La semana pasada, luego de que decenas de escolares presentaran síntomas de intoxicación, la delegación presidencial de Valparaíso decretó un nuevo episodio crítico por contaminación atmosférica en las comunas de Quintero y Puchuncaví.

Para abordar esta situación, y los continuos esfuerzos de la sociedad civil por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso.

Según la abogada, el hecho de que se sigan produciendo estos episodios está directamente relacionado con el no cumplimiento del fallo de la Corte Suprema del 2019, una sentencia histórica que estableció acciones para combatir la contaminación, pero que no se está cumpliendo.

“Tras ese fallo se definieron varias medidas concatenadas, y la primera, que tenía plazo de un año, era tener la información, los estudios, los análisis que pudieran determinar cuál es la mejor manera para saber qué es lo que está ocurriendo ahí”, señaló Donoso.

“Usualmente nos enteramos de que hay altos niveles de dióxido de azufre, y de óxido de nitrógeno, que son los contaminantes que tienen norma, pero hay muchos otros compuestos que no la tienen. El complejo industrial tiene distintos tipos de contaminantes, no es solo uno o dos o solo tres, y los efectos sinérgicos, los efectos acumulativos, no están estudiados”, afirmó.

De acuerdo a Donoso, este punto es de especial relevancia, pues es bastante complejo encontrar soluciones sin saber lo que causa el problema.

“Mientras no sepamos no podemos tomar medidas idóneas y el Estado lamentablemente se ha pasado todo este tiempo dando palos de ciego, queriendo hacer lo mejor posible, me imagino. Pero sin tener información completa es bien difícil”, opinó.

La directora de la Defensoría Ambiental contó que frente al no cumplimiento del fallo de la Suprema, las organizaciones ambientalistas han tomado distintos caminos judiciales. El primero de ellos, acudir a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tribunal responsable de que se concrete lo establecido en la sentencia.

“Nosotras estuvimos varios años con los demás recurrentes solicitando informes a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y la Corte a su vez le pedía informes al Ministerio de Medio Ambiente. Luego, llegaban los documentos y la Corte sin siquiera mirarlos, entendía que al recibir esos informes la sentencia estaba cumplida, entonces se archivaba la causa, y nosotros pedíamos que se desarchivara. Ya a la tercera o cuarta vez nos dimos cuenta de que la Corte de Apelaciones francamente no tenía intención de hacer cumplir la sentencia”, dijo.

Como los esfuerzos en la Corte de Valparaíso no llegaron a nada, el siguiente paso fue sumarse a un recurso de queja. Esto último sí les rindió más frutos.

“La Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, presentó un recurso de queja el año 2020, y recién ahora, la semana pasada, la Corte Suprema puso la causa en tabla, y se realizaron los alegatos. Ahora la causa está en acuerdo, así que yo espero que pronto la Corte Suprema se pronuncie respecto del cumplimiento de la sentencia”.

“En concreto, la administración del Estado continúa sin cumplirla. Sin duda se han hecho cosas, por ejemplo se renovó el plan de descontaminación que era del ’93, pero las medidas que establece ese plan tampoco se hacen cargo del problema, las medidas que se tomen son todas parche”, acusó.

A modo de ejemplo, Donoso mencionó la gestión de episodios críticos, “que debería ser una medida que enfrentara la situación tal cual es, pero es una predicción climática, que le anuncia a la gente que no haga actividad física. Luego se activan algunos protocolos hechos por y para las empresas, la contaminación sigue, y tú miras el calendario y la gestión de episodios críticos es la norma, y cuando debería ser la excepción”, manifestó.

Según la abogada, los últimos meses han sido intensos para su organización. En paralelo al recurso de queja, la Defensoría y otras organizaciones han estado en las audiencias de prueba de una demanda por daño ambiental. En esta acción, están puestas muchas de sus esperanzas.

“Yo sé que este es un caso donde se maneja mucha información, el expediente es muy grande, por lo tanto no espero que sea algo breve y sumario, al contrario, me imagino que los ministros del Tribunal Ambiental se van a tomar su tiempo, pero tengo la expectativa de que la sentencia en este caso, sí se haga cargo de la situación en su conjunto, y dicte una sentencia que logre la justicia ambiental de la que se supone ellos son acceso, y que está completamente ausente en el caso de las comunidades de Quintero y Puchuncaví”.

“Aquí hay una exposición al riesgo que es injusta y que es intolerable y quien tiene que hacerse cargo son quienes han creado ese riesgo, el Estado, por omisión, y las empresas que se han beneficiado de su falta de acción”, aseveró.