Un clima de incertidumbre es el que ronda en la discusión de las modificaciones al impuesto específico a las utilidades operacionales de la industria minera, más comúnmente conocido como royalty.

La propuesta del Ejecutivo, que forma parte de la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción, fue rechazada el miércoles en el Senado y trasladó la discusión a comisión mixta.

Los legisladores de la oposición argumentaron su voto de rechazo calificando como un despropósito establecer un royalty voluntario a cambio de entregar el beneficio de invariabilidad tributaria a las mineras hasta el 2025, comprometiendo cuatro gobiernos sucesivos.

En ese plano, el senador PPD de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, acusó al gobierno de Sebastián Piñera de proponer un “blindaje tributario” a las grandes mineras con esta nueva legislación de royalty.

“El gobierno en un proyecto de reconstrucción, por la puerta trasera, por la puerta chica, trata de hacer una modificación sobre un tema que es importante para Chile (…) lo que tenemos acá es una propuesta que en castellano y en simple: quiere vender barato, algo que es muy caro. Hay un silencio de las grandes mineras en esta discusión porque sería un buen negocio comprar invariabilidad tributaria a US$600 millones”, afirmó el parlamentario.

En picada contra la oposición, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, tildó de una “pequeñez política” el voto de la Concertación en la Cámara Alta.

“Nosotros hemos usado la misma fórmula que el gobierno anterior planteó en su momento, no hemos cambiado nada el sistema que se aprobó en el gobierno de (Ricardo) Lagos… Aquí con terremoto se propone ampliar lo que se había formulado, por eso que es tan incomprensible este rechazo que sólo se puede atribuir a una pequeñez política”, dijo el líder gremialista.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín,  dijo tener “esperanza” que en “una comisión mixta esto se pueda revertir” y el nuevo royalty sea aprobado. Sin embargo, anticipó que el gobierno está evaluando otras fuentes de financiamiento si es que este artículo fuera rechazado nuevamente.

“Esos seiscientos millones de dólares los necesitamos para financiar la reconstrucción, pero buscaremos otras vías de financiamiento si es que no se aprueba el royalty minero. Nosotros no vamos a dejar de reconstruir el país porque no está disponible este sistema, sin embargo, creemos que otros vías para obtener recursos no son las más ideales”, advirtió el secretario de estado.

La invariabilidad de un recurso no renovable

El sistema para la tributación de las empresas mineras contempla que la tasa del gravamen que antes era fija en un 4% hoy día va a ser una tasa variable que se mueve entre 3,5 y 9%, dependiendo del margen operacional de las mineras y de las fluctuaciones  del precio del cobre.

A cambio de aceptar voluntariamente este esquema, el gobierno ofrecerá a las empresas una invariabilidad tributaria adicional de ocho años, la cual se ampliará desde el 2017 al 2025.

Considerando el precio promedio del metal rojo, que en un escenario conservador oscila entre 2,3 y 2,5 dólares la libra, el gobierno espera recaudar a través de este mecanismo más de 600 millones de dólares.

El presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, no obstante, afirma que la extensión de la invariabilidad tributaria tendrá un efecto nocivo en la recaudación fiscal de mediano plazo.

“Seiscientos millones estaría recaudando con este royalty el gobierno, pero estaríamos perdiendo más de US$20.000 millones, eso no tiene sentido. Pero además si el gobierno el año 2018 no aplicará políticas de tributación extraordinaria similares a las de Australia, se estarían perdiendo más de 50.000 millones de dólares”, explicó.

A juicio del economista, no sería beneficioso aumentar hoy la invariabilidad de impuestos, ya que esta vence el 2018 y a partir de allí se podría aplicar una verdadera tasa de royalty a las mineras. “Lo que debería aplicarse en ese período sería una regalía minería del 20% de sus ventas, por esa razón no tiene sentido elevar la invariabilidad tributaria”.

Dado que las grandes mineras están protegidas por la invariabilidad tributaria que les otorga el Decreto Ley 600, en sus distintas modalidades, no se logrará en lo inmediato ninguna mayor recaudación si no se consigue convencer a las empresas que voluntariamente paguen más impuesto en el corto plazo.

En ese sentido, el presidente de la Sonami, Alberto Salas, ha manifestado que cada firma cuprífera deberá ponderar los beneficios y costos de acoger un mecanismo impositivo de este tipo.

Sin embargo, Javier Cox, gerente general del Consejo Minero, criticó el proyecto de ley que busca elevar voluntariamente el royalty. “Obviamente, para un sector como la gran minería hay cosas que no nos gustan mucho, como es la discriminación (…) Ningún otro sector está sujeto a un impuesto específico. El sistema tributario de Chile es muy simple, tiene impuestos iguales para todos, y que ahora solamente este impuesto suba, para nosotros resulta discriminatorio”, dijo el ejecutivo.

En otros países de producción minera, se suele aplicar un royalty a la extracción de minerales, que implican altas cargas tributarias para las empresas, pues se trata de la explotación de recursos que no son renovables.