Ayer lunes, los países miembros de la ONU adoptaron el primer tratado universal sobre la protección de las aguas de altamar. La adopción del Tratado fue decidida por consenso, sin necesidad de ir a votación, después de una ardua lucha de muchos países, especialmente del sur del planeta, para incluir algunos aspectos claves del acuerdo finalizado en marzo tras más de 15 años de negociaciones. Su aprobación este 19 de junio fue ampliamente celebrada por los representantes de cada gobierno asistente a la Asamblea General de la ONU en esta fecha crucial.
Con este acuerdo -cuyo nombre oficial es “Tratado sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional”- se podrá crear un marco legal que permita extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, las que abarcan más del 60% de los océanos del mundo. Hay que tener siempre presente que son los océanos los que grandes productores de parte importante del oxígeno que respiramos, limitando el cambio climático al absorber CO2 y albergando, asimismo, ricas zonas de biodiversidad, no sólo a nivel macro, sino también a niveles microscópicos.
Para que este Tratado clave entre en vigor necesita que 60 miembros de la ONU lo hayan firmado y ratificado, para lo cual se acordó el próximo 20 de septiembre como la fecha en la que el texto se abrirá a la firma. El océano de altamar, las aguas situadas a más de 200 millas de la costa que son compartidas por todos los países, son dos tercios del total de los océanos. Se ven amenazados por la minería submarina, la contaminación por desechos vertidos en ellas o por el extractivismo de combustibles fósiles como el petróleo. Asimismo, la pesca sin legislación es una permanente fuente de amenazas para las especies pelágicas.
Es la razón por la que el nuevo Tratado busca “asegurar la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica marina en aquellas áreas marítimas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los Estados”. El texto abre el camino para el establecimiento de zonas marinas protegidas, facilitando la meta de entregar amparo y defensa de a lo menos un 30% de los océanos hacia 2030, según postula la ONU. Además, el amplio acuerdo facilita la cooperación en tecnología marina entre las naciones y garantiza la regulación del impacto ambiental en las actividades que se realicen sobre y bajo aguas internacionales.
El Tratado introduce, asimismo, requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para actividades que se planeen en aguas internacionales. Éstas, aunque no aparecen especificadas en el texto, incluirían desde pesca y transporte marítimos hasta objetivos más polémicos como la minería en áreas profundas o incluso programas de geoingeniería que buscan combatir el calentamiento global. Al respecto, en marzo las negociaciones estuvieron a punto de fracasar cuando se propuso que el Tratado estableciese también el principio de compartir el beneficio de los recursos marinos genéticos procedentes de la altamar obtenidos en expediciones o investigaciones en aguas internacionales, pero finalmente el punto fue aprobado.
Y ello porque países que a menudo carecen de medios para financiar investigaciones costosas, plantearon muy claramente su derecho a la inclusión en tales beneficios y no verse privados de algo que muchos ven como un gran mercado a futuro, en especial en la búsqueda de esos elementos ”genéticos” por parte de compañías farmacéuticas y cosméticas.
El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, agradeció a los Estados miembros que participaron en la elaboración del texto y reconoció el importante aporte de las ONGs, instituciones científicas y de la sociedad civil que apoyaron decisivamente el proyecto, que comenzó a gestarse en 2004. No obstante, aseguró que será fundamental seguir trabajando para “para asegurar un océano más saludable, resistente y productivo, que beneficie a las generaciones actuales y futuras”. “Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrentan la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, manifestó Guterres.
Tras la adopción formal del “Tratado sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional”, la responsabilidad de cristalizarlo en una realidad recae ahora sobre los gobiernos, que podrán firmarlo y ratificarlo a partir del 20 de septiembre. Sin embargo, será necesaria como mínimo la ratificación por parte de 60 Estados, algo en que las ONG`s que han colaborado en la elaboración de esta fundamental iniciativa se muestran confiadas, ya que la coalición de naciones que permitió llevar adelante este Tratado suma ya medio centenar de países, entre ellos la Unión Europea, Chile, México, India y Japón.