El gobierno peruano ofreció este lunes una recompensa de US$ 40 mil a quien entregue información cierta sobre los autores del asesinato del reconocido líder indígena Santiago Contoricón, quien se oponía a los cultivos de coca en la selva de Junín, y cuyos verdugos serían sicarios del crimen organizado. El dinero será entregado dentro del Programa de Recompensas gubernamental “por información idónea y oportuna que facilite la identificación, detención y captura de los responsables del asesinato del líder asháninka”, se aseguró oficialmente.
El líder indígena asháninka fue asesinado anteayer sábado en circunstancias que dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta hasta donde residía y lo acribillaron en la puerta de su vivienda para luego huir a toda velocidad en el mismo vehículo. El hecho sucedió en la comunidad de Puerto Ocopa, perteneciente a la región selvática central de Junín, según confirmó la Policía. Contoricón era allí el líder de su comunidad, que se asienta por generaciones sobre la margen izquierda del Río Tambo, en la provincia de Satipo, región de VRAEM (sigla que describe a la región del “Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que resulta ser, a su vez, la mayor cuenca cocalera del Perú.
Contoricón fue alcalde de Río Tambo, consejero regional de Junín, era parte del Comité de Autodefensa de su comunidad y luchó permanente y tesoneramente por mejorar la seguridad en su área, ya que diversos pueblos del VRAEM tienen que convivir forzosamente con la presencia cotidiana de narcoterroristas, peligrosos elementos que constituyen el remanente de Sendero Luminoso.
Por su parte la Policía anunció en su cuenta de Twitter que un equipo de homicidios se ha trasladado a la provincia de Satipo para “apoyar las investigaciones del asesinato del líder indígena”, y que para esclarecer los hechos también se cuenta con la colaboración de los ministerios de Cultura y de Justicia, reparticiones que condenaron el ataque en redes sociales.
En la última semana de febrero, dos líderes indígenas de la Amazonía peruana (Herasmo García y Yenes Ríos) fueron asesinados violentamente en sus comunidades. El termor se ha extendido por poblaciones como Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino, pues ya son más de nueve los líderes amazónicos peruanos asesinados desde 2020.
Pero, ¿qué hay detrás de estos crímenes? En el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras o el narcotráfico, afirma Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, asociado en Perú a “Manos Unidas”, la ONG de voluntarios laicos de la Iglesia católica española para la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos.
“Esta situación -señala Hallazi- se agrava al no existir la debida seguridad jurídica acerca de la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de títulos de dominio de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras”, asegura. Este pueblo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, cerca de las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, cuenta con una población que el Estado peruano calcula en sólo 3.715 personas, aunque la información que ha recabado el Instituto del Bien Común cifra en 7.500 las personas que conforman el pueblo Kakataibo.
Esto es solo una muestra de los límites del Estado peruano para obtener una información más precisa no solo de este pueblo sino de los 55 pueblos indígenas que habitan en el Perú. A pesar de que aún hay una investigación en curso y que los móviles de los asesinatos están por aclararse, con la información recabada hasta ahora se presume que los trágicos hechos están relacionados con el creciente avance del narcotráfico y las invasiones de tierras comunales para dicho tráfico, muchas de ellas utilizadas para la siembra ilegal de coca. “Es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego”, afirma Hallazi.
El gobierno peruano ofreció este lunes una recompensa de US$ 40 mil a quien entregue información cierta sobre los autores del asesinato del reconocido líder indígena Santiago Contoricón, quien se oponía a los cultivos de coca en la selva de Junín, y cuyos verdugos serían sicarios del crimen organizado. El dinero será entregado dentro del Programa de Recompensas gubernamental “por información idónea y oportuna que facilite la identificación, detención y captura de los responsables del asesinato del líder asháninka”, se aseguró oficialmente.
El líder indígena asháninka fue asesinado anteayer sábado en circunstancias que dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta hasta donde residía y lo acribillaron en la puerta de su vivienda para luego huir a toda velocidad en el mismo vehículo. El hecho sucedió en la comunidad de Puerto Ocopa, perteneciente a la región selvática central de Junín, según confirmó la Policía. Contoricón era allí el líder de su comunidad, que se asienta por generaciones sobre la margen izquierda del Río Tambo, en la provincia de Satipo, región de VRAEM (sigla que describe a la región del “Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que resulta ser, a su vez, la mayor cuenca cocalera del Perú.
Contoricón fue alcalde de Río Tambo, consejero regional de Junín, era parte del Comité de Autodefensa de su comunidad y luchó permanente y tesoneramente por mejorar la seguridad en su área, ya que diversos pueblos del VRAEM tienen que convivir forzosamente con la presencia cotidiana de narcoterroristas, peligrosos elementos que constituyen el remanente de Sendero Luminoso.
Por su parte la Policía anunció en su cuenta de Twitter que un equipo de homicidios se ha trasladado a la provincia de Satipo para “apoyar las investigaciones del asesinato del líder indígena”, y que para esclarecer los hechos también se cuenta con la colaboración de los ministerios de Cultura y de Justicia, reparticiones que condenaron el ataque en redes sociales.
En la última semana de febrero, dos líderes indígenas de la Amazonía peruana (Herasmo García y Yenes Ríos) fueron asesinados violentamente en sus comunidades. El termor se ha extendido por poblaciones como Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino, pues ya son más de nueve los líderes amazónicos peruanos asesinados desde 2020.
Pero, ¿qué hay detrás de estos crímenes? En el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras o el narcotráfico, afirma Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, asociado en Perú a “Manos Unidas”, la ONG de voluntarios laicos de la Iglesia católica española para la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos.
“Esta situación -señala Hallazi- se agrava al no existir la debida seguridad jurídica acerca de la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de títulos de dominio de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras”, asegura. Este pueblo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, cerca de las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, cuenta con una población que el Estado peruano calcula en sólo 3.715 personas, aunque la información que ha recabado el Instituto del Bien Común cifra en 7.500 las personas que conforman el pueblo Kakataibo.
Esto es solo una muestra de los límites del Estado peruano para obtener una información más precisa no solo de este pueblo sino de los 55 pueblos indígenas que habitan en el Perú. A pesar de que aún hay una investigación en curso y que los móviles de los asesinatos están por aclararse, con la información recabada hasta ahora se presume que los trágicos hechos están relacionados con el creciente avance del narcotráfico y las invasiones de tierras comunales para dicho tráfico, muchas de ellas utilizadas para la siembra ilegal de coca. “Es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego”, afirma Hallazi.
El gobierno peruano ofreció este lunes una recompensa de US$ 40 mil a quien entregue información cierta sobre los autores del asesinato del reconocido líder indígena Santiago Contoricón, quien se oponía a los cultivos de coca en la selva de Junín, y cuyos verdugos serían sicarios del crimen organizado. El dinero será entregado dentro del Programa de Recompensas gubernamental “por información idónea y oportuna que facilite la identificación, detención y captura de los responsables del asesinato del líder asháninka”, se aseguró oficialmente.
El líder indígena asháninka fue asesinado anteayer sábado en circunstancias que dos hombres encapuchados llegaron en motocicleta hasta donde residía y lo acribillaron en la puerta de su vivienda para luego huir a toda velocidad en el mismo vehículo. El hecho sucedió en la comunidad de Puerto Ocopa, perteneciente a la región selvática central de Junín, según confirmó la Policía. Contoricón era allí el líder de su comunidad, que se asienta por generaciones sobre la margen izquierda del Río Tambo, en la provincia de Satipo, región de VRAEM (sigla que describe a la región del “Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que resulta ser, a su vez, la mayor cuenca cocalera del Perú.
Contoricón fue alcalde de Río Tambo, consejero regional de Junín, era parte del Comité de Autodefensa de su comunidad y luchó permanente y tesoneramente por mejorar la seguridad en su área, ya que diversos pueblos del VRAEM tienen que convivir forzosamente con la presencia cotidiana de narcoterroristas, peligrosos elementos que constituyen el remanente de Sendero Luminoso.
Por su parte la Policía anunció en su cuenta de Twitter que un equipo de homicidios se ha trasladado a la provincia de Satipo para “apoyar las investigaciones del asesinato del líder indígena”, y que para esclarecer los hechos también se cuenta con la colaboración de los ministerios de Cultura y de Justicia, reparticiones que condenaron el ataque en redes sociales.
En la última semana de febrero, dos líderes indígenas de la Amazonía peruana (Herasmo García y Yenes Ríos) fueron asesinados violentamente en sus comunidades. El termor se ha extendido por poblaciones como Unipacuyacu, Santa Martha, Sinchi Roca y Yamino, pues ya son más de nueve los líderes amazónicos peruanos asesinados desde 2020.
Pero, ¿qué hay detrás de estos crímenes? En el centro de esta violencia están cuestiones estructurales que el Estado peruano no ha resuelto, relacionadas principalmente con el modelo extractivista por el que ha apostado el país, así como con la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de tierras o el narcotráfico, afirma Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, asociado en Perú a “Manos Unidas”, la ONG de voluntarios laicos de la Iglesia católica española para la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos.
“Esta situación -señala Hallazi- se agrava al no existir la debida seguridad jurídica acerca de la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de títulos de dominio de comunidades pertenecientes al pueblo Kakataibo, que resiste ante la amenaza permanente de invasión de sus tierras”, asegura. Este pueblo, ubicado entre las regiones de Huánuco y Ucayali, cerca de las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, cuenta con una población que el Estado peruano calcula en sólo 3.715 personas, aunque la información que ha recabado el Instituto del Bien Común cifra en 7.500 las personas que conforman el pueblo Kakataibo.
Esto es solo una muestra de los límites del Estado peruano para obtener una información más precisa no solo de este pueblo sino de los 55 pueblos indígenas que habitan en el Perú. A pesar de que aún hay una investigación en curso y que los móviles de los asesinatos están por aclararse, con la información recabada hasta ahora se presume que los trágicos hechos están relacionados con el creciente avance del narcotráfico y las invasiones de tierras comunales para dicho tráfico, muchas de ellas utilizadas para la siembra ilegal de coca. “Es imprescindible que redoblemos los esfuerzos para hacer avanzar el trabajo en defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Su integridad y su propia supervivencia están en juego”, afirma Hallazi.
