especialmente a las personas trans y no binarias que, muchas veces, migran a Chile en busca del reconocimiento de su identidad de género que es imposible de obtener en su país de origen. Y, si bien, en nuestro país existe una Ley de Identidad de Género y varias de estas personas pueden acceder a sus derechos, incluso, a nivel médico iniciar procesos hormonales, el Estado no visualiza que las exigencias para acceder a estos beneficios  no siempre pueden ser cumplidas por personas que han escapado de sus lugares de origen y no pueden tramitar cierta documentación a distancia.

Lo anterior provoca frustración, afecta emocional y sicológicamente a las personas migrantes LGTBI+ y limita sus derechos porque su identidad se ve retrotraída al nombre asignado al nacer. Estamos hablando de personas que, en muchas ocasiones, llegan al país víctimas de un “sexilio” y podrían ser consideradas solicitantes de refugio, ya que la razón de su migración está centrada en la persecución vivida por su sexualidad. No obstante, muchas de estas personas no son reconocidas en esa situación y entran al país bajo una migración tradicional.

Por eso, en el marco del Día del Orgullo LGTBI+ hay una demanda que no debe soslayarse: se requiere una política de Estado y de sus instituciones que visibilice las peticiones específicas de las personas migrantes no heterosexuales y que incorpore las diferentes matrices de desigualdad y discriminación con las que deben lidiar como son el racismo, la xenofobia, la hetero(cis)norma y el clasismo vigentes.

Chile tiene una deuda al no reconocer las identidades de género ni la promoción de derechos de personas con distintas orientaciones sexuales, dejando sus trayectorias solo en manos de procesos administrativos engorrosos y discriminatorios.

La población migrante LGTBI+ espera respuestas que vayan más allá de las ONG y la sociedad civil que contribuyen a su inserción social, o de los propios activismos que se levantan como soporte efectivo para defender sus derechos. El Estado debe actuar y debe hacerlo considerando sus voces y opiniones, ya que son ellas las que, desde sus historias de migración y vivencias, pueden delinear el mejor camino para una real inclusión.

Caterine Galaz, académica de la Universidad de Chile, directora del Fondecyt “Trayectorias de personas migrantes no heterosexuales en Chile: desigualdades, violencias y resistencias”.