Proyectos de ley, reuniones, solicitudes a la Presidenta y entrevistas, son algunos de los mecanismos que han utilizado algunos senadores en su estrategia para conseguir beneficios para los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, actualmente recluidos en Punta Peuco.
Según la ONG Leasur durante 2014 y principios de 2015, período en que el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, encabezaba la cartera de Justicia, más de 500 reclusos habrían sido privados de libertad. De acuerdo a la información, con ello se habría vulnerado la Ley 19.856 que rebaja las condenas por buen comportamiento.
