El sistema de salud chileno se caracteriza por ser un sistema mixto, en el cual conviven dos tipos de previsiones (sin considerar a las fuerzas armadas). Por un lado, un seguro público (FONASA), el cual abarca alrededor del 80% de la población, y por el otro, un seguro privado (ISAPRE) que se encarga de otorgar las prestaciones de salud al 20% restante. Aquello configura un escenario complejo para el sistema de salud, aún más cuando ambos sectores responden a concepciones distintas de lo que se comprende como salud.

Esto abre un debate sobre el problema de la división en el sistema de salud y la existencia en él de dos almas. Uno que apunta a comprender la salud como un derecho, mientras la otra parte la sitúa en un contexto mercantil, y en ese sentido, una de las limitaciones del sector privado se relaciona a la concepción de base de la medicina como un negocio.  Aquello ha provocado que hoy vivamos una de las mayores crisis de las ISAPRES, la cual puede ser catastrófica para el sistema de salud. ¿Quién responderá por ese 20% de la población que ha entregado sus cotizaciones exclusivamente al sector privado que está ad portas de la quiebra? Hoy el Estado de Chile es el que deberá responder ante este escenario, cuya proyección de traspaso de personas desde las ISAPRE a FONASA sería alrededor de 600 mil personas solo en el año 2023, según constata Camilo Cid, director de FONASA.

Esta migración de usuarios da pie a un problema mayor, que es la relación de prestadores de atención de salud privados y su estrecha relación con las ISAPRE. Si bien la existencia de la relación directa entre prestadores privados y entidades previsionales ha permitido que el sector privado se caracterice por poseer, entre otras ventajas, un mayor avance tecnológico y un mayor acceso a la salud, hoy constituye un problema relevante. Al respecto, el economista David Debrott, quien ha trabajado tanto en la Superintendencia de Salud como en el Ministerio de Salud de Chile, ha señalado que “el riesgo de que la quiebra de las ISAPRE arrastre a los prestadores privados es evidente y real, y es posible minimizarlo con medidas adecuadas que hasta ahora no se han tomado desde el ámbito de salud”. Cabe señalar que esto ya ha sucedido anteriormente, pues en el año 2017 cuando ocurrió una de las crisis de la ISAPRE Más Vida, conllevó a que la Clínica Lila, propiedad de esta última ISAPRE, tuviese un colapso económico, lo que trajo como consecuencia su cierre.

Por consiguiente, el problema de salud en Chile, en cuanto a su sistema mixto en materia previsional, hoy sufre una de sus peores crisis, donde la migración de personas del sector privado al público será muy desafiante y complejo de enfrentar.

En este escenario, emergen las siguientes preguntas: ¿podrá el sector público responder a las demandas de un sector de la población totalmente desconocido para él?, ¿podrán los hospitales públicos entregar la atención que los proveedores privados proporcionan? La crisis que experimenta el sector privado de salud amenaza seriamente al sistema de salud chileno en su conjunto. Por cuanto está al borde de la quiebra el sector privado, el sector público deberá avanzar a un sistema de salud que dé respuesta eficiente a esta delicada situación. Es un imperativo que está contra el tiempo.

María José Cornejo
Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile