Un importante retraso existe en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana en el grueso de los municipios del país.
Este trámite es necesario para que cada municipalidad pueda reformar su actual institucionalidad y adaptarla a esta legislación, cuyo espíritu es brindarle a la ciudadanía más espacios para participar en la toma de decisiones de sus comunas.
Para esto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) envió un reglamento tipo para orientar a los municipios, sin embargo, este impugnado por distintas organizaciones sociales, las que solicitaron invalidar el documento, el que también llevaron a la Contraloría para que se pronuncie sobre su legalidad.
Al día de hoy, ni la Subdere, ni la Contraloría se han pronunciado respecto a este tema. Y pese a que el retraso del proceso ya suma más de dos semanas, Nicolás Facuse, miembro del área jurídica del Instituto Igualdad, apuntó a la calidad de los reglamentos a aprobar.
“El plazo que se había dado era el 16 de agosto, lo que nos importa es que independiente del plazo cuando se vaya a aprobar definitivamente este tema es que se apruebe bien, se apruebe el reglamento que esté ajustado y que sea coincidente con la ley de participación ciudadana. Eso es lo más relevante para nosotros”, explicó el experto.
Facuse indicó que gran parte de los pocos reglamentos aprobados son muy similares, sino son el mismo reglamento de la Subdere, que limita las atribuciones de la ley y que sigue concentrando el poder de decisión en la figura del alcalde y que ha sido calificado por la ciudadanía como “un franco retroceso”.
Esto se debe a que los municipios tuvieron muy poco tiempo para desarrollar y aprobar el reglamento, pese a que la ley se aprobó el 16 de febrero y estableció un plazo de 180 días. Sin embargo, la Subdere mandó la orientación en el mes julio, lo que les dejó un mes, sino menos tiempo para realizar este trámite administrativo.
Sobre esto se refirió Jorge Cisternas, miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad y de la Asociación Chilena de Voluntarios, para quien se ha actuado de forma deliberadamente lenta o al menos, sumamente despreocupada.
“Aquí ha sido clara las irresponsabilidades de las autoridades del gobierno central en el tema y también en el caso de los municipios la ausencia de participación, o sea es bastante irrisorio que en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana no exista participación ciudadana. Nosotros tenemos una evaluación bastante negativa de cómo se ha estado implementando, y en esto hay responsabilidad del gobierno central y de los municipios”, aseveró Nicolás Facuse.
Por esta razón los dirigentes sociales, junto al diputado socialista, Marcelo Díaz, se acercaron a la Contraloría para pedir que agilice su pronunciamiento sobre la legalidad de la orientación formulada por la Subsecretaría, que ha sido la base de un procedimiento lento y mal hecho, que no garantiza que, al final, la esperada Ley 20.500 se transforme en una herramienta útil de Participación Ciudadana.
Un importante retraso existe en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana en el grueso de los municipios del país.
Este trámite es necesario para que cada municipalidad pueda reformar su actual institucionalidad y adaptarla a esta legislación, cuyo espíritu es brindarle a la ciudadanía más espacios para participar en la toma de decisiones de sus comunas.
Para esto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) envió un reglamento tipo para orientar a los municipios, sin embargo, este impugnado por distintas organizaciones sociales, las que solicitaron invalidar el documento, el que también llevaron a la Contraloría para que se pronuncie sobre su legalidad.
Al día de hoy, ni la Subdere, ni la Contraloría se han pronunciado respecto a este tema. Y pese a que el retraso del proceso ya suma más de dos semanas, Nicolás Facuse, miembro del área jurídica del Instituto Igualdad, apuntó a la calidad de los reglamentos a aprobar.
“El plazo que se había dado era el 16 de agosto, lo que nos importa es que independiente del plazo cuando se vaya a aprobar definitivamente este tema es que se apruebe bien, se apruebe el reglamento que esté ajustado y que sea coincidente con la ley de participación ciudadana. Eso es lo más relevante para nosotros”, explicó el experto.
Facuse indicó que gran parte de los pocos reglamentos aprobados son muy similares, sino son el mismo reglamento de la Subdere, que limita las atribuciones de la ley y que sigue concentrando el poder de decisión en la figura del alcalde y que ha sido calificado por la ciudadanía como “un franco retroceso”.
Esto se debe a que los municipios tuvieron muy poco tiempo para desarrollar y aprobar el reglamento, pese a que la ley se aprobó el 16 de febrero y estableció un plazo de 180 días. Sin embargo, la Subdere mandó la orientación en el mes julio, lo que les dejó un mes, sino menos tiempo para realizar este trámite administrativo.
Sobre esto se refirió Jorge Cisternas, miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad y de la Asociación Chilena de Voluntarios, para quien se ha actuado de forma deliberadamente lenta o al menos, sumamente despreocupada.
“Aquí ha sido clara las irresponsabilidades de las autoridades del gobierno central en el tema y también en el caso de los municipios la ausencia de participación, o sea es bastante irrisorio que en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana no exista participación ciudadana. Nosotros tenemos una evaluación bastante negativa de cómo se ha estado implementando, y en esto hay responsabilidad del gobierno central y de los municipios”, aseveró Nicolás Facuse.
Por esta razón los dirigentes sociales, junto al diputado socialista, Marcelo Díaz, se acercaron a la Contraloría para pedir que agilice su pronunciamiento sobre la legalidad de la orientación formulada por la Subsecretaría, que ha sido la base de un procedimiento lento y mal hecho, que no garantiza que, al final, la esperada Ley 20.500 se transforme en una herramienta útil de Participación Ciudadana.
Un importante retraso existe en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana en el grueso de los municipios del país.
Este trámite es necesario para que cada municipalidad pueda reformar su actual institucionalidad y adaptarla a esta legislación, cuyo espíritu es brindarle a la ciudadanía más espacios para participar en la toma de decisiones de sus comunas.
Para esto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) envió un reglamento tipo para orientar a los municipios, sin embargo, este impugnado por distintas organizaciones sociales, las que solicitaron invalidar el documento, el que también llevaron a la Contraloría para que se pronuncie sobre su legalidad.
Al día de hoy, ni la Subdere, ni la Contraloría se han pronunciado respecto a este tema. Y pese a que el retraso del proceso ya suma más de dos semanas, Nicolás Facuse, miembro del área jurídica del Instituto Igualdad, apuntó a la calidad de los reglamentos a aprobar.
“El plazo que se había dado era el 16 de agosto, lo que nos importa es que independiente del plazo cuando se vaya a aprobar definitivamente este tema es que se apruebe bien, se apruebe el reglamento que esté ajustado y que sea coincidente con la ley de participación ciudadana. Eso es lo más relevante para nosotros”, explicó el experto.
Facuse indicó que gran parte de los pocos reglamentos aprobados son muy similares, sino son el mismo reglamento de la Subdere, que limita las atribuciones de la ley y que sigue concentrando el poder de decisión en la figura del alcalde y que ha sido calificado por la ciudadanía como “un franco retroceso”.
Esto se debe a que los municipios tuvieron muy poco tiempo para desarrollar y aprobar el reglamento, pese a que la ley se aprobó el 16 de febrero y estableció un plazo de 180 días. Sin embargo, la Subdere mandó la orientación en el mes julio, lo que les dejó un mes, sino menos tiempo para realizar este trámite administrativo.
Sobre esto se refirió Jorge Cisternas, miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad y de la Asociación Chilena de Voluntarios, para quien se ha actuado de forma deliberadamente lenta o al menos, sumamente despreocupada.
“Aquí ha sido clara las irresponsabilidades de las autoridades del gobierno central en el tema y también en el caso de los municipios la ausencia de participación, o sea es bastante irrisorio que en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana no exista participación ciudadana. Nosotros tenemos una evaluación bastante negativa de cómo se ha estado implementando, y en esto hay responsabilidad del gobierno central y de los municipios”, aseveró Nicolás Facuse.
Por esta razón los dirigentes sociales, junto al diputado socialista, Marcelo Díaz, se acercaron a la Contraloría para pedir que agilice su pronunciamiento sobre la legalidad de la orientación formulada por la Subsecretaría, que ha sido la base de un procedimiento lento y mal hecho, que no garantiza que, al final, la esperada Ley 20.500 se transforme en una herramienta útil de Participación Ciudadana.
