Diario y Radio U Chile

Año X, 22 de octubre de 2018

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El movimiento del Río Puelo que dejó sin permiso ambiental a la hidroeléctrica Mediterráneo

Tras la revocación de la Corte Suprema de la resolución de calificación ambiental al proyecto hidroeléctrico mediterráneo, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Josefina Vigouroux, directora ejecutiva de la ONG Puelo Patagonia.

Francisco Velásquez

  Lunes 8 de enero 2018 16:30 hrs. 
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 El máximo tribunal jurisdiccional anuló el permiso ambiental del proyecto hidroeléctrico de la empresa Mediterráneo que buscaba instalarse en el Río Puelo, comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. La decisión se fundó en que el estudio antropológico presentado por la compañía era insuficiente para medir los impactos que podría generar dicha operación, sumado a que no existió consulta indígena en el lugar.

El proyecto, que buscaba generar 210 megawatts (MW) de electricidad para inyectar al sistema interconectado central, es de propiedad de José Cox, Fernando Elgueta y Roberto Hagemann, y consideraba una inversión de cuatrocientos millones de dólares, además de la construcción de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje de 63 kilómetros, para llevar energía a Puerto Montt.

La campaña “Río Puelo Sin Torres” fue una de las iniciativas comunicacionales que permitió dar a conocer el conflicto entre la comunidad de Cochamó y la empresa Mediterráneo. Su página de Facebook tiene 53.045 seguidores y en el pueblo solo habitan 4 mil personas, por lo que la difusión y alcance de este tema se debió, en parte a la gestión de la ONG.

 ¿Cuándo y cómo comienza el conflicto y en qué momento se generaron las primeras manifestaciones por parte de la comunidad?

Según la memoria histórica de las personas de Puelo, el conflicto existe desde hace 20 años, ya que este sector siempre fue visitado por gente de Endesa que constantemente estaba haciendo mediciones en el río y sus terrenos, es más, dicha empresa tiene los derechos de agua del Río Puelo hace 15 o 20 años.

El proyecto hidroeléctrico Mediterráneo obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental en 2014 y la comunidad inició sus movilizaciones a partir de 2012 cuando la empresa comenzó a realizar las primeras consultas ciudadanas y levantamiento de información.

Quien comenzó la lucha en contra de la instalación de este proyecto fue el movimiento “Mujeres Sin Frontera”, conformado por habitantes de la cuenca del Puelo por ambos lados de la cordillera. Se inició con cabalgatas en protesta contra la instalación, a lo que se sumaron movilizaciones cuidadanas independientes y nuevos movimientos. Todos preocupados de los pasos de la empresa, de estar presente en las consultas ciudadanas, tanto de las organizadas por la empresa como las de los servicios públicos. Siempre fue muy activa la participación de la comunidad de Puelo en todo lo que era relativo al río.

La gente vive del río, es cosa de ver un mapa y percatarse que los asentamientos humanos están repartidos en la ribera del Puelo. En general son personas dedicadas a la ganadería, incluso en los inicios de estos poblados, el sector cordillerano no tenía acceso por tierra, entonces toda la gente se movía a través del río, por lo tanto, los habitantes de esta zona tienen estrecha relación con él, por eso siempre estuvieron pendientes de lo que querían hacer con el Puelo.

En la actualidad la gente se dedica al turismo, la pesca con mosca y arriendan sus cabañas. El río Puelo es su vida.

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¿Cuáles y cómo se gestaron los principales hitos de la defensa del río Puelo?

La gente comenzó a movilizarse, llegaron los soportes técnicos y jurídicos de organizaciones sin fines de lucro que apoyaron la lucha. Con esto se dio curso a las primeras causas en el Juzgado de Policía Local de Puerto Montt, y así se ingresaron observaciones y reclamaciones al proyecto Mediterráneo.

En los dos años que llevo trabajando en la ONG Puelo Patagonia y llevando adelante la campaña Puelo Sin Torres, he podido vivenciar junto a la comunidad hitos que marcaron el desarrollo de este proceso. Recuerdo las reclamaciones en el Tercer Tribunal Ambiental donde ganamos en primera instancia y  logramos que se revocara la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Mediterráneo. Ese fue un gran logro.

Paralelo a lo de la calificación ambiental, la empresa comenzó a construir un camino para dar acceso a la faena, sin embargo, esta obra no fue ingresada a estudio de impacto ambiental como parte del proyecto hidroeléctrico, sino que fue fragmentado, situación que tuvimos que enfrentar con otro juicio en el Tribunal Ambiental.

No tuvo tan buen resultado como la lucha contra la central, pero también marcó un punto de inflexión cuando la Superintendencia de Medio Ambiente decidió paralizar las obras luego de tres años de reclamos por parte de la comunidad. El río estaba contaminado, ya que la empresa IRLA, de propiedad de Roberto Hagemann, estaba arrojando los sedimentos del camino sin autorización al río Manso, además de talar el bosque nativo sin autorización de Conaf e incluso trasladando explosivos en las barcazas abordadas por los vecinos.

Estaban ingresando maquinaria sin tener un plan de ingeniería, autorización ambiental ni permisos sectoriales. Paralizar la construcción de este camino también fue relevante, ya que las personas veían cómo las maquinarias pasaban por al frente de sus ojos sin que nadie los fuera a fiscalizar, pero un vecino de Puelo logró sobrevolar el camino y recolectó los antecedentes necesarios: videos y fotografías que finalmente evidenciaron el grave daño que se estaba haciendo al río Manso. Con dicha información, por fin, el fiscalizador fue a la zona y Conaf constató que hubo un grave daño ambiental y se sancionó a la empresa encargada de construir el camino.

Finalmente, lo más importante fue la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental, porque la comunidad estuvo denunciando desde 2013 que habían graves falencias en el estudio antropológico de la central hidroeléctrica, que no se había considerado la fauna en peligro de extinción en el lugar, que no había medición de impactos en el camino, lo que dio como resultado que la posición de la comunidad fue atendida y se paralizó el proyecto.

¿Hubo redes políticas que presionaron para que el proyecto Mediterráneo se aprobara?

José Cox es socio y amigo histórico de Sebastián Piñera, por lo tanto, se sabe que es una persona que maneja parte de la cartera de proyectos del ex presidente. Por lo mismo, nosotros creemos que existe una influencia política importante.

Este proyecto fue aprobado a última hora antes del cambio de gobierno de Piñera, se le avisó a la comunidad porque se filtró la información pocas horas antes de que el Comité de Ministros se reuniera y aprobara el proyecto Mediterráneo. Nosotros siempre hemos dicho que este proyecto fue aprobado entre gallos y media noche, siempre al borde de lo legítimo y creemos que es una iniciativa que tenía una red política muy grande.

Son empresarios chilenos que han hecho otro tipo de proyectos, como la Ruta de la Madera y luego vendieron la concesión al Estado.  Es lo mismo que quieren hacer con el camino que pretenden construir en el Río Puelo y están buscando que financie el MOP.

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¿Cómo  se percibió el rol del Consejo de Ministros y la institucionalidad medioambiental durante el conflicto?

Los estudios de impacto ambiental en Chile los hacen las empresas de la mano de grandes consultoras. En el caso de Mediterráneo fue asesorado por Jaime Illanes y asociados Consultora S.A.; son ellos los que levantan la información, toman muestras al azar, que no siempre resultan ser representativas. Por ejemplo, en este proyecto no se estaba considerando a la comunidad indígena Domingo Cayun Panicheo, que es la más grande del lugar y que  vive en una zona aledaña al sector de impacto de la central. Pese a ello, no se les pidió su opinión.

En el caso del camino, la comunidad denunció durante tres años los impactos que producía la construcción y la autoridad ambiental no había ido a fiscalizar. Nosotros recientemente ingresamos una denuncia para evidenciar que los trabajos del camino seguían contaminando el río y la autoridad ambiental publicó un acta donde explica que, en su fiscalización, no fue posible llegar al lugar de emplazamiento del proyecto por el difícil acceso y la cantidad de lluvia que había en el lugar. Si una autoridad ambiental no puede llegar al lugar de emplazamiento y no es capaz de fiscalizar un proyecto que está afectando a una comunidad completa, yo creo que es deficiente.

¿Cuáles fueron la claves que permitieron la articulación de la comunidad y qué le recomendaría a otros movimientos que se encuentran en conflictos socio-ambientales?

Yo creo que lo principal es el movimiento social, el empoderamiento de la gente del territorio. La lucha del pueblo de Cochamó no se caracterizó por ser muy grande, contar con mucha influencia política, ni grandes sumas de dinero, sino que fue una lucha que surgió desde la gente, del empoderamiento, el convencimiento que tienen en cuál es el sentido de su territorio.

La comunidad tenía una idea clara hacia dónde ir y de la necesidad de un desarrollo armónico con el medio ambiente. Fue clave resguardarse con herramientas legales para tener los argumentos jurídicos para presentar denuncias, sostener un juicio y elevar recursos que puedan combatir los argumentos que tiene el Estado y las empresas para, de esa forma, desarticular el proyecto.

Por eso tener una buena espalda técnica y jurídica es igual de importante que tener una buena convocatoria ciudadana local y nacional. Sumado a eso, Puelo es un lugar reconocido a nivel internacional por su ecosistema, fue declarado reserva de la biósfera por UNESCO,  es una zona de interés turístico declarado por Sernatur. Todas esas herramientas que quizás no tienen peso jurídico, también sirven como buenos argumentos para levantar campañas medioambientales y sociales connotadas.

 ¿Cuál fue el rol de las comunidades indígenas del sector?

El argumento que fue tomado en cuenta por el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema es principalmente el componente indígena: la falta de consulta, la conexión que tiene la comunidad indígena que vive en el lado cordillerano chileno y argentino con su tierra, la relación que tienen con el río Manso y sus vecinos. Todo eso fue clave para que este resultado fuera favorable a la comunidad.

Acá toda la gente se conoce, es una población donde viven cuatro mil personas en una extensión de tierra muy amplia. Entonces siempre han vivido en comunidad, no hay problema de dónde vienen ni dónde van, si eres indígena o no lo eres. En general el objetivo era el mismo, terminar con el proyecto que afectaría el río Manso y en eso, nunca hubo problemas ni diferencias.