Este miércoles, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
“El Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso, y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”, manifestó la agente del Estado chileno, Catalina Fernández.
En la instancia, la CIDH analizó un recurso presentado por las abogadas Karinna Fernández, Magdalena Garcés y Jimena Reyes, en el que denunciaron la rebaja de las condenas en los casos de 49 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En representación de las víctimas declaró Iván Carrasco, hijo del periodista José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes del Estado la madrugada del 8 de septiembre de 1986.
“Lo que hemos dicho siempre, como familiares, es que la única reparación integral es que se haga justicia, que haya castigo efectivo real a los culpables, y eso en Chile no está ocurriendo”, señaló.
Carrasco además expresó su confianza en lo que pueda decidir la CIDH: “En nuestro país ya no podemos hacer nada más. El Estado chileno ha tomado la opción de denegarle la justicia a nuestros muertos, y esperamos que esta Corte pueda reparar eso, pueda decretar que la medida de prescripción no se ocupe más en Chile para los casos de víctimas de derechos humanos, no se ocupe más en Chile como forma de impunidad, porque eso es lo que es”.
“En el caso puntual del fallo de mi padre, y de los otros cuatro asesinados esa noche del 8 de septiembre, esperamos que esta Corte pueda determinar que esos fallos tengan que ser anulados, porque no se corresponden con el derecho internacional”, agregó.
Tras la declaración de Carrasco, la abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Catalina Fernández, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas y agregó que le corresponde a la CIDH “determinar el alcance de la responsabilidad”.
Este miércoles, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
“El Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso, y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”, manifestó la agente del Estado chileno, Catalina Fernández.
En la instancia, la CIDH analizó un recurso presentado por las abogadas Karinna Fernández, Magdalena Garcés y Jimena Reyes, en el que denunciaron la rebaja de las condenas en los casos de 49 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En representación de las víctimas declaró Iván Carrasco, hijo del periodista José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes del Estado la madrugada del 8 de septiembre de 1986.
“Lo que hemos dicho siempre, como familiares, es que la única reparación integral es que se haga justicia, que haya castigo efectivo real a los culpables, y eso en Chile no está ocurriendo”, señaló.
Carrasco además expresó su confianza en lo que pueda decidir la CIDH: “En nuestro país ya no podemos hacer nada más. El Estado chileno ha tomado la opción de denegarle la justicia a nuestros muertos, y esperamos que esta Corte pueda reparar eso, pueda decretar que la medida de prescripción no se ocupe más en Chile para los casos de víctimas de derechos humanos, no se ocupe más en Chile como forma de impunidad, porque eso es lo que es”.
“En el caso puntual del fallo de mi padre, y de los otros cuatro asesinados esa noche del 8 de septiembre, esperamos que esta Corte pueda determinar que esos fallos tengan que ser anulados, porque no se corresponden con el derecho internacional”, agregó.
Tras la declaración de Carrasco, la abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Catalina Fernández, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas y agregó que le corresponde a la CIDH “determinar el alcance de la responsabilidad”.
Este miércoles, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chileno reconoció su responsabilidad por la aplicación de la media prescripción a delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
“El Estado quiere reiterar el claro reconocimiento de responsabilidad internacional respecto de los hechos que constituyen el núcleo del caso, y que se vinculan con la prescripción o prescripción gradual a causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad”, manifestó la agente del Estado chileno, Catalina Fernández.
En la instancia, la CIDH analizó un recurso presentado por las abogadas Karinna Fernández, Magdalena Garcés y Jimena Reyes, en el que denunciaron la rebaja de las condenas en los casos de 49 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En representación de las víctimas declaró Iván Carrasco, hijo del periodista José Carrasco Tapia, quien fue asesinado por agentes del Estado la madrugada del 8 de septiembre de 1986.
“Lo que hemos dicho siempre, como familiares, es que la única reparación integral es que se haga justicia, que haya castigo efectivo real a los culpables, y eso en Chile no está ocurriendo”, señaló.
Carrasco además expresó su confianza en lo que pueda decidir la CIDH: “En nuestro país ya no podemos hacer nada más. El Estado chileno ha tomado la opción de denegarle la justicia a nuestros muertos, y esperamos que esta Corte pueda reparar eso, pueda decretar que la medida de prescripción no se ocupe más en Chile para los casos de víctimas de derechos humanos, no se ocupe más en Chile como forma de impunidad, porque eso es lo que es”.
“En el caso puntual del fallo de mi padre, y de los otros cuatro asesinados esa noche del 8 de septiembre, esperamos que esta Corte pueda determinar que esos fallos tengan que ser anulados, porque no se corresponden con el derecho internacional”, agregó.
Tras la declaración de Carrasco, la abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores, Catalina Fernández, aseguró que el Estado está dispuesto a avanzar hacia la reparación de las víctimas y agregó que le corresponde a la CIDH “determinar el alcance de la responsabilidad”.
La brutalidad de la represión y el terrorismo de Estado se
tomaron las calles de Santiago. El régimen militar respondió a
las manifestaciones con violencia sistemática, lo que significó
miles de víctimas civiles. 
