Ley sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas: Gobierno pone paños fríos a la ofensiva de la salmonicultura
“Quisiera ponderar que este es un proyecto que tiene más de 160 artículos, crea un servicio público único con el objetivo de conservar la biodiversidad de la naturaleza más allá de las áreas protegidas”, señaló la ministra Maisa Rojas.
Domingo 4 de junio 2023 14:20 hrs.
En los próximos días, las Salas del Senado y Cámara de Diputadas y Diputados deberán votar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) aprobado en la comisión mixta del Congreso.
La iniciativa ha estado en el centro del debate por las presiones de la industria del salmón que permitió derribar uno de los artículos que impedía nuevas concesiones de acuicultura en áreas protegidas.
Mientras la oposición y la industria celebran este paso, algunos sectores del oficialismo y organizaciones ambientales ponen la voz de alerta sobre esta situación. Desde el Gobierno, sin embargo, lo abordan con cautela ya que aún hay medidas administrativas que permitirán que esta actividad económica opere fuera de las áreas protegidas.
La ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que “como Ejecutivo habíamos hecho una propuesta para prohibir la acuicultura con especies exóticas en áreas protegidas porque las especies exóticas son una de las cinco amenazas a la biodiversidad y por lo tanto, era de toda lógica que creáramos un servicio donde las áreas protegidas fueran realmente protegidas y no con una amenaza adentro”.
El proyecto que crea el SBAP lleva más de 9 años en trámite y su objetivo es establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.
Su principal estructura será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero contará con una serie de otros instrumentos y normativas para la conservación de la biodiversidad.
El proyecto está estructurado sobre 4 pilares: Un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile; un sistema único Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); asegurar que el Servicio promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas y dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato.
La norma cuenta con más de 160 artículos, destacó la ministra, y uno de ellos, el 158 que fue rechazado, establecía que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”.
En medio del debate parlamentario, la industria del salmón, una de las contaminantes de los fondos marinos de acuerdo a las denuncias de ambientalistas, se manifestó en contra de la medida, junto con manifestaciones de trabajadores quienes expresaron su rechazo a ese artículo porque la no concesión de extracción en las áreas protegidas, generaría un impacto en el empleo. Es decir, las y los trabajadores perderían sus fuentes de trabajo.
Dada esta realidad, la ministra Rojas precisó que efectivamente ese artículo fue rechazado en la Comisión mixta, “pero quisiera ponderar que este es un proyecto que tiene más de más de 160 artículos, crea un servicio público único con el objetivo de conservar la biodiversidad de la naturaleza más allá de las áreas protegidas”.
“Este es un aspecto importante, sin duda, pero es un aspecto solamente. Es una excelente noticia que por fin podamos contar con este servicio una vez que se vote la próxima semana en ambas salas”, indicó la secretaria de Estado.
Presiones de la industria
Sin embargo, indicó que “el tema de las salmonicultura en áreas protegidas se va a poder seguir trabajando por un lado, a través de medidas administrativas que existen hoy en día que son las que dan las posibilidades de relocalizar esas concesiones hacia fuera de las áreas protegidas y por otro lado, también en la Ley de Acuicultura que está preparando la Subsecretaría de Pesca, así que hay espacio todavía para cambiar esta situación”.
Consultada sobre las presiones de la industria, la ministra Rojas afirmó que “hubo claramente una presión fuerte de trabajadores, de sindicatos y en las últimas semanas varias declaraciones de los gremios, fue evidente, y eso tuvo su impacto en la comisión mixta”.
En esa misma línea, parlamentarios del oficialismo expresaron su malestar por la influencia que ejercieron las empresas salmoneras.
Es el caso del diputado PS, Daniel Manouchehri, que en la discusión en la comisión mixta señaló que la propuesta del Ejecutivo “no era lo que a mí me hubiera gustado, pero se entiende por la tremenda presión que ha habido. Lo que no se entiende es el rechazo y la defensa de la destrucción del medioambiente que hacen algunos parlamentarios. Esto sólo me lo explico por el lobby de las salmoneras. La industria salmonera debe replantearse una mirada más sustentable y amigable con el medio ambiente, sin generar los impactos negativos que tiene en el ecosistema”.
Una posición más crítica tuvo el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, que si bien destacó la creación de un servicio nuevo que va a aglutinar en una sola entidad a organismos como el SAG, Sernapesca, CONAF en aquellas áreas protegidas, precisó que “no hubo voluntad para incorporar las estrategias regionales bajo la protección de la ley”.
Al analizar qué tan protegidas quedan estas áreas, González afirmó que “ni siquiera se aprobó la propuesta del Gobierno, que tampoco eran tan satisfactoria, pero por lo menos era mejor que no tenerla, que reducía, por ejemplo en términos de la salmonicultura, a reservas de región virgen que no existe ninguna en Chile, los parques nacionales y los monumentos naturales, permitiendo que las salmoneras que ya están en los lugares, permanezcan y que las que estaban pidiendo permiso, también permanecieran”.
Por ello, afirmó que como quedó la iniciativa se da “el absurdo que vamos a crear un servicio de áreas desprotegidas que en la práctica no va a tener atribuciones para parar proyectos extractivos o destructivos. Sí va poder atajar a quien esté haciendo pesca ilegal con un caña o a quien vaya a talar un árbol, pero va estar permitido destruirlo a través de este tipo de proyectos (mineros, hidroeléctricos, etc.). A nosotros como ecologistas nos parece que es una ley totalmente insuficiente, que lo único valioso que ya está aprobado es que se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
Por otro lado, en coincidencia con lo plateado por la ministra Rojas y el diputado Manoucheri, sobre el accionar de la industria salmonera, el parlamentario ecologista afirmó que claramente hubo presiones porque “sacaron a marchar a los trabajadores (…) bajo un engaño de que va a estar en riesgo el empleo, porque la industria quería seguir manteniendo las cosas como están”.
Agregó que “esa es la realidad indesmentible y aquí hay parlamentarios, como el mismo senador Fidel Espinoza, que le mintió a los trabajadores diciéndoles que si se aprobaba la propuesta del Gobierno al otro día se quedaban sin empleo. Eso para nada era cierto, en ningún momento estuvo en riesgo los empleos y como no se aprobó nada, siguen las cosas tal cual están y tal como han estado en los gobiernos de Piñera y de la Concertación”.
Asimismo, González también criticó al Ministerio de Medio Ambiente porque a su modo de ver, “le faltó audacia para llegar a acuerdo con la derecha, por lo menos para avanzar en algo, pero finalmente los intereses empresariales se impusieron por sobre la protección del medioambiente que es una necesidad hoy día evidente”.
Sobre el compromiso que existiría de los legisladores con la industria del salmón al tramitar la ley, “es algo que debe ser consultado a ellos”, dijo el diputado.
“Es una pregunta que tienen que hacerla a ellos. Qué los motiva a decir algo que no es cierto, a desinformar, a movilizar a trabajadores, para lograr el objetivo de que las cosas queden tal cual. Es una explicación que tiene que dar. Yo puedo tener teorías, pero creo que hay que ser responsables y ellos tienen que explicar con franqueza por qué salieron a decir una mentira”, puntualizó González.
Dado que el proyecto quedaría como salió de la comisión mixta, el diputado ecologista afirmó que una vez despachado desde el Congreso, lo único que podría hacer el Gobierno es vetar la iniciativa y no celebrar “un proyecto donde no se la jugó”.
Puntualizó que “el Gobierno puede utilizar el veto presidencial que sería una forma de poder proteger las áreas protegidas, sino tendríamos el absurdo de tener un servicio que, si llegan otros proyectos extractivos, ya no habría nada que proteger”.
Institucionalidad ambiental
Por otro lado, la organización ambientalista Chile Sustentable se refirió a los aspectos que a su juicio son más relevantes.
En un comunicado, señaló que “el logro más importante es que la Ley SBAP viene a completar la institucionalidad ambiental del país, permitirá la implementación de la ley de Cambio Climático y el país contará con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de su biodiversidad, que es única en el mundo y está sumamente amenazada. Esta es una ley que se aprueba con años de retraso, dado que la situación de la biodiversidad nacional ha empeorado y la extinción de especies es un fenómeno irreversible”.
Agregó que en cuanto a concesiones en áreas protegidas, “hubo avances y retrocesos”.
Precisó que “el proyecto de ley permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala dentro de áreas protegidas, lo cual es un beneficio para el sistema. Sin embargo, también permite concesiones llamadas sectoriales para realizar actividades industriales dentro de áreas protegidas (minería, proyectos hidroeléctricos, etc.) que destruyen la biodiversidad. Estas actividades ocurren hoy en día en muchas áreas protegidas”.
Sobre las concesiones para salmonicultura en áreas protegidas, la encargada de Biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Mazur afirmó que la presión de la industria salmonera se hizo sentir y por ende, no se pudo avanzar en este tema por lo que sigue vigente el texto actual de la Ley de Pesca.
“Sin embargo, en el resto de las áreas protegidas no se permitirá las actividades de salmonicultura lo cual es también es un gran logro y estos temas pendientes se deben trabajar en el tiempo para mejorar el sistema”, indicó Manzur.
En los próximos días, las Salas del Senado y Cámara de Diputadas y Diputados deberán votar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) aprobado en la comisión mixta del Congreso.
La iniciativa ha estado en el centro del debate por las presiones de la industria del salmón que permitió derribar uno de los artículos que impedía nuevas concesiones de acuicultura en áreas protegidas.
Mientras la oposición y la industria celebran este paso, algunos sectores del oficialismo y organizaciones ambientales ponen la voz de alerta sobre esta situación. Desde el Gobierno, sin embargo, lo abordan con cautela ya que aún hay medidas administrativas que permitirán que esta actividad económica opere fuera de las áreas protegidas.
La ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que “como Ejecutivo habíamos hecho una propuesta para prohibir la acuicultura con especies exóticas en áreas protegidas porque las especies exóticas son una de las cinco amenazas a la biodiversidad y por lo tanto, era de toda lógica que creáramos un servicio donde las áreas protegidas fueran realmente protegidas y no con una amenaza adentro”.
El proyecto que crea el SBAP lleva más de 9 años en trámite y su objetivo es establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.
Su principal estructura será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero contará con una serie de otros instrumentos y normativas para la conservación de la biodiversidad.
El proyecto está estructurado sobre 4 pilares: Un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile; un sistema único Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); asegurar que el Servicio promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas y dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato.
La norma cuenta con más de 160 artículos, destacó la ministra, y uno de ellos, el 158 que fue rechazado, establecía que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”.
En medio del debate parlamentario, la industria del salmón, una de las contaminantes de los fondos marinos de acuerdo a las denuncias de ambientalistas, se manifestó en contra de la medida, junto con manifestaciones de trabajadores quienes expresaron su rechazo a ese artículo porque la no concesión de extracción en las áreas protegidas, generaría un impacto en el empleo. Es decir, las y los trabajadores perderían sus fuentes de trabajo.
Dada esta realidad, la ministra Rojas precisó que efectivamente ese artículo fue rechazado en la Comisión mixta, “pero quisiera ponderar que este es un proyecto que tiene más de más de 160 artículos, crea un servicio público único con el objetivo de conservar la biodiversidad de la naturaleza más allá de las áreas protegidas”.
“Este es un aspecto importante, sin duda, pero es un aspecto solamente. Es una excelente noticia que por fin podamos contar con este servicio una vez que se vote la próxima semana en ambas salas”, indicó la secretaria de Estado.
Presiones de la industria
Sin embargo, indicó que “el tema de las salmonicultura en áreas protegidas se va a poder seguir trabajando por un lado, a través de medidas administrativas que existen hoy en día que son las que dan las posibilidades de relocalizar esas concesiones hacia fuera de las áreas protegidas y por otro lado, también en la Ley de Acuicultura que está preparando la Subsecretaría de Pesca, así que hay espacio todavía para cambiar esta situación”.
Consultada sobre las presiones de la industria, la ministra Rojas afirmó que “hubo claramente una presión fuerte de trabajadores, de sindicatos y en las últimas semanas varias declaraciones de los gremios, fue evidente, y eso tuvo su impacto en la comisión mixta”.
En esa misma línea, parlamentarios del oficialismo expresaron su malestar por la influencia que ejercieron las empresas salmoneras.
Es el caso del diputado PS, Daniel Manouchehri, que en la discusión en la comisión mixta señaló que la propuesta del Ejecutivo “no era lo que a mí me hubiera gustado, pero se entiende por la tremenda presión que ha habido. Lo que no se entiende es el rechazo y la defensa de la destrucción del medioambiente que hacen algunos parlamentarios. Esto sólo me lo explico por el lobby de las salmoneras. La industria salmonera debe replantearse una mirada más sustentable y amigable con el medio ambiente, sin generar los impactos negativos que tiene en el ecosistema”.
Una posición más crítica tuvo el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, que si bien destacó la creación de un servicio nuevo que va a aglutinar en una sola entidad a organismos como el SAG, Sernapesca, CONAF en aquellas áreas protegidas, precisó que “no hubo voluntad para incorporar las estrategias regionales bajo la protección de la ley”.
Al analizar qué tan protegidas quedan estas áreas, González afirmó que “ni siquiera se aprobó la propuesta del Gobierno, que tampoco eran tan satisfactoria, pero por lo menos era mejor que no tenerla, que reducía, por ejemplo en términos de la salmonicultura, a reservas de región virgen que no existe ninguna en Chile, los parques nacionales y los monumentos naturales, permitiendo que las salmoneras que ya están en los lugares, permanezcan y que las que estaban pidiendo permiso, también permanecieran”.
Por ello, afirmó que como quedó la iniciativa se da “el absurdo que vamos a crear un servicio de áreas desprotegidas que en la práctica no va a tener atribuciones para parar proyectos extractivos o destructivos. Sí va poder atajar a quien esté haciendo pesca ilegal con un caña o a quien vaya a talar un árbol, pero va estar permitido destruirlo a través de este tipo de proyectos (mineros, hidroeléctricos, etc.). A nosotros como ecologistas nos parece que es una ley totalmente insuficiente, que lo único valioso que ya está aprobado es que se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
Por otro lado, en coincidencia con lo plateado por la ministra Rojas y el diputado Manoucheri, sobre el accionar de la industria salmonera, el parlamentario ecologista afirmó que claramente hubo presiones porque “sacaron a marchar a los trabajadores (…) bajo un engaño de que va a estar en riesgo el empleo, porque la industria quería seguir manteniendo las cosas como están”.
Agregó que “esa es la realidad indesmentible y aquí hay parlamentarios, como el mismo senador Fidel Espinoza, que le mintió a los trabajadores diciéndoles que si se aprobaba la propuesta del Gobierno al otro día se quedaban sin empleo. Eso para nada era cierto, en ningún momento estuvo en riesgo los empleos y como no se aprobó nada, siguen las cosas tal cual están y tal como han estado en los gobiernos de Piñera y de la Concertación”.
Asimismo, González también criticó al Ministerio de Medio Ambiente porque a su modo de ver, “le faltó audacia para llegar a acuerdo con la derecha, por lo menos para avanzar en algo, pero finalmente los intereses empresariales se impusieron por sobre la protección del medioambiente que es una necesidad hoy día evidente”.
Sobre el compromiso que existiría de los legisladores con la industria del salmón al tramitar la ley, “es algo que debe ser consultado a ellos”, dijo el diputado.
“Es una pregunta que tienen que hacerla a ellos. Qué los motiva a decir algo que no es cierto, a desinformar, a movilizar a trabajadores, para lograr el objetivo de que las cosas queden tal cual. Es una explicación que tiene que dar. Yo puedo tener teorías, pero creo que hay que ser responsables y ellos tienen que explicar con franqueza por qué salieron a decir una mentira”, puntualizó González.
Dado que el proyecto quedaría como salió de la comisión mixta, el diputado ecologista afirmó que una vez despachado desde el Congreso, lo único que podría hacer el Gobierno es vetar la iniciativa y no celebrar “un proyecto donde no se la jugó”.
Puntualizó que “el Gobierno puede utilizar el veto presidencial que sería una forma de poder proteger las áreas protegidas, sino tendríamos el absurdo de tener un servicio que, si llegan otros proyectos extractivos, ya no habría nada que proteger”.
Institucionalidad ambiental
Por otro lado, la organización ambientalista Chile Sustentable se refirió a los aspectos que a su juicio son más relevantes.
En un comunicado, señaló que “el logro más importante es que la Ley SBAP viene a completar la institucionalidad ambiental del país, permitirá la implementación de la ley de Cambio Climático y el país contará con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de su biodiversidad, que es única en el mundo y está sumamente amenazada. Esta es una ley que se aprueba con años de retraso, dado que la situación de la biodiversidad nacional ha empeorado y la extinción de especies es un fenómeno irreversible”.
Agregó que en cuanto a concesiones en áreas protegidas, “hubo avances y retrocesos”.
Precisó que “el proyecto de ley permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala dentro de áreas protegidas, lo cual es un beneficio para el sistema. Sin embargo, también permite concesiones llamadas sectoriales para realizar actividades industriales dentro de áreas protegidas (minería, proyectos hidroeléctricos, etc.) que destruyen la biodiversidad. Estas actividades ocurren hoy en día en muchas áreas protegidas”.
Sobre las concesiones para salmonicultura en áreas protegidas, la encargada de Biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Mazur afirmó que la presión de la industria salmonera se hizo sentir y por ende, no se pudo avanzar en este tema por lo que sigue vigente el texto actual de la Ley de Pesca.
“Sin embargo, en el resto de las áreas protegidas no se permitirá las actividades de salmonicultura lo cual es también es un gran logro y estos temas pendientes se deben trabajar en el tiempo para mejorar el sistema”, indicó Manzur.
En los próximos días, las Salas del Senado y Cámara de Diputadas y Diputados deberán votar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) aprobado en la comisión mixta del Congreso.
La iniciativa ha estado en el centro del debate por las presiones de la industria del salmón que permitió derribar uno de los artículos que impedía nuevas concesiones de acuicultura en áreas protegidas.
Mientras la oposición y la industria celebran este paso, algunos sectores del oficialismo y organizaciones ambientales ponen la voz de alerta sobre esta situación. Desde el Gobierno, sin embargo, lo abordan con cautela ya que aún hay medidas administrativas que permitirán que esta actividad económica opere fuera de las áreas protegidas.
La ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, afirmó que “como Ejecutivo habíamos hecho una propuesta para prohibir la acuicultura con especies exóticas en áreas protegidas porque las especies exóticas son una de las cinco amenazas a la biodiversidad y por lo tanto, era de toda lógica que creáramos un servicio donde las áreas protegidas fueran realmente protegidas y no con una amenaza adentro”.
El proyecto que crea el SBAP lleva más de 9 años en trámite y su objetivo es establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad.
Su principal estructura será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero contará con una serie de otros instrumentos y normativas para la conservación de la biodiversidad.
El proyecto está estructurado sobre 4 pilares: Un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile; un sistema único Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); asegurar que el Servicio promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas y dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato.
La norma cuenta con más de 160 artículos, destacó la ministra, y uno de ellos, el 158 que fue rechazado, establecía que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte de reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos naturales quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”.
En medio del debate parlamentario, la industria del salmón, una de las contaminantes de los fondos marinos de acuerdo a las denuncias de ambientalistas, se manifestó en contra de la medida, junto con manifestaciones de trabajadores quienes expresaron su rechazo a ese artículo porque la no concesión de extracción en las áreas protegidas, generaría un impacto en el empleo. Es decir, las y los trabajadores perderían sus fuentes de trabajo.
Dada esta realidad, la ministra Rojas precisó que efectivamente ese artículo fue rechazado en la Comisión mixta, “pero quisiera ponderar que este es un proyecto que tiene más de más de 160 artículos, crea un servicio público único con el objetivo de conservar la biodiversidad de la naturaleza más allá de las áreas protegidas”.
“Este es un aspecto importante, sin duda, pero es un aspecto solamente. Es una excelente noticia que por fin podamos contar con este servicio una vez que se vote la próxima semana en ambas salas”, indicó la secretaria de Estado.
Presiones de la industria
Sin embargo, indicó que “el tema de las salmonicultura en áreas protegidas se va a poder seguir trabajando por un lado, a través de medidas administrativas que existen hoy en día que son las que dan las posibilidades de relocalizar esas concesiones hacia fuera de las áreas protegidas y por otro lado, también en la Ley de Acuicultura que está preparando la Subsecretaría de Pesca, así que hay espacio todavía para cambiar esta situación”.
Consultada sobre las presiones de la industria, la ministra Rojas afirmó que “hubo claramente una presión fuerte de trabajadores, de sindicatos y en las últimas semanas varias declaraciones de los gremios, fue evidente, y eso tuvo su impacto en la comisión mixta”.
En esa misma línea, parlamentarios del oficialismo expresaron su malestar por la influencia que ejercieron las empresas salmoneras.
Es el caso del diputado PS, Daniel Manouchehri, que en la discusión en la comisión mixta señaló que la propuesta del Ejecutivo “no era lo que a mí me hubiera gustado, pero se entiende por la tremenda presión que ha habido. Lo que no se entiende es el rechazo y la defensa de la destrucción del medioambiente que hacen algunos parlamentarios. Esto sólo me lo explico por el lobby de las salmoneras. La industria salmonera debe replantearse una mirada más sustentable y amigable con el medio ambiente, sin generar los impactos negativos que tiene en el ecosistema”.
Una posición más crítica tuvo el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, que si bien destacó la creación de un servicio nuevo que va a aglutinar en una sola entidad a organismos como el SAG, Sernapesca, CONAF en aquellas áreas protegidas, precisó que “no hubo voluntad para incorporar las estrategias regionales bajo la protección de la ley”.
Al analizar qué tan protegidas quedan estas áreas, González afirmó que “ni siquiera se aprobó la propuesta del Gobierno, que tampoco eran tan satisfactoria, pero por lo menos era mejor que no tenerla, que reducía, por ejemplo en términos de la salmonicultura, a reservas de región virgen que no existe ninguna en Chile, los parques nacionales y los monumentos naturales, permitiendo que las salmoneras que ya están en los lugares, permanezcan y que las que estaban pidiendo permiso, también permanecieran”.
Por ello, afirmó que como quedó la iniciativa se da “el absurdo que vamos a crear un servicio de áreas desprotegidas que en la práctica no va a tener atribuciones para parar proyectos extractivos o destructivos. Sí va poder atajar a quien esté haciendo pesca ilegal con un caña o a quien vaya a talar un árbol, pero va estar permitido destruirlo a través de este tipo de proyectos (mineros, hidroeléctricos, etc.). A nosotros como ecologistas nos parece que es una ley totalmente insuficiente, que lo único valioso que ya está aprobado es que se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.
Por otro lado, en coincidencia con lo plateado por la ministra Rojas y el diputado Manoucheri, sobre el accionar de la industria salmonera, el parlamentario ecologista afirmó que claramente hubo presiones porque “sacaron a marchar a los trabajadores (…) bajo un engaño de que va a estar en riesgo el empleo, porque la industria quería seguir manteniendo las cosas como están”.
Agregó que “esa es la realidad indesmentible y aquí hay parlamentarios, como el mismo senador Fidel Espinoza, que le mintió a los trabajadores diciéndoles que si se aprobaba la propuesta del Gobierno al otro día se quedaban sin empleo. Eso para nada era cierto, en ningún momento estuvo en riesgo los empleos y como no se aprobó nada, siguen las cosas tal cual están y tal como han estado en los gobiernos de Piñera y de la Concertación”.
Asimismo, González también criticó al Ministerio de Medio Ambiente porque a su modo de ver, “le faltó audacia para llegar a acuerdo con la derecha, por lo menos para avanzar en algo, pero finalmente los intereses empresariales se impusieron por sobre la protección del medioambiente que es una necesidad hoy día evidente”.
Sobre el compromiso que existiría de los legisladores con la industria del salmón al tramitar la ley, “es algo que debe ser consultado a ellos”, dijo el diputado.
“Es una pregunta que tienen que hacerla a ellos. Qué los motiva a decir algo que no es cierto, a desinformar, a movilizar a trabajadores, para lograr el objetivo de que las cosas queden tal cual. Es una explicación que tiene que dar. Yo puedo tener teorías, pero creo que hay que ser responsables y ellos tienen que explicar con franqueza por qué salieron a decir una mentira”, puntualizó González.
Dado que el proyecto quedaría como salió de la comisión mixta, el diputado ecologista afirmó que una vez despachado desde el Congreso, lo único que podría hacer el Gobierno es vetar la iniciativa y no celebrar “un proyecto donde no se la jugó”.
Puntualizó que “el Gobierno puede utilizar el veto presidencial que sería una forma de poder proteger las áreas protegidas, sino tendríamos el absurdo de tener un servicio que, si llegan otros proyectos extractivos, ya no habría nada que proteger”.
Institucionalidad ambiental
Por otro lado, la organización ambientalista Chile Sustentable se refirió a los aspectos que a su juicio son más relevantes.
En un comunicado, señaló que “el logro más importante es que la Ley SBAP viene a completar la institucionalidad ambiental del país, permitirá la implementación de la ley de Cambio Climático y el país contará con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de su biodiversidad, que es única en el mundo y está sumamente amenazada. Esta es una ley que se aprueba con años de retraso, dado que la situación de la biodiversidad nacional ha empeorado y la extinción de especies es un fenómeno irreversible”.
Agregó que en cuanto a concesiones en áreas protegidas, “hubo avances y retrocesos”.
Precisó que “el proyecto de ley permite concesiones para educación, investigación científica y turismo de baja escala dentro de áreas protegidas, lo cual es un beneficio para el sistema. Sin embargo, también permite concesiones llamadas sectoriales para realizar actividades industriales dentro de áreas protegidas (minería, proyectos hidroeléctricos, etc.) que destruyen la biodiversidad. Estas actividades ocurren hoy en día en muchas áreas protegidas”.
Sobre las concesiones para salmonicultura en áreas protegidas, la encargada de Biodiversidad de Chile Sustentable, María Isabel Mazur afirmó que la presión de la industria salmonera se hizo sentir y por ende, no se pudo avanzar en este tema por lo que sigue vigente el texto actual de la Ley de Pesca.
“Sin embargo, en el resto de las áreas protegidas no se permitirá las actividades de salmonicultura lo cual es también es un gran logro y estos temas pendientes se deben trabajar en el tiempo para mejorar el sistema”, indicó Manzur.
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