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Año X, 25 de septiembre de 2018

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Rodrigo Mundaca: “Hay una criminalización de la lucha por el agua”

Rodrigo Mudaca, Mónica Vilches, Víctor Queipul, son algunos nombres de defensores de sus territorios que han tenido que enfrentar amenazas, juicio, persecución y violencia. Amnistía Internacional en su informe anual, denuncia la vulneración sistemática que se ha cometido en contra de quienes han luchado por reivindicar el derecho a los recursos naturales esenciales para la vida.

Francisco Velásquez

  Sábado 24 de febrero 2018 10:03 hrs. 
Rodrigo mundaca

Latinoamérica se ha transformado en una región cada vez más peligrosa para quienes defienden los recursos naturales de uso público como el agua y la tierra. Esto, porque las grandes inversiones agropecuarias y mineras mantienen privatizados estos recursos esenciales para la vida de las comunidades.

En Chile solo queda un diez por ciento de los derechos de agua sin privatizar y hay sectores donde la usurpación de este recurso ha generado un desabastecimiento que mantiene a territorios en crisis. Es el caso de la provincia de Petorca, que en buena parte ha tenido que recurrir a camiones aljibes para contar con el vital recurso.

Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (Modatima), ha sido enjuiciado y condenado por sus declaraciones, discursos y confrontación a quienes ostentan el poder político y económico en Chile y que, además, son los dueños de buena parte de los recursos naturales necesarios para la vida del territorio.

“Modatima surge en 2009 como una organización de resistencia en torno a la lucha por el agua y para denunciar a conspicuos políticos y empresarios que usurpan agua en el territorio. En 2012, luego de una entrevista a CNN en la que denuncié la usurpación de aguas hecha por Edmundo Pérez Yoma en sus campos, recibí la primera querella por injurias con publicidad por medio del estudio Puga y Ortiz. Entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos, enfrenté la querella de Pérez Yoma y luego me armaron un juicio por un discurso que di en la plaza pública de La Ligua, donde hablé del robo de agua y señalé a los responsables. Luego me enjuiciaron en Concepción por declaraciones en un programa en Radio Biobío y en Quillota por exponer este tema en el diario El Impacto”, contó el activista.

“Dijimos, durante los dos años que estuvimos yendo a tribunales, que había un atentado a la libertad de expresión y un claro intento de criminalizar y silenciar la lucha por el agua y, particularmente, también atentar contra el legítimo derecho que tenemos los chilenos de denunciar un crimen que es tremendamente violento: privar a una comunidad del agua”, añadió.

Rodrigo Mundaca fue condenado en La Ligua a firma mensual durante un año y al pago de una multa de 140 mil pesos que, a través de una campaña, fue pagada en monedas de un peso. En 2015 lo agredieron en la calle y en 2017 recibió amenazas de muerte, luego de una publicación en un diario danés, que señalaba que “los inversionistas de ese país no le seguirían comprando paltas a los ladrones del agua”.

Mundaca explica que “ha habido una decisión política de criminalizar, invisibilizar y destruir a hombres y mujeres que lo único que hemos hecho ha sido luchar por la recuperación de un bien común que es indispensable para nuestras comunidades y nuestros territorios. Creo que este es el momento de decir todo lo que ha sucedido en torno a mi persona en particular, pero también en torno a nuestro movimiento Modatima, donde hombres y mujeres han sido perseguidos y censurados por la misma situación, como el caso de  Mónica Vilches, quien también ha sido amenazada en reiteradas ocasiones”, denuncia el activista de Petorca.

Protección para los defensores de la tierra y el agua

Amnistía Internacional ha denunciado el hostigamiento y amenazas propinadas a Rodrigo Mundaca. En el informe anual de este organismo, el activista de Petorca aparece mencionado en el capítulo chileno como una de las personas que deben ser protegidas por el Gobierno por su labor en la defensa de los Derechos Humanos, situación semejante a la del lonko Víctor Queipul, quien fue secuestrado, amenazado y perseguido por la defensa que ha hecho del territorio ancestral mapuche.

Según explica Roberto Morales, vocero de la organización, “la idea es que estos casos que aparecen invisibilizados puedan ser mostrados y conocidos por las personas que tienen interés y, en este sentido, establecer que estas personas que están defendiendo su tierra y agua, son defensores de DD.HH. y necesitan la protección de la sociedad civil y del Estado, que necesariamente debe estar para proteger a las personas que defienden los DD.HH. en sus territorios”.

“En su campaña, Sebastián Piñera dijo que daría certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se iba a tocar. Esa certeza tiene que ver con dar garantías, particularmente a la Sociedad Nacional de Agricultura y al Consejo Minero, de que el agua va a seguir siendo un bien de capital. Dentro del nuevo gabinete hay cinco ministros que tienen intereses sobre derechos de aprovechamiento de aguas, por lo que el trabajo de estos políticos será por todos los medios mantener el agua como un bien de capital y financiero”, explica Rodrigo Mundaca.

Por su parte, Roberto Morales recalca que “el derecho internacional establece que son los Estados los principales defensores y violadores de DD.HH., pero también se ha incorporado a las empresas, ya que pueden cumplir un rol muy importante pero también muy nefasto, sobre todo en el caso latinoamericano. Hay conflictos de interés que son muy fuertes, especialmente en temas como la tierra y el agua”.

En el caso de Chile, se ha visto que las denuncias que presentan activistas medioambientales o representantes del pueblo mapuche son investigadas con poca rigurosidad y han llegado a conclusiones erradas. Es el caso de la investigación por la muerte de Macarena Valdés, apuntada primero como un suicidio, tesis descartada luego por el perito forense financiado por la familia. “Lo que sucede es que esas investigaciones no son realizadas en los tiempos adecuados ni con la rigurosidad que uno esperaría para que las personas afectadas sean defendidas por el Estado como tal”, finaliza Morales.