Con 105 votos a favor, el Congreso peruano decidió la noche del lunes aprobar la moción de vacancia presentada contra el ahora ex presidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción ocurridos mientras ejercía como gobernador de la provincia sureña de Moquegua, entre el 2011 y el 2014.
En sus alegaciones previas a la votación, Vizcarra reafirmó su inocencia y aseguró que no existen pruebas para sostener la acusación.
“Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, manifestó Vizcarra en su intervención en la Cámara.
Una vez conocido el éxito de la moción de censura, el reemplazante de Pedro Pablo Kuczynski comunicó su decisión de aceptar la decisión del Congreso y no iniciar acciones legales tendientes a enervar lo resuelto por el órgano legislativo, además abandonó rápidamente el Palacio de Gobierno.
“Salgo del Palacio de Gobierno como entré hace dos años ocho meses: con la frente en alto“, dijo Vizcarra ante las cámaras de televisión apostadas en las afueras de la residencia presidencial. “Directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder”, añadió.
Querido Pueblo Peruano:
Durante estos dos años y ocho meses de gobierno ustedes han sido mi mayor soporte y fortaleza. Juntos construimos este camino, a pesar de la adversidad. Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad.— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) November 10, 2020
Por su parte el Congreso peruano emitió un comunicado comprometiéndose a respetar la fecha de las próximas elecciones que fueron convocadas por el depuesto mandatario para el 11 de abril de 2021.
La vacancia del cargo de Presidente provocó protestas en las calles de distintas ciudades peruanas y tanto en Lima como en Arequipa la policía tuvo grandes dificultades para dispersar a los manifestantes que no respetaron el toque de queda de las 23 horas y se mantuvieron en las calles alegando un golpe de Estado de parte del Congreso.
Walter Martos, que debió dejar el cargo de primer ministro se dirigió a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y aseguró que la decisión de Vizcarra y su gabinete de no controvertir lo resuelto por el órgano legislativo tuvo como fin el no acrecentar la ya crítica situación política que vive el vecino país.
“No queremos crear una peor crisis de la que ha creado el Parlamento. En los próximos días, se darán cuenta de los negociados que ha habido por debajo de la mesa. No queremos crear una mayor crisis”.
El reemplazante de Vizacarra, quien jurará en el cargo este marte a las 17 horas (local), es el congresista Manuel Merino del partido Acción Popular. Sus primeras declaraciones fueron para pedir “tranquilidad a todos los peruanos y fundamentalmente a los medios de comunicación”.
Merino fue cuestionado severamente cuando antes de la votación de la anterior moción de vacancia contra Vizcarra contactó a través de su edecán a las Fuerzas Armadas para que, una vez destituido el presidente, apoyaran al proceso de salida del mandatario. Lo anterior fue considerado como conspiración y un intento de sedición por parte del ahora depuesto gobierno, sin embargo Merino puso paños fríos al asunto alegando que su comunicación con las FF.AA. solo había sido un “llamado a la calma”.
Manuel Merino, el próximo presidente del Perú, fue elegido congresista con 5.271 votos. Esto es: el 3,19% de los electores hábiles de Tumbes (164.881). A su vez, en esa región está apenas el 0,66% de de todos los electores hábiles del país (casi 25 millones). pic.twitter.com/u5QO01v4gA
— Paolo Benza (@paolobenza) November 10, 2020
Hasta ahora la situación en Perú se mantiene en tensión, toda vez que la declaración de vacancia ha sido ampliamente rechazada por la ciudadanía, que ha manifestado altos niveles de aprobación a la gestión Vizacarra, pero también por parte de políticos, expertos constitucionalistas, analistas e incluso el propio Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien derechamente pidió que el Congreso rectificara su decisión.