“La información faltante en estos momentos es la que tiene el Ejército Mexicano, y es una información clasificada, una información sumamente relevante porque ellos dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida (de Ayotzinapa) y durante los hechos”, indicó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en horas de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. La demanda se sustenta en los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en los cuales se denunció que, a pesar de que ellos pudieron acceder a algunos archivos oficiales, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) negó su existencia y dijo en reiteradas ocasiones que ya entregó todos los documentos que estaban en su posesión.

Aunque el gobierno de AMLO ha hecho un llamado a quienes tengan información concreta con lo sucedido a que se acerquen a los organismos oficiales para entregarla, bajo anonimato, el Ejecutivo ya hizo una recopilación de información amplia, pues lleva cinco años pidiendo antecedentes y, gracias a ello, ha contado con una diversidad de testigos e informantes y muchas personas ya han declarado aportando información. No obstante, el abogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa sostiene que la información sobre el suceso se agotó y que los informantes entregaron todo lo que sabían al respecto, por lo que lo único que faltaría es contar con la aquella que precisamente tendría el Ejército Mexicano. “Esa información clasificada sobre el paradero está es en los archivos militares y es ahí donde se tienen que hacer los esfuerzos institucionales. Hoy en día el gobierno tendría que presionar para que el Ejército Mexicano aporte esa información”, reitera Virulfo Rosales Sierra.

Pero hay más. Porque la Marina pareciera que es dejada fuera de las exigencias  para que aparezca la verdad. Y es que la Marina también cometió irregularidades. Por ejemplo, en todo el capítulo que corresponde a lo sucedido en el botadero de basura en Cocula, la Marina fue una de las instituciones que manipuló los residuos quemados que se encontraron allí posteriormente. O sea, la Marina es igualmente responsable de aquello, por eso están actualmente bajo investigación y los padres, por boca de su abogado, piden que esa rama de las fuerzas armadas sea sancionada de acuerdo a la ley. Pero no fue la Marina sino los militares quienes tuvieron una intervención directa desde el momento de la salida de los estudiantes desde la Escuela Normal hasta el momento de su desaparición horas más tarde, por lo tanto, el Ejército es el que tiene toda la información relacionada con el paradero de los muchachos, asegura el profesional.

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se denunció que Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Sedena (ministro de Defensa), ordenó seguir a los normalistas desde días antes de su desaparición.  “¿La Fiscalía lo ha llamado a declarar en alguna de las acusaciones contra los militares vinculados? -se pregunta el letrado- pues no, nosotros no sabemos que se le haya llamado a declarar, ni por parte de la Procuraduría, ni por parte de la defensa de los militares”, objeta. 

Además, el Poder Judicial ha tenido claroscuros en el caso Ayotzinapa y en los juicios contra diferentes acusados, porque se dictó una sentencia de parte del Primer Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que marcó un derrotero para todo el proceso. Esa resolución estableció que había sendas irregularidades en las indagaciones que llevó a cabo la anterior Procuraduría General de la República, de tal manera que tales irregularidades anularon y debilitaron todas las investigaciones, razón por la cual muchos de los acusados y eventuales hechores, obtuvieron su libertad.

Al respecto, recién el viernes pasado se supo que un juez aprobó llamar a declarar al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas y al exfiscal Especial, Omar Gómez Trejo. Eso es positivo porque el Tribunal vino a remarcar las inconsistencias de la verdad histórica, toda la tortura, las irregularidades cometidas, marcando un hito importante dentro del caso de Ayotzinapa. Empero, han venido otras resoluciones del Poder Judicial, sobre todo las últimas, que han sido contradictorias y con ellas se ha complicado mucho más este embrollo.

Lo que sucede es que el criterio de los tribunales ha favorecido a los militares, lo que queda ejemplificado en que el Consejo de la Judicatura determinó una medida cautelar que luego cambió; un cambio de medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria a favor del coronel Rafael Hernández Nieto, quien era el comandante del 41° Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de normalistas. “Entonces sí hay, desde nuestro punto de vista, una irregularidad manifiesta” -asegura el abogado Rosales Sierra, representando la insatisfacción de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años, un crimen colectivo cuya verdad sigue sin salir a la luz.