Diario y Radio Universidad Chile

Año XV, 3 de febrero de 2023

Escritorio

La urgencia de garantizar el derecho al cuidado hacia personas mayores

Columna de opinión por Rosa Soto González - Agnieszka Bozanic
Viernes 28 de octubre 2022 14:35 hrs.


Compartir en


El envejecimiento de la población es un fenómeno de nivel mundial que se explica por la mayor esperanza de vida al nacer unida al decrecimiento de la fecundidad. Entre 1960 y 2015, en el mundo la expectativa de vida al nacer aumentó de 53 a 71 años, es decir 18 años. Es así como la población de 60 años y más es el grupo humano que crece más rápidamente, a pesar de las diferencias entre países y continentes.

En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas ha señalado que la dinámica poblacional del país se encuentra en una etapa avanzada de transición demográfica. De acuerdo con proyecciones efectuadas en base al Censo del 2017 se prevé un importante aumento del grupo de personas mayores para 2035, correspondiente al 18,9% del total de la población nacional, es decir, 3.993.821 personas.

Esta creciente alza del segmento de la población mayor nos enfrenta a múltiples desafíos como país. Desde luego, habrá que avanzar más decididamente en el reconocimiento de los derechos de las personas de este grupo etario y conjuntamente desarrollar más y mejores políticas que consideren sus necesidades. Para el diseño de políticas y la adopción de medidas será indispensable tener presente que la tónica en las vejeces es la heterogeneidad, esto debido a que el proceso de envejecimiento no es igual en todas las personas. Efectivamente, existen diferencias bien profundas que, obedecen a las desiguales condiciones de vida que enfrentan las personas en el ámbito social, político, económico, cultural, de salud y de otra índole, a lo largo de la vida.

El Informe mundial sobre “Envejecimiento y salud” de 2015, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala dos conceptos a tener en cuenta para abordar la salud y el funcionamiento en la vejez. El primero de ellos, es la capacidad intrínseca de una persona, es decir, es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que se pueden utilizar en un determinado momento. El segundo, hace referencia al entorno en que habita una persona, es el medio que la circunda y que varía en cuanto puede presentar recursos que fortalezcan u obstaculicen su desarrollo. La forma como se relaciona una persona con ese entorno se conoce como la capacidad funcional. En concreto, se traduce, en la capacidad para llevar una vida que sea considerada valiosa y útil por esa misma persona.

En base a estos dos conceptos la OMS considera que el envejecimiento saludable es “el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez”. Vemos, por lo tanto, que los factores que inciden en la preservación de esta capacidad pueden ser diversos. Algunos ejemplos de ello son, la reducción de riesgos cuando se habita una ciudad que realiza los ajustes necesarios para el desplazamiento seguro de las personas mayores; el fomento de conductas saludables como es la actividad física; el uso de tecnologías de apoyo adecuadas y el transporte público accesible.

Los mencionados son elementos positivos que se interrelacionan e influyen para ofrecer mejores posibilidades de vida saludable en la vejez. Sin embargo, una de las condiciones que afecta negativamente la calidad de vida y el proceso de envejecimiento de las personas es la discriminación. Este es un factor de alta incidencia en el deterioro de la salud física y mental de la población de personas mayores e impacta en su capacidad funcional.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM) define la discriminación por edad en la vejez- llamada viejismo- como “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquiera esfera de la vida pública o privada”.

En ese sentido, la idea de que las personas mayores son una carga y que pueden aportar poco o nada a la vida social son estereotipos que marcan negativamente la calidad de vida de este grupo social. Como consecuencia, se producen efectos tales como el aislamiento social de las personas, sentimientos de inferioridad, angustia, depresión y abuso de alcohol entre otras manifestaciones.

Asimismo, en parte, a consecuencia de la discriminación surgen los sentimientos de abandono y de soledad que acompañan esta etapa, a veces bien prolongada en años, que no va acompañado de una vida digna y de calidad.

Esta situación de soledad y abandono que acompaña a muchas personas mayores ha hecho que algunos países hayan tomado cartas en el asunto. Así, el Reino Unido tiene un Ministerio de la soledad desde el año 2018,  Francia tiene el “Proyecto Monalisa” y en España existe el “Proyecto Radars” en consideración al impacto social, de salud y económico que la soledad produce en este grupo etario.

En Chile estamos al debe de una política de Estado que aborde de manera intersectorial, interseccional e integral los derechos de las personas mayores. Estamos llegando con retraso a abordar un tema que se ha tornado progresivamente acuciante y que la pandemia ha desnudado en toda su magnitud. Urgen planes, programas y acciones afirmativas que permitan superar las inequidades que generalmente son el origen del deterioro de la salud y deficiente calidad de vida de vastos sectores de la población mayor. Sobretodo porque, además, estos factores negativos arrojan como resultado que la tasa mas elevada de suicidios sea la de las personas mayores, dato que no puede dejarse de lado.

Es por esto que se hace urgente plantear el desafío de alcanzar una propuesta de rango constitucional, no solo respecto del reconocimiento de los derechos de las personas mayores, sino también del derecho al cuidado, entendido éste como una condición indispensable para la preservación de la capacidad funcional de este grupo etario.

Así lo contempla la CIPDHPM al señalar: “La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía”.

El reconocimiento y consagración de los derechos aludidos, que debe ser abordado de manera intergeneracional, supondrá que las personas ya no estarán solas cuando requieran de cuidados y tampoco lo estarán las familias y dentro de éstas, las mujeres, que son las que mayoritariamente realizan esta labor. La adopción de medidas en este sentido supondrá un aporte sustantivo al combate de la discriminación, de la soledad y del abandono en la vejez.

Rosa Soto González, abogada
Alianza Defensoría de las Personas Mayores

Agnieszka Bozanic, psicóloga
Presidenta fundación Geroactivismo

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.