La impunidad biológica, el daño transgeneracional y los obstáculos para acceder a la justicia respecto a casos de la dictadura, fueron algunos de los temas que organizaciones de memoria expusieron en una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Washington el pasado miércoles 8 de noviembre.

La instancia fue solicitada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el espacio de memorias Londres 38 y la organización de Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), quienes utilizaron “los 50 años no como un espacio de conmemoración, sino como uno exigencia de rendición de cuentas”. Así lo explicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de Londres 38, que además expuso en la audiencia, Karinna Fernández.

“En general, son espacios de diálogo entre quienes litigamos los casos y queremos hacer puntos de dimensión de deudas o de rendición de cuentas y los Estados. Se hace un diálogo que los Estados responden de distintas formas y eso permite generar ciertos debates a nivel interno”, complementó.

Verónica de Negri, Karinna Fernández, Magdalena Gárces y Erika Hennings en la audiencia de la CIDH.

Consultada respecto a los principales temas de la exposición -de la que también fueron parte la integrante de la mesa directiva de Londres 38, Erika Hennings; la abogada Magdalena Gárces, y la psicóloga forense, Ruth Vargas– Fernandéz destacó la demanda por una debida diligencia en las investigaciones judiciales de casos de la dictadura. Esto, teniendo en cuenta que muchos familiares de víctimas son de avanzada edad o han fallecido.

“Hay muchas mujeres hoy día que tienen enfermedades de demencia y que están viviendo los últimos años de su vida sin siquiera recordar toda la búsqueda en la que se han empeñado”, dijo la abogada.

Por otra parte, Fernández relevó la exigencia, por parte de las organizaciones de víctimas, de terminar con figuras legales como la prescripción. Esta última, por lo general no es aplicada por los tribunales de justicia chilenos, pero sí fue tomada en cuenta hace pocos días, en la causa judicial del detenido desaparecido, Boris Weisfeiler.

“El lunes pasado, la Corte Suprema aplicó la prescripción en el caso de Boris Weisfeiler. Olga, la hermana de él, también vino a la audiencia, justamente planteando la gravedad de que en Chile sigan vigentes normas como la prescripción, la amnistía y la ausencia de la desaparición forzada en el código penal”.

“Además, este caso muestra cómo la ausencia de un proceso transparente de nombramiento de jueces ha permitido que llegue una ministra como la ministra María Cristina Gajardo, laborista y que dicte ella una sentencia de la Segunda Sala de la Corte Suprema, respecto de una víctima que permanece desaparecida desde el año 1985”, afirmó.

Karinna Fernández, durante la audiencia en la CIDH.

La respuesta del Estado

Para responder a la exposición de la sociedad civil, el Estado de Chile llevó a Washington a tres representantes: la jefa de la división de protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos Daniela Quintanilla; la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano; y el ministro coordinador de causas de derechos humanos de la Corte Suprema, Mario Carroza.

En ese contexto, la abogada Karinna Fernández lamentó la ausencia de una autoridad de Gobierno, como el ministro de Justicia, Luis Cordero, al mismo tiempo que destacó la asistencia del representante del poder judicial.

“Lamentablemente, no vino el Ministro de Justicia ni ninguna autoridad, se perdió lo valioso de ese espacio, pero sí vino el ministro Carroza. Ahí se generó una instancia en dónde nosotros dijimos lo relevante que era que las víctimas y sus representantes, fuéramos escuchados respecto de los espacios de formación de jueces”, indicó.

En cuanto a la respuesta que recibieron de parte de la Comisión Interamericana, Karinna Fernández dijo estar conforme. La abogada señaló que desde el organismo internacional fueron receptivos y que incluso compartieron su preocupación por la falta de enfoque de género en la exposición del Estado de Chile.

“La Comisión mencionó este tema de que era muy impresionante de que a pesar de que nosotros hicimos una denuncia respecto de violencia sexual contra mujeres en la dictadura, el Estado no se refirió al respecto, ni tampoco los derechos de las víctimas sobrevivientes de tortura”.

De todas maneras, Fernandéz precisó que esta audiencia no solo sirvió para entablar un diálogo con el Estado chileno, sino que también para hablar con la propia CIDH sobre sus deudas con las víctimas.

En su exposición, las organizaciones le reprocharon la numerosa cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos denunciados a la Comisión Interamericana que no han sido atendidos y también, la falta de un acto simbólico que la CIDH pudo haber realizado a propósito de los 50 años del golpe.

“Lo que nosotros solicitamos es que la Comisión Interamericana recuerde públicamente que hace 50 años su secretario ejecutivo visitó Chile. Fue la primera autoridad internacional que visitó nuestro país durante la dictadura y creemos que es importante recoger ese momento significativo del organismo internacional, como forma de oponernos al negacionismo”, estimó.

Por último, la abogada de Londres 38 calificó la audiencia como una instancia sumamente relevante, ya que “el espacio para ser escuchados no es algo que tengamos con mucha frecuencia”.

“Nos permitió estar en un espacio de diálogo con actores relevantes, no solamente de Chile sino que de nuestro sistema y justamente creíamos que es importante reiterar la idea de que los 50 años no son un espacio de conmemoración, sino que de rendición de cuentas. Todos tienen que rendir sus responsabilidades tanto de lo que se ha hecho como de las proyecciones a futuro en estas materias”, concluyó.