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Carabineros: perdón por la sinceridad

Columna de opinión por Dino Pancani
Martes 18 de octubre 2022 9:26 hrs.


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Partiré haciendo una aseveración: es lamentable la muerte de un carabinero y el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar a quienes han tenido participación en su asesinato.

Dicho lo anterior, presentaré algunas hipótesis y una conclusión sobre la discusión pública que ha tenido como principal protagonista al cuerpo de Carabineros.

Deuda histórica

Carabineros de Chile fue parte activa del golpe militar de 1973, fuerza policial encargada de la represión a personas opositoras y a los movimientos sociales, lo hicieron de manera pública: el asesinato de Rafael y Eduardo Vergara Toledo lo hicieron en una calle de la Villa Francia; también asesinaron utilizando asociaciones que formaron parte de la institucionalidad: la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), fue la responsable del crimen de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, todos estos asesinatos ocurrieron en marzo de 1985.

Miles son las personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos en dictadura, cuyos responsables son carabineros, la institución no ha asumido ni responsabilidad ni arrepentimiento.

Contexto

Después de un estallido social e inmersos en una crisis sanitaria que ha tenido más de 61 mil muertos, casi cinco millones de contagiados, encierros masivos, dificultades económicas, incertidumbre vital, es de perogrullo que una de las consecuencias es el deterioro de la salud mental de la sociedad, que se expresa, además, en nuestros modos de relacionarnos. Una de las expresiones más evidentes es la irritabilidad social, modos violentos de vincularnos, de resolver conflictos y carabineros no está fuera de ese estado de cosas, más aún, si en el marco de sus funciones le toca lidiar en una comunidad alterada, irascible, convulsa.

Deliberante

Carabineros es un cuerpo policial armado, obediente al poder civil, no deliberante, sometido a las normas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Sin embargo, a pesar de que la ley es clara, su comportamiento aparece autónomo y cuando hay crisis, se manifiesta deliberante. Recordemos, que el ex director general Rodolfo Stange,1994, a pesar de que el ministro Milton Juica lo acusó de “incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia” y el presidente de la república de la época Eduardo Frei le pidió la renuncia, se negó a irse, estuvo un año y medio más en el cargo y el 2020 se bautizó la Academia de Ciencias Policiales con su nombre. Una situación similar ocurrió cuando el ex presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia al otrora director general, Hermes Soto, quien escandalosamente se demoró varias horas en hacerla efectiva.

Corrupción

Los llamados robos del siglo que la prensa cada algunos años bautiza a diferentes asaltos a bancos son “miserables”, si los comparamos con la malversación de caudales públicos cometida por miembros de Carabineros de Chile, en el ilícito están acusados los ex directores generales -Eduardo Gordon, Gustavo González y Bruno Villalobos.

La respuesta institucional no ha sido de condena, sino esquiva e incluso colérica: “Las personas que están acusadas y formalizadas por los delitos que usted ha hecho mención, están siendo procesadas y, por lo tanto, ellos van a responder ante la justicia. Hacer juicios de valor no me corresponde a mí y no le corresponde a usted”, dijo el director general Ricardo Yáñez en un matinal.

Represión

Los últimos quince años en Chile ha habido una serie de movilizaciones con impacto nacional: el 2006 los estudiantes secundarios pusieron al centro el sistema educativo y su carácter mercantil; el 2011, el protagonismo lo tuvieron los estudiantes universitarios, quienes tuvieron la habilidad de vincular la inequidad del sistema de educación superior con las desigualdades estructurales del modelo chileno; el 2013, desde Aysén se relevó el centralismo y las condiciones de abandono de las regiones extremas.

El actuar de carabineros puede resumirse en las palabras de la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien calificó de “violencia repudiable” la conducta de las fuerzas policiales contra estudiantes y periodistas durante una movilización el año 2006.

El desmadre fue vehemente el año 2019, en el marco del estallido social que conmemoramos hoy. A cuatro meses de su inicio, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hubo 3.765 personas heridas en el contexto de las movilizaciones, de los cuales por disparos hubo un total de 2.122 personas, 1.681 producto de perdigones, 190 por balines, 51 por balas y 200 por causas no identificadas. Además, hubo 445 personas con heridas oculares.

También hubo 1.835 denuncias por vulneraciones, 197 por violencia sexual, 20 por torturas y otros tratos crueles y 1.073 por uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo a un periódico capitalino, hasta octubre del 2022, de las 3.150 denuncias presentadas por el INDH, 550 se dejaron de investigar por falta de antecedentes y 1.973 están sin ningún formalizado. Hasta el momento, no se ha acreditado ninguna condena por tortura, han existido solo 14 condenas y de todos los condenados 26 son carabineros y uno es funcionario de la armada.

Conclusión

Carabineros de Chile es una fuerza policial comprometida en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en el marco del estallido social; atropellos que han significado la muerte de personas, tormentos, violaciones, atropellos, daño que tiene una dimensión individual, a las víctimas y sus cercanos, y a la sociedad en su conjunto, es un perjuicio a la democracia.

La virtual fragilidad del cuerpo de Carabineros no es pretexto para inhibir la legitima búsqueda de verdad y justicia en los atropellos a los derechos humanos en los cuales han participado carabineros, no es excusa para mantener un estado de impunidad, no es un velo para sacar ventajas espurias en función de mantener un orden cuestionado por la ciudadanía.

La defensa de carabineros debe basarse en su cambio de doctrina militar, en la sujeción absoluta al poder civil, en el juzgamiento de los funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y corrupción, en definitiva, se trata de una reforma que fortalezca la democracia y no medidas que agraven la crisis.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.