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Año IX, 17 de diciembre de 2017

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Defensa de fiscal Arias acusa a Ministerio Público de “prestar ropa” a ejecutivos de CGE

G. Castillo y V. Viñals |Miércoles 7 de junio 2017 22:48 hrs.

Emiliano Arias

Marisa Navarrete, abogada del fiscal Emiliano Arias, desestimó los cargos presentados por la Fiscalía Nacional en contra de su representado, en atención a una serie de declaraciones que apuntaban al rol de la eléctrica CGE en algunos de los incendios forestales que afectaron a la región de O’Higgins en el verano.

Ayer se conocieron los cargos levantados por la Fiscalía Nacional en contra el fiscal de la región de O’Higgins, Emiliano Arias. La medida se realizó por varias declaraciones del fiscal, que apuntaban a la empresa eléctrica CGE como posible responsable de los incendios forestales que ocurridos en enero y febrero de este año que arrasaron con miles de hectáreas de la zona centro sur del país.

Los cargos se presentaron en medio de un proceso sumario iniciado en abril de este año por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a petición de los abogados de los tres ejecutivos de la Compañía General de Electricidad (CGE), imputados por su rol en el inicio de los incendios forestales que afectaron a la Sexta Región.

Lee aquí El Lobby de la eléctrica CGE para deslegitimar la investigación de la fiscalía

Los cargos atribuidos por el Ministerio Público al fiscal Arias fueron por tres tipos de infracciones: al deber de desempeñar personal y fielmente las funciones de su cargo; al deber de obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico; y al deber de guardar secreto de la información de que tome conocimiento por razones de su cargo.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada del fiscal Arias, Marisa Navarrete, calificó como “infundadas” estas acusaciones.

“A nuestro juicio no son efectivos ninguno de los hechos que se le imputan. Si usted analiza los cargos que se realizan ahí, por ejemplo haber dado entrevistas sin pedir autorización al fiscal nacional, y las instrucciones vigentes que datan de la época de Guillermo Piedrabuena señalan algo distinto, señalan que los fiscales regionales deben adelantarse a hablar con la prensa, los instan a que hablen y den entrevistas o cuñas de televisión, radio y prensa escrita porque se entiende que estamos en un sistema en el que predomina la transparencia y ellos tienen esa primera obligación”, declaró.

La abogada refutó estos planteamientos del Ministerio Público, haciendo énfasis que en algunos casos, las normas vigentes al interior de la Fiscalía son explícitas en permitir a los persecutores realizar declaraciones y entrevistas a los medios de comunicación en medio de los procesos judiciales.

Marisa Navarrete agregó que es “absolutamente irreal” el cargo presentado en contra de su representado de haber violado el secreto de la investigación basado en una reunión que el fiscal Arias tuvo con un grupo de víctimas, ya que en ella sólo se les orientó sobre “normas generales” respecto del proceso en curso.

Ceder a la presión

Sobre la posible existencia de presiones de parte de algunos de los imputados y ejecutivos de la compañía CGE y de acciones tendientes a obstaculizar la investigación, la abogada Navarrete sostuvo que, si bien se trata de un asunto difícil de probar, se constata que “cuando se trata de imputados que tienen cierto poder económico o político” la actuación del persecutor se torna molesta para ellos.

“Si en definitiva no estuviera desarrollando su trabajo correctamente y estuvieran muy contentos los imputados de esta empresa, algo raro resultarían estos cargos. No se trata de que las defensas puedan hacer estas gestiones para enlodar el trabajo del fiscal, el tema es cómo desde la Fiscalía Nacional, se le presta ropa a estas denuncias que no tienen fundamento, y eso es lo grave”, sostuvo.

En círculos de la fiscalía de Rancagua consideran que la medida del Fiscal Nacional, quien reiteradamente se ha mostrado cercano a los intereses de los grandes poderes del país, corresponde a una “persecución”. Pero, al mismo tiempo, muestran su confianza: “Si tratan de sancionarnos, significa que vamos por el buen camino”.

Contactado por este medio, el fiscal Emiliano Arias no quiso referirse a este tema.

Sanciones

Marisa Navarrete explicó que el levantamiento de cargos no necesariamente implica que tenga que dejar el caso, se trata de que se abra la posibilidad de que el Fiscal Nacional imponga alguna sanción que eventualmente podría ser que la causa sea conducida a otro fiscal. “Eso es una facultad que siempre tiene el Fiscal Nacional, independientemente que se aplique una sanción administrativa”, aseguró.

“Aquí se le formulan cargos y luego pasa al Fiscal Nacional, quien es el que dispone la sanción a aplicar, que puede ser desde una censura, a una amonestación, una multa, una suspensión del cargo, (que son) todas medidas disciplinarias que están establecidas en la reglamentación”.

Finalmente, la representante del fiscal Emiliano Arias expresó que estarán atentos a la sanción que tome el fiscal nacional, Jorge Abbott, contra el persecutor, la que en caso de ser severa daría pie al uso de los recursos de apelación correspondientes.