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Año XII, 23 de septiembre de 2020

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Caso Penta: SII presenta denuncia por más de $615 millones en documentos falsos

Estos nuevos antecedentes de la arista política en el bullado caso Penta, se incluyen en la querella que presentó hoy el Servicio de Impuestos Internos por delitos tributarios en contra de los representantes legales de seis empresas por, hasta el momento, 258 boletas y facturas falsas, las que habrían sido usadas para financiar campañas políticas.

Diario Uchile

  Miércoles 8 de octubre 2014 12:40 hrs. 
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Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos presentó esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público que busca investigar los posibles aportes irregulares a campañas políticas por parte del grupo Penta.

Con esto, se da un paso en la arista penal y política del llamado caso Penta, ampliando las indagaciones al financiamiento de las campañas para elecciones primarias, parlamentarias y presidenciales, de todos los sectores políticos.

La acción penal busca investigar como presuntos autores de delito tributario a los representantes legales de Empresas Penta S.A.; Inversiones Penta III Ltda.; Inmobiliaria Duero Ltda.; Inversiones Challico Ltda.; Inversiones Santa Sarella Ltda.; e Inversiones Perkita Ltda.

Según acusa Impuestos Internos, el ilícito se habría cometido  “por la utilización indebida de boletas de honorarios y facturas falsas para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de dichas sociedades”. Mecanismo con el que, de paso, se habrían financiado campañas políticas de forma irregular.

Por medio de un comunicado, el Servicio señaló que “la acción penal denuncia también por delito tributario a los representantes legales de Empresas Penta SA, por rebajar indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron, emitidas por la empresa Penta Corredores de Bolsa S.A., filial del Banco Penta S.A., por montos que superan los $2.000 millones, en los Años Tributarios 2009 y 2010” .

“La acción penal está dirigida también en contra de personas que, de acuerdo a los antecedentes obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a través de la entrega de boletas de honorarios o facturas falsas, según el caso, las que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas individualizadas, por trabajos o servicios que no se realizaron o prestaron (…) Asimismo, se dirige en contra de todas las demás personas que resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados”, detalla el comunicado.

Según los antecedentes que hasta el momento analizan los fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del SII, se han encontrado  258 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto líquido de $ 615.745.236.

Comisión investigadora

Este tema ha encendido los ánimos en el Congreso desatando declaraciones cruzadas, defensas, críticas y excusas. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la creación de dos comisiones investigadoras por el Caso Penta. Esto,  ante la llamada la arista política del caso que apunta a irregularidades en el financiamiento de campañas electorales.

La primera iniciativa fue promovida por parlamentarios de la Nueva Mayoría, siendo ratificada por 69 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones. Su objetivo será conocer las acciones de fiscalización que ha asumido el Servicio de Impuestos Internos frente a este caso.

El diputado del PC Daniel Núñez, uno de los impulsores de esta iniciativa explicó que “esta comisión se gestó por un caso grave que es la investigación que lidera el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público respecto de un fraude tributario de gran envergadura cometido por el Grupo Penta y que además en los últimos días ha mostrado otras aristas”.

“Y lo más importante de todo es que los diputados se hayan atrevido a constituir esta comisión también es una señal. Es una señal a los poderosos de Chile, se acabó el tiempo donde los grupos económicos actuaban como amos y señores del país, como dueños de la política. Hoy todos tenemos que rendir cuentas ante el organismo respectivo como cualquier ciudadano”, explicó el parlamentario.

La Cámara Baja también  aprobó una segunda comisión investigadora solicitada por la Alianza y que abordará el financiamiento de todas las campañas electorales desde el 2005 -cuando comenzó a operar el actual sistema de financiamiento en la política-, incluyendo candidaturas presidenciales y parlamentarias. Ésta última instancia fue aprobada por 94 votos a favor, uno en contra y 8 abstenciones. A pesar de que la UDI había solicitado la fusión de ambas comisiones ésta no se concretó y las dos instancias funcionarán en forma paralela.

El diputado socialista, Fidel Espinoza, comentó la apuesta del partido opositor.

“Si ellos tienen antecedentes sobre otras personas que recibieron aportes irregulares, por favor que lo hagan saber, porque en eso no tenemos dobles lecturas. Aquí quien recibió aportes irregulares en su campaña deben asumir sus responsabilidades y sus partidos políticos también. Este es un tema gravísimo para Chile, se termina el tema donde los grupos empresariales compraban escaños en el parlamento. Es una mentira y una burla para los chilenos decir que no sabían quiénes les aportan”, acusó.

El diputado Felipe Ward de la Unión Demócrata Independiente (UDI) aseguró que “esto es un paso adelante, obviamente que va a ser un poco complicado funcionar con dos comisiones investigadoras que tienen básicamente el mismo objeto y en la UDI votaron en contra de la comisión que presenta la Nueva Mayoría, porque es inconstitucional”.

“Presunción de inocencia, dejar que las instituciones funcionen y no corresponde pronunciarse en base a informaciones de prensa o rumores. Hasta el momento no hay ninguna notificación al Partido ni a ningún partido, a ninguna persona en particular o candidato. La información se sigue dando vuelta en torno a lo mismo, si esta avanza, obviamente se requerirá un nuevo pronunciamiento, hasta ahora hemos encausado donde corresponde la investigación, en la comisión de la Cámara de Diputados”, dijo el gremialista.

Ward aclaró que será la Comisión de Constitución de la Cámara la encargada de pronunciarse acerca de la legalidad y constitucionalidad de la comisión presentada por la Nueva Mayoría.