La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela emitió este martes su último informe respecto de la situación en dicho país. En él, se constatan una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales, así como un incremento en la persecución política y la represión a los opositores de aquel gobierno.
Según se expresa en dicho reporte, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, quipen agregó que “aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Además agrega que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
Asimismo, la Misión reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está subordinado a los intereses del poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.
Por su parte, Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos, indicó que “el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela emitió este martes su último informe respecto de la situación en dicho país. En él, se constatan una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales, así como un incremento en la persecución política y la represión a los opositores de aquel gobierno.
Según se expresa en dicho reporte, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, quipen agregó que “aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Además agrega que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
Asimismo, la Misión reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está subordinado a los intereses del poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.
Por su parte, Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos, indicó que “el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela emitió este martes su último informe respecto de la situación en dicho país. En él, se constatan una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales, así como un incremento en la persecución política y la represión a los opositores de aquel gobierno.
Según se expresa en dicho reporte, el gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, quipen agregó que “aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Además agrega que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
Asimismo, la Misión reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está subordinado a los intereses del poder Ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.
Por su parte, Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos, indicó que “el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”.
Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech after being sworn-in for his second mandate, at the Supreme Court of Justice (TSJ) in Caracas on January 10, 2019. - Maduro begins a new term that critics dismiss as illegitimate, with the economy in free fall and the country more isolated than ever. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP via Getty Images) 
