La defensa de los derechos humanos y del derecho internacional asociado a ellos dista, por definición, de tener posiciones personales sobre coyunturas puntuales. Se trata precisamente de lo contrario: de establecer, por un lado, consensos mínimos sobre la dignidad humana que no pueden ser vulnerados por consideraciones de contextos, religión e ideología. Y, por otro lado, de favorecer una institucionalidad global que establezca límites al actuar de los Estados, cuando su propósito sea imponerse por el mero uso de la fuerza y la violencia.
Ambos, la declaración universal de los Derechos Humanos y la institucionalidad política mundial que surge a partir de la creación de Naciones Unidas, son probablemente los consensos más importantes que ha alcanzado la Humanidad. Son la respuesta de nuestra especie al imperio de la barbarie y la autodestrucción que mató a aproximadamente 70 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Operan, con sus limitaciones e insuficiencias, como los más poderosos frenos al abuso y a la muerte. Y a su vez son los principales instrumentos de la paz mundial.
Como los seres humanos individual y colectivamente suelen tener legítimas creencias de distinta índole, a veces resulta difícil que se vea a los derechos humanos como una invocación de carácter universal y no como una toma de partido por el adversario, e incluso por el enemigo, en un contexto bélico y/o de enfrentamiento. Por eso, su defensa requiere un esfuerzo permanente y a su vez está expuesta a permanentes incomprensiones.
Como sea, hasta hoy la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, es la mayor conquista del movimiento internacional de los derechos humanos. Fue redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. Por primera vez en la historia de la humanidad, se establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales básicos de los que todos los seres humanos deben gozar, sin distinción.
A su vez, la Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, marcó el objetivo de “crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos claves del trabajo de la ONU. Así, la Carta recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
En ese marco, Chile ha señalado como los dos principios de su política exterior, primero, el respeto al derecho internacional (es “el expediente principal a través del cual es posible limitar la imposición de la fuerza en el manejo de las relaciones entre los Estados”). Y, segundo, la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos (“Chile aprecia que los derechos de las personas, en cuanto atributos inalienables de todo ser humano, sean observados en toda circunstancia, tiempo y lugar”). Estos principios, más allá de las legítimas diferencias, han sido consensuales para la política chilena de los últimos 30 años.
