Luego de revelarse el caso Democracia Viva, la parlamentaria de Revolución Democrática, Catalina Pérez, presentó el pasado 3 de julio una licencia médica que le permitió ausentarse de sus funciones legislativas por 20 días, pero cuyo plazo acaba este lunes.
Cabe destacar que dadas las indagaciones que hoy lidera el Ministerio Público por eventuales defraudaciones en contratos firmados entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva, ambas entidades encabezadas respectivamente por su exasesor, Carlos Contreras y su expareja, Daniel Andrade, la diputada por la Región de Antofagasta tiene suspendida su militancia por un año.
Esta decisión fue tomada el pasado martes 18 de julio por el Tribunal Supremo de Revolución Democrática tras un encuentro telemático de cinco horas entre los integrantes del tribunal, a la cual la parlamentaria no asistió. Sin embargo, para los diputados de dicho partido, esta sanción no fue bien recibida pues esperaban como medida mínima la suspensión por dos años.
En la última declaración publica que realizó la diputada, refiriéndose a acciones en su contra tomadas desde su propio partido, señaló que “pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo diputada de RD por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta. No tengo nada que ocultar. Como siempre lo he hecho, he respondido por mis actos y lo seguiré haciendo”.
De volver a la corporación, pues su licencia médica finalizó este domingo, Pérez enfrenta una situación adversa en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues además de las peticiones de expulsión y las acusaciones de vinculación directa con el caso Democracia Viva, la diputada fue sancionada por la Comisión de Ética con una aplicación de censura y una multa al 15% de su dieta parlamentaria.
Sin embargo, hasta el momento Pérez no ha anunciado la extensión de su licencia médica ni tampoco sus intenciones de retomar su labor parlamentaria.