Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos) con sede en Nueva York hizo público hoy un informe de más de 100 páginas basado en decenas de testimonios y documentos oficiales, en el que denuncia que Londres, con el apoyo de Washington, cometió “un crimen colonial” al perseguir racialmente a la población autóctona del archipiélago de Chagos, al noreste de islas Mauricio.
El archipiélago de Chagos está administrado por el Reino Unido desde 1965, cuando se decidió establecer allí una base militar conjunta con Estados Unidos en la isla principal, la de Diego Garcia. Para llevar a cabo el plan urdido entre ambos gobiernos, el Reino Unido expulsó a unos 2.000 isleños residentes hacia la vecina república de Mauricio e Islas Seychelles, de modo de hacer lugar a la base militar. Por ello, los desplazados de Chagos a Mauricio acusan actualmente al Reino Unido de “ocupación ilegal”.
De hecho, HRW sostiene que el Reino Unido y Estados Unidos deben, además, ofrecer una reparación completa a la población local y permitirle volver a habitar en su archipiélago. “El Reino Unido está cometiendo ahora un espantoso crimen colonial, al tratar a los habitantes de Chagos como personas sin derechos”, afirmó Clive Baldwin, autor del informe.
La ONG, cuya sede central está en Nueva York, identifica tres crímenes contra la humanidad cometidos por el Reino Unido: un crimen colonial continuado de un desplazamiento forzado, la oposición de Londres a que pudieran retornar a sus hogares y la persecución racial y étnica ejercida por parte del Reino Unido. Por su parte, Mauricio, que obtuvo la independencia en 1968, reclama el territorio de las Chagos y su soberanía.
En 1965, el Reino Unido separó al archipiélago Chagos de Mauricio para crear el British Indian Ocean Territory (Territorio Británico en el Océano Índico) o BIOT, por su abreviatura en inglés, con la finalidad de utilizar esas islas estratégicas con propósitos defensivas en conjunto con los Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Mauricio estuvo de acuerdo con dicha maniobra en aquel momento, los posteriores gobiernos insulares han reclamado el mencionado archipiélago argumentando que la separación forzada del mismo fue ilegal a la luz del Derecho Internacional.
Al respecto, una portavoz del ministerio británico de Exteriores declaró a la agencia France Press que Londres “respeta el trabajo que Human Rights Watch realiza en todo el mundo” pero “rechaza categóricamente su caracterización de los hechos”. Afirmó, asimismo, que “el Reino Unido ha dejado claro que lamenta profundamente la forma en que habitantes de Chagos fueron expulsados del BIOT (conformado por decenas de islas) a finales de los años 1960 y principios de los 1970”, asegurando que el Gobierno británico está “comprometido a apoyarlos, mediante un importante paquete de ayuda y una nueva fórmula o vía para la ciudadanía británica lanzada en noviembre especialmente para ellos”.
Definitivamente es la privilegiada posición geográfica de este archipiélago lo que hace tan codiciadas a las Islas Chagos, que constituye, por lo demás, la última posesión colonial en África actualmente. Ubicado en el Océano Índico, entre Madagascar, Sri Lanka e Indonesia, el archipiélago todavía es ocupado por Gran Bretaña, que lo considera como territorio propio, pero como sus habitantes fueron desplazados, una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de mayo de 2019 pide, entre otras cosas, “reconocer el archipiélago de Chagos como parte integrante del territorio de Mauricio, apoyar la descolonización de Mauricio lo antes posible y abstenerse de obstruir este proceso”. Esta resolución siguió a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) unos meses antes dictada en el mismo sentido. En ella se urge al Reino Unido a descolonizar “de la manera más rápida posible” el archipiélago de Chagos, cuya isla principal, Diego García, alberga la base militar alquilada a Estados Unidos.
El mes pasado, el Reino Unido y Mauricio iniciaron conversaciones sobre la soberanía del archipiélago, pero según el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, ambos países habrían acordado que la base militar estadounidense siguiera funcionando en ese territorio como hasta ahora.