Ministra Orellana y la promulgación de la ley integral contra la violencia de género: “Era un mandato que teníamos como país desde 1994”
Este viernes 14 de junio se publicó la normativa en el Diario Oficial. Un hito que es celebrado desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y que permitirá agilizar la prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencia.
Viernes 14 de junio 2024 13:53 hrs.
Ya es una realidad. Este viernes 14 de junio, amaneció publicada en las páginas del Diario Oficial la ley número 21.675, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de forma integral.
Un hito en lo que respecta a las políticas de género de nuestro país y que, para la ministra de la Mujer Antonia Orellana, es el resultado de un proceso que fue prioritario para el actual gobierno. “Estamos muy contentas porque esta ley fue la primera urgencia que ingresamos como ministerio y que anunciamos como gobierno antes de haber asumido, el 8 de marzo del 2022″, señaló Orellana en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Sin embargo, la ministra no desconoció que fue un debate laborioso. “Recordemos que se nos pidió la discusión por separado de cada artículo que mencionara la palabra ‘género’, así que fue un proceso bien arduo de discusión con todos los actores, que finalmente se logró aprobar por una mayoría amplia. Sólo un pequeño sector minoritario de la oposición recurrió al Tribunal Constitucional, trámite que por supuesto superamos porque el TC estableció que la educación no sexista es un término constitucionalmente apto y eficaz para poder, precisamente, prevenir la violencia“, afirmó la secretaria de Estado.
Hoy, y luego de una positiva evaluación del trabajo realizado dentro del Ejecutivo, la ministra y su equipo están dedicándose de lleno a su implementación y que, según explicó Orellana, tiene al menos tres grandes etapas: ” Una, son las normas de vigencia inmediata, que son las que tienen que ver con el fortalecimiento de las medidas cautelares y de protección, así como también los desafíos que involucra el considerar a los niños no solo como testigos, sino también como víctimas“, afirmó.
“Hay una segunda etapa de implementación que depende de los reglamentos que ahora debemos redactar junto a distintas instituciones públicas, que precisamente tienen que ver con salud, educación y por supuesto también los cambios para que nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pueda representar jurídicamente a las víctimas con menos trámite”, sumó la líder de la cartera de la Mujer.
Por último, añadió que “tiene una tercera etapa de implementación que va a ser acompañada, gracias al trabajo de nuestro ministerio, por el Banco Mundial. Y que busca que tengamos un sistema de gestión integrada de casos para preguntar menos y poder reaccionar más rápido y antes ante situaciones que son de alerta”.
La importancia de una ley integral
Para la ministra Orellana, resultaba fundamental que una legislación como esta se resolviera como una ley integral. “Este era un mandato que teníamos como país desde 1994, cuando Chile ratificó la Convención de Belem Do Pará“, recordó sobre la instancia convocada en Brasil para, precisamente, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En términos prácticos, ejemplificó con el siguiente caso: “Cuando en el gobierno anterior se legisló, bajo iniciativa de la ex senadora Muñoz, sobre monitoreo telemático de agresores con la tobillera, al mismo tiempo se estaba tramitando la ley Gabriela, que amplió el tipo penal del feminicidio. Y por lo tanto, el año pasado tuvimos que corregir una exclusión porque se tramitaron al mismo tiempo. El pololeo, que se consideró en la ley Gabriela como parte de las posibilidades del femicidio frustrado, quedó fuera del monitoreo telemático. Y esto, porque se avanzaba por partes”, explicó la ministra.
“Esa es la gracia de tener una ley integral, que precisamente evita que haya espacios vacíos entre las normas, porque somos las mujeres las que sufrimos esas incongruencias”, agregó Orellana.
Además, la representante del Ejecutivo adelantó algunas de las gestiones que ya están ocurriendo dentro del Poder Judicial: “En cuanto a la implementación, tenemos encargadas nacionales en las distintas instituciones, y ahí, la Corte Suprema ha designado a la ministra Gloria Chevesich como encargada de implementación en el Poder Judicial. Y el Ministerio Público, desde el Fiscal Nacional, ha designado a su encargada nacional de la unidad de género, que es la señora Ivonne Sepúlveda“.
Ya es una realidad. Este viernes 14 de junio, amaneció publicada en las páginas del Diario Oficial la ley número 21.675, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de forma integral.
Un hito en lo que respecta a las políticas de género de nuestro país y que, para la ministra de la Mujer Antonia Orellana, es el resultado de un proceso que fue prioritario para el actual gobierno. “Estamos muy contentas porque esta ley fue la primera urgencia que ingresamos como ministerio y que anunciamos como gobierno antes de haber asumido, el 8 de marzo del 2022″, señaló Orellana en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Sin embargo, la ministra no desconoció que fue un debate laborioso. “Recordemos que se nos pidió la discusión por separado de cada artículo que mencionara la palabra ‘género’, así que fue un proceso bien arduo de discusión con todos los actores, que finalmente se logró aprobar por una mayoría amplia. Sólo un pequeño sector minoritario de la oposición recurrió al Tribunal Constitucional, trámite que por supuesto superamos porque el TC estableció que la educación no sexista es un término constitucionalmente apto y eficaz para poder, precisamente, prevenir la violencia“, afirmó la secretaria de Estado.
Hoy, y luego de una positiva evaluación del trabajo realizado dentro del Ejecutivo, la ministra y su equipo están dedicándose de lleno a su implementación y que, según explicó Orellana, tiene al menos tres grandes etapas: ” Una, son las normas de vigencia inmediata, que son las que tienen que ver con el fortalecimiento de las medidas cautelares y de protección, así como también los desafíos que involucra el considerar a los niños no solo como testigos, sino también como víctimas“, afirmó.
“Hay una segunda etapa de implementación que depende de los reglamentos que ahora debemos redactar junto a distintas instituciones públicas, que precisamente tienen que ver con salud, educación y por supuesto también los cambios para que nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pueda representar jurídicamente a las víctimas con menos trámite”, sumó la líder de la cartera de la Mujer.
Por último, añadió que “tiene una tercera etapa de implementación que va a ser acompañada, gracias al trabajo de nuestro ministerio, por el Banco Mundial. Y que busca que tengamos un sistema de gestión integrada de casos para preguntar menos y poder reaccionar más rápido y antes ante situaciones que son de alerta”.
La importancia de una ley integral
Para la ministra Orellana, resultaba fundamental que una legislación como esta se resolviera como una ley integral. “Este era un mandato que teníamos como país desde 1994, cuando Chile ratificó la Convención de Belem Do Pará“, recordó sobre la instancia convocada en Brasil para, precisamente, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En términos prácticos, ejemplificó con el siguiente caso: “Cuando en el gobierno anterior se legisló, bajo iniciativa de la ex senadora Muñoz, sobre monitoreo telemático de agresores con la tobillera, al mismo tiempo se estaba tramitando la ley Gabriela, que amplió el tipo penal del feminicidio. Y por lo tanto, el año pasado tuvimos que corregir una exclusión porque se tramitaron al mismo tiempo. El pololeo, que se consideró en la ley Gabriela como parte de las posibilidades del femicidio frustrado, quedó fuera del monitoreo telemático. Y esto, porque se avanzaba por partes”, explicó la ministra.
“Esa es la gracia de tener una ley integral, que precisamente evita que haya espacios vacíos entre las normas, porque somos las mujeres las que sufrimos esas incongruencias”, agregó Orellana.
Además, la representante del Ejecutivo adelantó algunas de las gestiones que ya están ocurriendo dentro del Poder Judicial: “En cuanto a la implementación, tenemos encargadas nacionales en las distintas instituciones, y ahí, la Corte Suprema ha designado a la ministra Gloria Chevesich como encargada de implementación en el Poder Judicial. Y el Ministerio Público, desde el Fiscal Nacional, ha designado a su encargada nacional de la unidad de género, que es la señora Ivonne Sepúlveda“.
Ya es una realidad. Este viernes 14 de junio, amaneció publicada en las páginas del Diario Oficial la ley número 21.675, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de forma integral.
Un hito en lo que respecta a las políticas de género de nuestro país y que, para la ministra de la Mujer Antonia Orellana, es el resultado de un proceso que fue prioritario para el actual gobierno. “Estamos muy contentas porque esta ley fue la primera urgencia que ingresamos como ministerio y que anunciamos como gobierno antes de haber asumido, el 8 de marzo del 2022″, señaló Orellana en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Sin embargo, la ministra no desconoció que fue un debate laborioso. “Recordemos que se nos pidió la discusión por separado de cada artículo que mencionara la palabra ‘género’, así que fue un proceso bien arduo de discusión con todos los actores, que finalmente se logró aprobar por una mayoría amplia. Sólo un pequeño sector minoritario de la oposición recurrió al Tribunal Constitucional, trámite que por supuesto superamos porque el TC estableció que la educación no sexista es un término constitucionalmente apto y eficaz para poder, precisamente, prevenir la violencia“, afirmó la secretaria de Estado.
Hoy, y luego de una positiva evaluación del trabajo realizado dentro del Ejecutivo, la ministra y su equipo están dedicándose de lleno a su implementación y que, según explicó Orellana, tiene al menos tres grandes etapas: ” Una, son las normas de vigencia inmediata, que son las que tienen que ver con el fortalecimiento de las medidas cautelares y de protección, así como también los desafíos que involucra el considerar a los niños no solo como testigos, sino también como víctimas“, afirmó.
“Hay una segunda etapa de implementación que depende de los reglamentos que ahora debemos redactar junto a distintas instituciones públicas, que precisamente tienen que ver con salud, educación y por supuesto también los cambios para que nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género pueda representar jurídicamente a las víctimas con menos trámite”, sumó la líder de la cartera de la Mujer.
Por último, añadió que “tiene una tercera etapa de implementación que va a ser acompañada, gracias al trabajo de nuestro ministerio, por el Banco Mundial. Y que busca que tengamos un sistema de gestión integrada de casos para preguntar menos y poder reaccionar más rápido y antes ante situaciones que son de alerta”.
La importancia de una ley integral
Para la ministra Orellana, resultaba fundamental que una legislación como esta se resolviera como una ley integral. “Este era un mandato que teníamos como país desde 1994, cuando Chile ratificó la Convención de Belem Do Pará“, recordó sobre la instancia convocada en Brasil para, precisamente, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En términos prácticos, ejemplificó con el siguiente caso: “Cuando en el gobierno anterior se legisló, bajo iniciativa de la ex senadora Muñoz, sobre monitoreo telemático de agresores con la tobillera, al mismo tiempo se estaba tramitando la ley Gabriela, que amplió el tipo penal del feminicidio. Y por lo tanto, el año pasado tuvimos que corregir una exclusión porque se tramitaron al mismo tiempo. El pololeo, que se consideró en la ley Gabriela como parte de las posibilidades del femicidio frustrado, quedó fuera del monitoreo telemático. Y esto, porque se avanzaba por partes”, explicó la ministra.
“Esa es la gracia de tener una ley integral, que precisamente evita que haya espacios vacíos entre las normas, porque somos las mujeres las que sufrimos esas incongruencias”, agregó Orellana.
Además, la representante del Ejecutivo adelantó algunas de las gestiones que ya están ocurriendo dentro del Poder Judicial: “En cuanto a la implementación, tenemos encargadas nacionales en las distintas instituciones, y ahí, la Corte Suprema ha designado a la ministra Gloria Chevesich como encargada de implementación en el Poder Judicial. Y el Ministerio Público, desde el Fiscal Nacional, ha designado a su encargada nacional de la unidad de género, que es la señora Ivonne Sepúlveda“.
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