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Año XII, 25 de septiembre de 2020

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Presentan denuncia contra Ministerio de Justicia por retraso en libertad de reclusos

Según la ONG Leasur durante 2014 y principios de 2015, período en que el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, encabezaba la cartera de Justicia, más de 500 reclusos habrían sido privados de libertad. De acuerdo a la información, con ello se habría vulnerado la Ley 19.856 que rebaja las condenas por buen comportamiento.

Abril Becerra

  Martes 24 de noviembre 2015 11:10 hrs. 
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Entre 2014 e inicios de 2015, más de quinientas personas privadas de libertad que habían obtenido la rebaja de condena por su buen comportamiento (véase recuadro) fueron mantenidas en prisión injustamente. El Ministerio de Justicia —presidido en ese momento por José Antonio Gómez, actual ministro de Defensa— impuso una nueva política de revisión para otorgarles ese derecho, excediéndose con ello en sus atribuciones e impidiendo o retrasando ilegal y arbitrariamente su liberación.

La Organización No Gubernamental (ONG) Litigio Estructural en Derechos Humanos (LEASUR), que se dedica al estudio y crítica de la política criminal del Estado chileno, y a la defensa de los derechos de la población penal, representó judicialmente a varias de las víctimas y decidió presentar una denuncia criminal en contra de los personeros del Ministerio de Justicia que resulten responsables por los delitos de prevaricación administrativa e irregularidades en la detención.

María de los Ángeles Barros, subdirectora de Leasur, sostuvo que esto se produjo porque el entonces ministro del ramo José Antonio Gómez, no firmó los documentos emanados desde Gendarmería: “El objetivo de la denuncia es que se investigue quienes fueron los responsables de vulnerar el derecho constitucional a la libertad de más de 500 personas. En definitiva, lo que nosotros queremos con esta denuncia es que se cumpla la ley”.

La denuncia se basa en el incumplimiento de la Ley 19.856 que señala que las personas que están en la cárcel tienen derecho a una rebaja del tiempo de su condena de dos meses por año si se comportan de modo “sobresaliente”.

A diciembre de 2014, la Defensoría Penal Pública, Leasur, CONFAPRECO y otras ONG ya habían interpuesto cientos de recursos de amparo en favor de los afectados, los que fueron acogidos tanto por las Cortes de Apelaciones como por la Corte Suprema. Los máximos tribunales señalaron reiteradamente que la decisión de reducir el tiempo de privación de libertad está radicada exclusivamente en la Comisión de Reducción de Condena y que al Ministerio de Justicia le corresponde solo ejecutarla. Sin embargo, y contraviniendo lo ordenado por el Poder Judicial, los personeros de la cartera continuaron violando la garantía constitucional de libertad de cientos de chilenos.

María de los Ángeles Barros agregó que “Gendarmería, que los evalúa cada dos meses, va registrando las conductas de los internos y los antecedentes son remitidos a la comisión de reducción de rebaja de condena que examina y califica los antecedentes. Una vez acreditados los requisitos objetivos establecidos en la ley, correspondería al Ministerio de Justicia proceder a ejecutar el derecho mediante la dictación del decreto de liberación”. Desde la ONG explicaron que la cartera de Justicia habrían infringido la ley deliberadamente, porque sabían que negar o retrasar la liberación de quienes ya habían obtenido la rebaja de condena, no era parte de sus atribuciones.