La senadora Soledad Alvear y los diputados Matías Walker y Patricio Vallespín, se reunieron con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para analizar los últimos acontecimientos que marcaron el fracasado proyecto Barrancones en la zona de Punta de Choros.

Alvear señaló que solicitaron al contralor investigar los antecedentes que llevaron a la Armada a cambiar repentinamente su decisión para aprobar la instalación del fallido proyecto de las termoeléctricas en la Región de Coquimbo.

“El 23 de agosto el director de la Corema de la Región de Coquimbo le manda un oficio a la Gobernación Marítima con el objeto que se pronuncie sobre un proyecto por el que ya se habían pronunciado. A las tres y media de la tarde llega un oficio, sin fundamento alguno, que sin acompañar ningún antecedente, ahora dice que el proyecto debe llevarse a efecto. Si bien este proyecto ya no se va a efectuar, el procedimiento debe ser estudiado, cuáles son los antecedentes que la Gobernación Marítima tuvo a la vista para cambiar de opinión en cuatro días”, denunció la senadora DC.

A esto se suma la solicitud de que se investigue el posible conflicto de interés de altas autoridades de Medio Ambiente del Gobierno en el proyecto Termoeléctrica Cruz Grande relacionados con la actual ministra del ramo, María Ignacia Benítez.

Patricio Vallespín agregó que esta situación debe explicitarse para que no se saquen conclusiones cuando sea tarde.

“No esperemos el informe del Contralor, yo creo que él está claro que acá hay inhabilidades bastante amplias en la legislación, ella debiera inhabilitarse ya. Lo preocupante es que esta consultora ha participado de muchos otros estudios y ella debiera declararse inhabilitada en todos los proyectos donde participó como consultora antes. Hoy cambió de giro, está en otro rol, no puede mantener las dos chapas  y eso es lo que estamos pidiendo que el Contralor diga categóricamente”, sostuvo el diputado.

Lo importante, se dijo, es que funcione una verdadera institucionalidad ambiental, para que no se termine instaurando la práctica del ‘telefonazo’, cuando a alguien con influencias le guste o no un proyecto.

Ante estas críticas, el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, indicó que “se ha dicho que con esta decisión las instituciones se pusieron a prueba, pero esto viene de personas que nunca han tenido una preocupación por la defensa de ellas. Estimamos que el proyecto tenía desventajas y se cumplió con toda la legalidad formal existente hoy. Sin embargo, creemos que esta puede ser una gran oportunidad para gatillar un estudio efectivo de la planificación del territorio y para que se promueva un debate público respecto de cómo se enfrentan las necesidades energéticas del país”.

Pese a ello, el senador Guido Girardi ya anunció que enviará al Congreso en los próximos días dos proyectos de ley que permitan regular la institucionalidad ambiental exigiendo que se aumente el aporte tributario de las mineras y que se les obligue a que utilicen la energías renovables en un 30 por ciento, ya que a su juicio “son las mineras las que utilizan en mayor cantidad la energía de nuestro país, y es justamente para ellas que se están construyendo esta serie de centrales a carbón”.

Hidroaysén en la mira

El igualmente controversial proyecto Hidroaysén también está bajo la lupa parlamentaria por eventuales conflictos de intereses.

Esta vez, la atención está puesta en la Dirección Nacional de Aguas que otorgó los derechos de aguas para la central hidroeléctrica, los que no se habían podido obtener durante varios años.

Según indicó el diputado del PPD Enrique Accorsi esto se habría logrado a través de las influencias del abogado Carlos Ciappa, quien fue jefe de la dirección jurídica de Hidroaysén y que ahora se desempeña como asesor jurídico del organismo estatal.

“Los abogados jefes de Hidroaysén, que eran los peticionarios de los derechos de agua, ahora son los asesores jurídicos de la Dirección General de Aguas. Con esto lograron algo que ellos no habían podido materializar durante mucho tiempo. Mediante un decreto que firmó el Director General de Aguas, Matías Desmandryl, a favor de la compañía Hidroaysén, ahora sí los tienen. Ahí se manifiesta un tráfico de influencias y se lo estamos haciendo presente a Contraloría y al mismo Director de Aguas para que se inhabilite de firmar esos decretos porque es incompatible”, precisó Accorsi.

Los antecedentes sobre esta supuesta irregularidad ya están en Contraloría. Varios parlamentarios de la denominada “bancada Verde” enviaron un oficio el pasado 4 de agosto solicitando el pronunciamiento de este organismo frente al tema.

Por su parte, el abogado ambientalista y académico de la Universidad de Chile, Patricio Rodrigo, destacó que esta situación abre el paso a que se realicen  cambios en materia de institucionalidad ambiental.

“Hay que equilibrar la política ambiental que necesita el país para ser verdaderamente sustentable, que equipare su crecimiento económico con su protección ambiental y su justicia social. Eso hay que conciliarlo con la política energética y  con otra crucial, que en este momento es inexistente  en el país, que es la del ordenamiento del territorio. Cualquier proyecto se puede instalar en cualquier parte de acuerdo a lo que le conviene a las empresas y el Estado tiene un rol pasivo. Eso no puede continuar”, dijo Rodrigo.

El jurista señaló además que “hay que tener cuidado con el discurso que se está estableciendo desde Hidroaysén porque está desinformando a la opinión pública. Está haciendo que se confunda la modernización de la política energética. Pero en realidad ésta debería estar enfocada en que los territorios se abastezcan del mayor grado posible de energía en función de sus recursos propios. Los sistemas interconectados deben existir para cuando algo falle algo en alguna zona, otra pueda responder y nada más”.

Los  parlamentarios de oposición elaboraron un listado de todos los proyectos que “intervienen zonas protegidas” en nuestro país. La idea es  solicitar la resolución presidencial sobre al menos diez iniciativas de centrales termoeléctricas, además de varias mineras que pretenden instalarse o expandirse en el territorio nacional.