En el marco de una nueva cuenta pública, y a poco más de 2 años de gobierno de Gabriel Boric, contrario a su discurso inicial, hoy seguimos bajo la imposición de un modelo de “desarrollo” extractivista, el cual se ha profundizado aún más durante el último tiempo. El Gobierno ha optado por mantener una economía basada en el crecimiento económico a costa del medio ambiente que afecta el bienestar de las comunidades locales.

Durante poco más de dos años el Gobierno se ha caracterizado por los escasos esfuerzos que se han hecho en materia ambiental siguiendo la lógica de privatización de la política ambiental, como se ha constatado con la colaboración público-privada (sobre la cual empujan el carácter de “virtuosa”), donde se ha consolidado la participación de las grandes corporaciones en la creación de políticas públicas.

Recientemente, se publicaron dos informes que dan cuenta de la alarmante situación socioambiental del país, un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente y la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) de la OCDE. En ambos se constata la insuficiencia de las políticas públicas para enfrentar la crisis, sin embargo, el gobierno ha hecho oídos sordos a ambos informes y continúa avanzando en la dirección opuesta, manteniendo la privatización de los elementos de la naturaleza, facilitando la inversión a costa del medio ambiente y llegando tardíamente incluso con su propio programa, como es el caso de un sesgado “Comité de Carbono Neutralidad y Resiliencia” que se conformó cuando al gobierno le queda menos de dos años de mandato.

Así, estamos frente a una política que no promueve las economías locales y el desarrollo territorial, y mucho menos facilita el camino hacia la construcción de alternativas que decanten en el postextractivismo. Muy por el contrario, se ha impuesto un modelo de configurado por una tríada exportadora basada en la extracción de los denominados “minerales críticos” (litio, cobre y tierras raras, principalmente), la instalación masiva de proyectos de Energía renovables no convencionales a gran escala, y la incierta producción de hidrógeno verde; famosa tríada que Boric anunció en su cuenta pública pasada.

Ya a finales de 2020, el gobierno de turno anunció la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Del mismo modo, el gobierno de Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, en abril de 2023. Siguiendo los mismos pasos de la Estrategia presentada por Sebastián Piñera, no se consideró un enfoque participativo, ya que en su creación no se involucró a las comunidades locales y omitió la consulta indígena, y, por lo tanto, no responde a las necesidades de los territorios ni a la protección de los ecosistemas. Por el contrario, son estrategias construidas para una transición corporativa impuesta por el norte global y, por tanto, buscan satisfacer las demandas del mercado mundial. Actualmente, ambas estrategias continúan avanzando en su implementación con acotados e insuficientes procesos de diálogo, pero sin participación efectiva y vinculante de las comunidades. En este contexto, este 31 de mayo se concretó la firma del acuerdo entre SQM y CODELCO pese a la oposición de las comunidades. A todo lo anterior se suma la ausencia de fiscalización y normativas, evidenciando que no existen mecanismos efectivos de control y, por tanto, se genera un escenario propicio para la corrupción.

Hoy no existe una política ecológica, por el contrario, se plantea una falsa idea de protección ambiental, con un marcado hiper-conservacionismo que no detiene la destrucción de la naturaleza, sino que la gestiona para el mercado. Por otra parte, se propone una supuesta transición energética que, en la práctica, es una política de expansión energética propia del modelo extractivo. Todo esto pone en grave riesgo las formas de vida y la seguridad ecológica de las comunidades. Así, desde una perspectiva territorial se han profundizado los impactos ambientales y han aumentado los territorios amenazados sin resolver la urgente situación de los ahora eufemísticamente llamados “Territorios en Transición”, antes territorios en sacrificio, apareciendo también nuevos riesgos para la salud de las personas y los ecosistemas.

Hoy la política del gobierno afecta la base natural que permite la vida de los distintos territorios, pero también ha abandonado la perspectiva de Derechos, no solo en relación con la naturaleza, sino también se ha renunciado a derechos sociales, como es el caso de la vivienda, salud, educación y trabajo, profundizando la desigualdad y precarizando aún más la vida de las personas.

Así, posiblemente hoy volveremos a escuchar una batería de anuncios que, en la práctica, no pasarán ni por considerar la opinión de las comunidades, ni avanzar en alternativas postextractivistas, ni cuestionen siquiera las amarres del extractivismo. Por el contrario, posiblemente hoy escucharemos nuevamente cómo la “virtuosa” alianza público-privada pretende vulnerar durante todo un año (y más) los derechos de la población y de la naturaleza.