En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que rechazó la rebaja de cautelares, y acogió el recurso de apelación presentado por la defensa de la imputada.
El Ministerio Público también solicitó la misma pena por otros hechos que configuran tres delitos consumados de fraude al fisco para Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta), Daniel Andrade y la exconcejala Paz Fuica.
El también querellante en la causa Democracia Viva además abordó la medida cautelar impuesta contra la desaforada diputada Catalina Pérez. “Si hubiese sido formalizada junto a los otros coimputados, habría terminado en prisión preventiva”, aseguró.
La cautelar fue definida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La desaforada parlamentaria fue imputada por tres delitos de fraude al fisco. “No están las evidencias suficientes para llegar a una condena”, sostuvo la defensa.
La Fiscalía Regional de Antofagasta la acusa de tres cargos relacionados con fraude al Fisco, en el contexto de la investigación sobre los convenios entre la extinta Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Los abogados defensores confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema. “Tras más de un año y medio de investigación el Ministerio Público no tiene pruebas de la participación de la parlamentaria en la adjudicación de los convenios”, recalcaron.
Tras la decisión de la Corte de Antofagasta, la Fiscalía quedó habilitada para formalizar a la exmilitante del FA, por su presunta participación en delitos de fraude al fisco. El abogado de Pérez dijo que no hay argumentos para el desafuero.
Tras una audiencia de más de cuatro horas, el tribunal antofagastino levantó la inmunidad parlamentaria de Pérez por sus vínculos con la fundación Democracia Viva y su presunta participación en el delito de fraude al fisco.
Con la pérdida de su inmunidad, la parlamentaria pasará por el proceso legal y la solicitud de medidas cautelares en su contra. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de ser cómplice del delito de fraude al fisco.
Según expusieron los legisladores, el jefe de asesores del Presidente de la República “omitió información a la Fiscalía”. “Eso no corresponde, es una falta de probidad”, acusó el parlamentario Rubén Oyarzo (IND).
A raíz de las investigaciones judiciales por delitos de corrupción, como el caso Convenios y el caso Audios, el abogado aseguró que el país necesita una reforma que permita que el Estado sirva a las personas y no a los políticos.
La oposición fue categórica respecto a la necesidad de que la Fiscalía pueda avanzar en la formalización de la parlamentaria. Mientras, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó emitir declaraciones pese a ser mencionado en las conversaciones.
Los nuevos antecedentes se dieron a conocer dos días después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria. Estos descartarían la versión de que no estaban al tanto del ilícito.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Parlamentarios de distinto color político destacaron el avance de la investigación de parte de la Fiscalía. Por otro lado, la diputada Santibáñez lamentó que pueda haber un nuevo desafuero en el Congreso, pues sería el cuarto en solo tres años.
Gonzalo Medina, abogado defensor de la diputada, se refirió a la solicitud presentada por la Fiscalía y aseguró que “será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia” de la parlamentaria.
La información fue ratificada por el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, quien informó que la renuncia de Pérez al frente Amplio fue presentada el viernes 15 de noviembre.
