Es innegable que desde distintos sectores existe molestia con el ministro de Defensa. Decepción incluso, luego de sus afirmaciones de este martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara. Y es que José Antonio Gómez no sólo acompañó al comandante en jefe del Ejército. También respaldó con fuerza sus aseveraciones.
Desde la propia Nueva Mayoría lo han dicho. Es necesario que el Ministerio de Defensa asuma un rol más activo y diligente, al menos en lo que se refiere a esclarecimientos de violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, luego que el general Humberto Oviedo reconociera que aún permanecen contratados en el Ejército 36 ex agentes de la CNI.
En conversación con el programa Semáforo, y junto con asegurar que los pactos de silencio aún existen, el diputado radical Alberto Robles, correligionario del ministro de Defensa, apuntó al Gobierno y, particularmente, al propio Gómez.
“Yo espero que el Gobierno se conduzca con fuerza y, por cierto, en el caso de mi correligionario José Antonio Gómez, también espero la misma fuerza para defender el tema de los derechos humanos”.
Así mismo, agregó que “desde el punto de vista nuestro, respaldar todo aquello que signifique si es que hay que realizar cambios legislativos para tener una actitud racional. No puede terminar como general de Ejército en retiro una persona, por ejemplo, como el señor Contreras”.
Más crítica aún, la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, Juana Aguilera, advirtió que no puede darse solamente una política unilateral. Debe existir una democratización de toda la sociedad, a propósito de los acuerdos y pactos de silencio que se han mantenido entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos de la postdictadura.
Por ello, se detuvo en las responsabilidades del ámbito civil, así como en el desempeño del ministro Juan Antonio Gómez, al criticar la actitud de “bajar el perfil de estas situaciones y aplacar las demandas que provienen del campo de los derechos humanos. Por esa razón, cerrar hoy Punta Peuco, o lo que sea, sería un detalle, si mantienen estos acuerdos de impunidad vigentes. Y dejarnos de una buena vez de jugar a esta democracia, que ha sido tibia, restringida y que está tutelada”.
Paralelamente, tal como se anunciara la semana pasada, luego de las exigencias que manifestara Carmen Gloria Quintana a un grupo de senadores, la Cámara Alta aprobó un proyecto de acuerdo que solicita a los organismos de la administración pública entregar información que permita el esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico-militar, particularmente a las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad.
Es innegable que desde distintos sectores existe molestia con el ministro de Defensa. Decepción incluso, luego de sus afirmaciones de este martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara. Y es que José Antonio Gómez no sólo acompañó al comandante en jefe del Ejército. También respaldó con fuerza sus aseveraciones.
Desde la propia Nueva Mayoría lo han dicho. Es necesario que el Ministerio de Defensa asuma un rol más activo y diligente, al menos en lo que se refiere a esclarecimientos de violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, luego que el general Humberto Oviedo reconociera que aún permanecen contratados en el Ejército 36 ex agentes de la CNI.
En conversación con el programa Semáforo, y junto con asegurar que los pactos de silencio aún existen, el diputado radical Alberto Robles, correligionario del ministro de Defensa, apuntó al Gobierno y, particularmente, al propio Gómez.
“Yo espero que el Gobierno se conduzca con fuerza y, por cierto, en el caso de mi correligionario José Antonio Gómez, también espero la misma fuerza para defender el tema de los derechos humanos”.
Así mismo, agregó que “desde el punto de vista nuestro, respaldar todo aquello que signifique si es que hay que realizar cambios legislativos para tener una actitud racional. No puede terminar como general de Ejército en retiro una persona, por ejemplo, como el señor Contreras”.
Más crítica aún, la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, Juana Aguilera, advirtió que no puede darse solamente una política unilateral. Debe existir una democratización de toda la sociedad, a propósito de los acuerdos y pactos de silencio que se han mantenido entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos de la postdictadura.
Por ello, se detuvo en las responsabilidades del ámbito civil, así como en el desempeño del ministro Juan Antonio Gómez, al criticar la actitud de “bajar el perfil de estas situaciones y aplacar las demandas que provienen del campo de los derechos humanos. Por esa razón, cerrar hoy Punta Peuco, o lo que sea, sería un detalle, si mantienen estos acuerdos de impunidad vigentes. Y dejarnos de una buena vez de jugar a esta democracia, que ha sido tibia, restringida y que está tutelada”.
Paralelamente, tal como se anunciara la semana pasada, luego de las exigencias que manifestara Carmen Gloria Quintana a un grupo de senadores, la Cámara Alta aprobó un proyecto de acuerdo que solicita a los organismos de la administración pública entregar información que permita el esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico-militar, particularmente a las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad.
Es innegable que desde distintos sectores existe molestia con el ministro de Defensa. Decepción incluso, luego de sus afirmaciones de este martes ante la Comisión de Defensa de la Cámara. Y es que José Antonio Gómez no sólo acompañó al comandante en jefe del Ejército. También respaldó con fuerza sus aseveraciones.
Desde la propia Nueva Mayoría lo han dicho. Es necesario que el Ministerio de Defensa asuma un rol más activo y diligente, al menos en lo que se refiere a esclarecimientos de violaciones a los derechos humanos.
Por ejemplo, luego que el general Humberto Oviedo reconociera que aún permanecen contratados en el Ejército 36 ex agentes de la CNI.
En conversación con el programa Semáforo, y junto con asegurar que los pactos de silencio aún existen, el diputado radical Alberto Robles, correligionario del ministro de Defensa, apuntó al Gobierno y, particularmente, al propio Gómez.
“Yo espero que el Gobierno se conduzca con fuerza y, por cierto, en el caso de mi correligionario José Antonio Gómez, también espero la misma fuerza para defender el tema de los derechos humanos”.
Así mismo, agregó que “desde el punto de vista nuestro, respaldar todo aquello que signifique si es que hay que realizar cambios legislativos para tener una actitud racional. No puede terminar como general de Ejército en retiro una persona, por ejemplo, como el señor Contreras”.
Más crítica aún, la presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, Juana Aguilera, advirtió que no puede darse solamente una política unilateral. Debe existir una democratización de toda la sociedad, a propósito de los acuerdos y pactos de silencio que se han mantenido entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos de la postdictadura.
Por ello, se detuvo en las responsabilidades del ámbito civil, así como en el desempeño del ministro Juan Antonio Gómez, al criticar la actitud de “bajar el perfil de estas situaciones y aplacar las demandas que provienen del campo de los derechos humanos. Por esa razón, cerrar hoy Punta Peuco, o lo que sea, sería un detalle, si mantienen estos acuerdos de impunidad vigentes. Y dejarnos de una buena vez de jugar a esta democracia, que ha sido tibia, restringida y que está tutelada”.
Paralelamente, tal como se anunciara la semana pasada, luego de las exigencias que manifestara Carmen Gloria Quintana a un grupo de senadores, la Cámara Alta aprobó un proyecto de acuerdo que solicita a los organismos de la administración pública entregar información que permita el esclarecimiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura cívico-militar, particularmente a las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad.
