Decíamos que para la credibilidad de las instituciones era muy importante que éstas midieran el Caso Cathy Barriga con la misma vara que otros. Nos referíamos a cómo, en el sistema político, se suele pedir presunción de inocencia cuando se trata de los propios, pero se sentencia culpabilidad de antemano cuando se trata de los adversarios. En este caso en especial en relación a la UDI, que ha esquivado una condena frontal a la exalcaldesa y ha defendido al diputado Joaquín Lavín León señalando que ser cónyuge no lo convierte en culpable, es decir, exactamente lo contrario que dijeron sobre la diputada Catalina Pérez en relación a Democracia Viva.
Faltaba el pronunciamiento del juez, luego de extensas sesiones donde la fiscal hizo un recorrido asombroso de cómo se generó desde el principio un mecanismo para mal usar los recursos públicos, luego de lo cual transcurrieron cuatro años y medio de una insólita y constante dilapidación de las arcas municipales. Es, para no darnos tanta vuelta, el caso más grande de corrupción municipal de la historia de Chile y uno de los más grandes de corrupción en general. Todo indicaba -no por animadversión contra la exalcadesa Barriga sino por lo contrario, por medirla con la misma vara que al resto- que se le aplicaría la medida cautelar de prisión preventiva, pero el juez le asignó un arresto domiciliario al que no tuvieron acceso otros imputados por delitos mucho menos graves.
Ciertamente, es una buena oportunidad para replantear en el debate público el concepto de medida cautelar, que no es una sanción por culpabilidad sino una medida que tiene por propósito favorecer el adecuado desarrollo de un proceso judicial, antes de dictar sentencia. Pero puede resultar sospechoso, y en los hechos lo es a la luz de las reacciones, que esta moción de prudencia respecto a las investigaciones aparezca súbitamente ahora, cuando se trata de una persona poderosa y con vínculos al más alto nivel. Cuánto contrasta esto con la impiedad con la que la Justicia, dirigentes políticos y medios de comunicación tratan a otros imputados que no tienen santos en la corte. Cómo defendemos a nuestras instituciones de la acusación de que hay justicia para pobres y justicia para ricos. Cómo defendemos a nuestras instituciones de la acusación de que no se trata igual a los sectores políticos, cuando hemos visto a Daniel Andrade, Paz Juica y Carlos Contreras –también imputados con derecho a la presunción de inocencia- engrillados, con peto de imputados y en prisión preventiva, por un hecho cuyo monto es 70 veces menor que los de Maipú.
La decisión del juez Hugo Salgado ha terminado en los hechos provocando una evidente y generalizada desconfianza en una institución tan relevante como el Poder Judicial. Lo peor es la opacidad respecto al criterio, lo cual termina abriendo la puerta a todo tipo de sospechas, algunas de ellas que pudieran parecer fundadas.
