Quien acumule años y mantenga memoria podrá atestiguar que una de las expresiones más arbitrarias e indignantes, entre las infinitas que ostentaba la Dictadura, era la existencia de la Justicia Militar, esto es, una justicia ad hoc para uniformados infractores de ley, que eran juzgados por sus camaradas de armas y que con frecuencia se traducían en una mera mascarada para la impunidad. Hoy, aprovechándose de un hecho que si bien es grave tiene aún más preguntas que respuestas, como es el asesinato de tres carabineros, la oposición quiere hacer retornar a Chile a esa época oscura, haciendo soplar nuevamente vientos pinochetistas sobre el país.
Con mociones como éstas, un sector del sistema político demuestra que no necesariamente está interesado en resolver el atroz crimen de Cañete ni de dotar al país de mayores herramientas para combatir el crimen organizado, sino de avanzar hacia un estado policial que coarte libertades, para lo cual creerían necesario cautelar impunidad para uniformados que cometen abusos contra civiles. A su vez, continúan con el anhelo del Dictador, que era dar a los militares un estatus superior y por tanto diferente al del resto de los chilenos, con su propia infraestructura hospitalaria, su propio sistema previsional con mejores jubilaciones y, ahora de vuelta, su propio sistema de justicia. Algo que debería indignar a la abrumadora mayoría que no es parte de este sistema de privilegios.
En la misma línea, se ha levantado la idea de otorgar amnistía a los policías violadores de derechos humanos durante el estallido social, en un evidente acto de mezcla de peras con manzanas que además de propiciar impunidad, muestra desconocimiento o desdén por el estándar internacional de derechos humanos al que nuestro país está obligado. Incluso el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, rechazó la propuesta al señalar que “la ley es clara en materia de amnistía, y no aplica para violaciones graves a los DDHH”.
Sería cándido no advertir que una operación discursiva previa para lo que está aconteciendo es la falaz contradicción entre seguridad pública y derechos humanos. Especialistas han dicho que el crimen organizado pasa a llevar derechos fundamentales, por lo que la lucha contra su acción implica al mismo tiempo proteger garantías, pero además que el respaldo nacional a la labor policial no puede implicar carencia de límites al actuar de agentes del Estado. Es preocupante que la supuesta solución de algunos al problema que vive el país implique llevarlo hacia una deriva autoritaria.
En momentos como éste, es especialmente importante que las autoridades de gobierno sean firmes en la defensa de principios básicos que deben regir el funcionamiento de los sistemas democráticos. Y que sean categóricos en las palabras y los hechos para que no siga operando esta muy peligrosa reversión al pasado.
