A pesar de la ofensiva que las inmobiliarias han impulsado para frenar la decisión del Ministerio de Agricultura de regular los megaloteos, las comunidades no se han detenido en acciones legales y administrativas que buscan proteger su calidad de vida y los ecosistemas.  Hasta hace algunos días en la región de Aysén organizaciones de la sociedad civil ya habían denunciado ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 39 subdivisiones de 80 o más lotes, acusando incumplimiento de la letra g) del artículo 3˚ de Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  Éste estipula que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta (80) viviendas, en cualquiera de sus etapas y que sean susceptibles de causar impacto ambiental.

¿Fraccionando para eludir?

El 18 de agosto la ONG FIMA, en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Agrupación Aysén Reserva de Vida (Agrupación ARV), ingresó un nuevo requerimiento con 16 nuevos casos.  Pero esta vez se fue un paso más allá: se denunció el fraccionamiento de proyectos que, estando en terrenos adyacentes y correspondiendo al mismo titular o a sociedades coligadas, sumados llegaban a o superaban los 80 lotes.

Se alude así a la figura de elusión del SEIA que se concreta mediante la división de los proyectos en varias partes, en circunstancias que los efectos sinérgicos se mantienen.  Esto porque la normativa ambiental señala que “los proponentes no podrán, a sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Dentro de las subdivisiones denunciadas se incluyen varias que llaman la atención por distintos motivos.

Uno corresponde a dos proyectos inmobiliarios impulsados por Biósfera Austral, sociedad que ha articulado una campaña pública de validación de los -así llamados- mega loteos “verdes”, que recurren a la figura del derecho real de conservación (DRC) para asegurar, han señalado, la protección de los ecosistemas. En esta tarea Biósfera Austral ha sido secundada por Geute Conservación Sur, entidad que actúa como garante del DRC suscrito en el marco de estas iniciativas.  Incluso el socio fundador de Biósfera Austral, Diego Varela, en una reciente columna calificó que la decisión del Ministerio de Agricultura de suspender la certificación de mega loteos por parte del SAG estaba basada en “ideologías autoritarias”.

Recurriendo a dos sociedades, en cuya constitución Varela figura como administrador, se realiza una parcelación global de 102 lotes: una de Inmobiliaria Río Palena SpA con 78 (ya denunciada previamente por estar en el límite de 80) y otra de Parque Austral SpA con 24.  Ambas se emplazan cerca de La Junta y son colindantes, separadas solamente por el río Palena.  En el escrito se explica que se trata de “un mismo grupo económico oculto mediante un velo corporativo”.

Otro caso presentado fue el mega loteo de Julio Angulo Matamala.  El abogado concretó una subdivisión de 160 parcelas,  realizada en dos procesos de 53 lotes en 2019, y uno de 54 en 2020, en el sector alto de Coyhaique camino a Cerro Negro y fuera del Plan Regulador comunal.  Lo llamativo es que Julio Angulo es el propio Conservador de Bienes Raíces de Coyhaique.

También está Inmobiliaria Balmaceda SpA.  Mediante más de una decena certificaciones, subdividió 16 predios colindantes con el resultado de 155 lotes.  Esto, al noreste de Coyhaique.

¿Chile Rural o Fundo Lago Elizalde?

Una de las organizaciones formadas para defender los intereses de las empresas y particulares que han aprovechado la normativa para poblar el suelo rural al margen de la planificación es Chile Rural AG.

El presidente de la entidad es Tomás Prado Correa, quien es a su vez representante legal -junto a Raimundo Piraino Vinet- de la sociedad Lago Elizalde SpA que impulsa un proyecto inmobiliario adyacente al Parque Nacional Cerro Castillo.  Este corresponde a 80 lotes materializados en 2020 y ubicado en el sector de Lago Elizalde en las cercanías de Coyhaique.  La iniciativa inmobiliaria fue denunciada en 2021 ante la SMA por vecinos del sector (la familia Cosmelli, representada por el abogado Clemente Pérez) y posteriormente, en 2022, las propias organizaciones ambientales patrocinadas por FIMA la incluyeron en el requerimiento presentado en abril.

En tanto, el secretario de Chile Rural es Juan Francisco Varela Echaurren, también representante de Lago Elizalde SpA.  Y el asesor jurídico de la asociación es Felipe Riesco Eyzaguirre, ex subsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno de Sebastián Piñera, actual integrante del Consejo de Políticas Públicas del think tank UDI Libertad y Desarrollo y gestor de intereses de Lago Elizalde SpA, al igual que Francisco Rivadeneira Domínguez.  Ambos han sido mencionados en una denuncia pública relacionada con conflictos de interés en el lobby a favor del proyecto inmobiliario Alto Maullín en la comuna de Llanquihue, región de Los Lagos, donde fue impactado el ecosistema del río Maullín, cuyos “humedales son reconocidos por el Estado como áreas naturales bajo protección oficial como Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, Santuario de la Naturaleza y Zona de Interés Turístico”.

Varela, Riesco y Rivadeneira integran el estudio Barros Silva Varela Vigil Abogados que pareciera ser la matriz de Chile Rural AG, organización que recientemente fichó al reconocido jurista Carlos Gajardo.