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Caso incendios: el lobby de la eléctrica CGE para deslegitimar la investigación de la fiscalía

Victoria Viñals |Lunes 10 de abril 2017 22:27 hrs.

25 de Octubre del 2012/SANTIAGO
El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias Madariaga, se relaja fumando un cigarro, antes de ingresar al centro de justicia, para la formalización de los cuatro Carabineros implicados en caso de corrupción.
FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO

La compañía, que controla el 40 por ciento del mercado nacional, teme multimillonarias multas y que las indagaciones del fiscal Emiliano Arias escalen hasta su directorio. Por ello ha desplegado una estrategia para torpedear las investigaciones. Ya tuvieron un éxito: que el fiscal nacional Jorge Abbott accediera a abrir un sumario en contra de su propio fiscal.

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Para este miércoles 12 de abril está fijada la audiencia de formalización de Jorge Vuchetich, Pablo Yañez y José Reyes, los tres ingenieros de la Compañía General Eléctrica (CGE), como presuntos autores de negligencias de la empresa que facilitaron los incendios que este verano arrasaron con gran parte de la zona central del país.

Este procedimiento, liderado por el fiscal de la región de O´Higgins, Emiliano Arias, se realizará como parte de la investigación que busca determinar las posibles responsabilidades penales en los violentos incendios forestales ocurridos este verano en Pumanque y Paredones, en la Sexta Región.

La tesis que estaría barajando la Fiscalía es que el incendio iniciado el 17 de enero en Pumanque se habría originado por la violación a las normas que obligan a las empresas eléctricas a mantener franjas de seguridad de al menos cinco metros por donde pasa el tendido eléctrico.

Según fuentes vinculadas al caso, el fuego comenzó cuando ramas de eucaliptos hicieron contacto con el tendido eléctrico, provocando chispas que, a su vez, dieron origen a esos mega-incendios.

Estos antecedentes, y la pública determinación de Arias de llegar con su investigación hasta el final, son los elementos que han propiciado a los abogados de la compañía eléctrica a iniciar una estrategia para deslegitimar las acciones de la fiscalía.

El temor de CGE no es sólo exponerse a multas multimillonarias, sino que el fiscal escale su investigación y busque a los “responsables intelectuales” de estas negligencias en el directorio mismo de la compañía.

El primer paso de la estrategia de la eléctrica fue la solicitud hecha por los abogados de la compañía en orden a iniciar un sumario administrativo en contra del fiscal Arias. El principal argumento que motivó la acción fue el registro del audio de una conversación sostenida el 1 de febrero por el fiscal con vecinos afectados por los incendios de Pumanque.

“Es mi obligación y responsabilidad como fiscal asegurar que en caso de que estos sean condenados les paguen, los indemnicen de alguna manera porque se trata de sociedades anónimas que transan en la bolsa y que puedo asegurar su responsabilidad (…) Participen con nosotros en la investigación penal. Actuemos”, habría señalado Arias en esa oportunidad.

En relación al sumario y a la estrategia de la empresa eléctrica, el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, explicó que este tipo de maniobras han estado presentes no sólo en este, sino que en varios otros casos que han alcanzado connotación mediática.

“Nosotros vemos como una estrategia general de las defensas que, en vez de atacar los hechos e ir al fondo de los temas, tratan de atacar al Ministerio Público y particularmente a los fiscales que llevan las investigaciones. Esto es algo que nosotros hemos detectado: a propósito de declaraciones generales, que no afectan el mérito de la investigación, se hace toda una polvareda, se trata de deslegitimar. Son estrategias procesales”.

Las redes de CGE

El tejido de influencia de CGE se extiende mucho más allá del Sistema Interconectado Central. Una somera revisión de sus vinculaciones alcanza de inmediato al mundo político.

La actual gerente de comunicaciones de CGE es Katia Trusich, quien asumió su puesto sólo cinco meses después de que renunciara a su cargo como subsecretaria de Economía. Trusich es esposa del senador del PPD Felipe Harboe y jugaría un rol clave en CGE después de que, tras su llegada a la gerencia de comunicaciones, fichara como asesora de la compañía eléctrica a la empresa de comunicación estratégica y lobby Azerta. Cabe recordar que una de las socias de Azerta es Cristina Bitar, sobrina del ex ministro Sergio Bitar y ex integrante del comando presidencial de Joaquín Lavín a mediados del año 2000.

Y no sólo eso.

La solicitud presentada en febrero por los ejecutivos de CGE fue patrocinada por tres abogados: Cristián Muga y Leonardo Battaglia, ambos socios del renombrado bufete de Abogados Puga Ortiz, estudio jurídico especializado en casos de alta complejidad, y Rodrigo De la Barra Cousiño, uno de los abogados defensores en el Caso Penta.

Y es que CGE no es cualquier empresa. Desde finales de 2014, está incorporada a Gas Natural Fenosa, un grupo multinacional de origen español, con presencia en más de 30 países y con más de 23 millones de clientes. En Chile, CGE  se ha concentrado en el negocio de la energía. Según registra el Reporte Eléctrico de Transmisión y Distribución de mayo de 2016, elaborado por la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, CGE tiene 2,7 millones de clientes en Chile, captando el 44% del mercado nacional.

En una muestra de la ofensiva comunicacional que ha desplegado la empresa, y que ha sido acogida en la prensa tradicional, el gerente general de la compañía Eduardo Apablaza se refirió este domingo en una entrevista con El Mercurio a las formalizaciones y negó cualquier responsabilidad de los futuros formalizados en los incendios. “No resulta verosímil ni razonable que ejecutivos de la compañía tuvieran la intención de causar incendios, no encontramos fundamento alguno para que se les impute alguna responsabilidad penal”.

De nuevo, Abbott

La ofensiva pública de la eléctrica CGE ha encontrado un aliado valioso: el propio fiscal nacional, Jorge Abbott, quien parece tener en la mira a Arias. De hecho, Abbott tardó apenas un mes en dar curso a la petición de los abogados de la compañía para iniciar un sumario en contra de su fiscal que investiga el caso. Este es el segundo sumario iniciado en contra de Emiliano Arias en menos de un año, después de que se investigase su actuación por unas declaraciones en el marco del Caso Corpesca.

También, en su evaluación anual, Abbott calificó a Arias con un 6,2 lo que representa una baja considerable en atención al historial de notas 7 que había obtenido el persecutor durante años.

Pese a la potenete estrategia jurídica y mediática desplegada por la eléctrica, fuentes al interior del Ministerio Público de la región de O’ Higgins afirman que Arias estaría tranquilo. Aseguran que el fiscal “no pisará los palitos” que diariamente le lanzan los abogados de la eléctrica. Y es que Arias tendría bastante presente lo que hace pocos días sucedió con sus colegas Norambuena y Gajardo, que fueron llamados a declarar en los propios casos que llevan adelante, abriendo así la puerta para que los defensores pidan su inhabilitación.

“Los abogados en estos grandes casos intuyen que hay un Ministerio Público débil, que Abbott agachará la cabeza ante cualquier presión, y de eso se aprovechan”, afirma una fuente de la fiscalía.