Suman y siguen las denuncias. Ahora son las agrupaciones vinculadas a la materia las que reclaman “discriminación” por parte del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, especialmente de su directora Rosy Lama. Según las organizaciones no sólo no han sido escuchados por el gobierno, sino que además acusan la realización de “secretas reuniones” sin invitarlos.
El último de estos encuentros se habría realizado el pasado lunes 5 de julio en las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, y los únicos invitados habría sido la Policía de Investigaciones.
Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la actitud del gobierno es “inaceptable”. “Nosotros al presentar estas cien querellas con nuestros abogados comprometidos con la agrupación se realiza una reunión con la sección de derechos humanos de la PDI sin la presencia de los familiares y los abogados que llevaron adelante las querellas”, denunció la dirigenta.
La cita habría sido para abordar el curso de las nuevas querellas que la agrupación ha venido presentando en las últimas semanas y que continuará interponiendo en los próximos días, lo que, según Alicia Lira, habría motivado la molestia y conseguiente exclusión de parte del gobierno.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunció que el Programa de DDHH prefiere tener mayor cercanía con los implicados en casos de lesa humanidad que con las víctimas. “La prueba más latente de cuál es la actitud del gobierno actual (es que) su secretaria ejecutiva, Rosy Lama se comunica con Izurieta cuando es llamado a declarar, se reúne con los uniformados en retiro y si eso para el gobierno no es grave es porque ella está en la misión de cumplir el compromiso de Sebastián Piñera que es por una parte de terminar con los juicios y de abrir la puerta del indulto presidencial”.
En este sentido el diputado comunista y abogado de DDHH, que incluso logró en su momento procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, cree que todas las acciones del Programa de DDHH son designaciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera.
“Las causas de derechos humanos nos han costado años de nuestras vidas para que haya justicia en el país, por lo que no vamos a aceptar que venga alguien a pautear a los abogados que han dado una lucha frontal contra la impunidad. Eso no se condice con el estado de avance que ha tenido nuestra democracia. Sin embargo, ahora hay un Presidente de la República que a través del ministerio del Interior está pauteando a los abogados que llevan estas causas, lo que no vamos a aceptar”, enfatizó el parlamentario.
Estos problemas se suman las posibles vinculaciones de altos funcionarios públicos en crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, citado a declarar como testigo en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara. Y la citación, en calidad de inculpado, del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, por la denominada Operación Cóndor.
Polémicas, a las que recordemos, se agregan las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en una entrevista con el diario La Segunda cuestionó la eficiencia de los abogados del programa de DDHH de su ministerio.
Suman y siguen las denuncias. Ahora son las agrupaciones vinculadas a la materia las que reclaman “discriminación” por parte del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, especialmente de su directora Rosy Lama. Según las organizaciones no sólo no han sido escuchados por el gobierno, sino que además acusan la realización de “secretas reuniones” sin invitarlos.
El último de estos encuentros se habría realizado el pasado lunes 5 de julio en las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, y los únicos invitados habría sido la Policía de Investigaciones.
Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la actitud del gobierno es “inaceptable”. “Nosotros al presentar estas cien querellas con nuestros abogados comprometidos con la agrupación se realiza una reunión con la sección de derechos humanos de la PDI sin la presencia de los familiares y los abogados que llevaron adelante las querellas”, denunció la dirigenta.
La cita habría sido para abordar el curso de las nuevas querellas que la agrupación ha venido presentando en las últimas semanas y que continuará interponiendo en los próximos días, lo que, según Alicia Lira, habría motivado la molestia y conseguiente exclusión de parte del gobierno.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunció que el Programa de DDHH prefiere tener mayor cercanía con los implicados en casos de lesa humanidad que con las víctimas. “La prueba más latente de cuál es la actitud del gobierno actual (es que) su secretaria ejecutiva, Rosy Lama se comunica con Izurieta cuando es llamado a declarar, se reúne con los uniformados en retiro y si eso para el gobierno no es grave es porque ella está en la misión de cumplir el compromiso de Sebastián Piñera que es por una parte de terminar con los juicios y de abrir la puerta del indulto presidencial”.
En este sentido el diputado comunista y abogado de DDHH, que incluso logró en su momento procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, cree que todas las acciones del Programa de DDHH son designaciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera.
“Las causas de derechos humanos nos han costado años de nuestras vidas para que haya justicia en el país, por lo que no vamos a aceptar que venga alguien a pautear a los abogados que han dado una lucha frontal contra la impunidad. Eso no se condice con el estado de avance que ha tenido nuestra democracia. Sin embargo, ahora hay un Presidente de la República que a través del ministerio del Interior está pauteando a los abogados que llevan estas causas, lo que no vamos a aceptar”, enfatizó el parlamentario.
Estos problemas se suman las posibles vinculaciones de altos funcionarios públicos en crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, citado a declarar como testigo en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara. Y la citación, en calidad de inculpado, del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, por la denominada Operación Cóndor.
Polémicas, a las que recordemos, se agregan las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en una entrevista con el diario La Segunda cuestionó la eficiencia de los abogados del programa de DDHH de su ministerio.
Suman y siguen las denuncias. Ahora son las agrupaciones vinculadas a la materia las que reclaman “discriminación” por parte del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, especialmente de su directora Rosy Lama. Según las organizaciones no sólo no han sido escuchados por el gobierno, sino que además acusan la realización de “secretas reuniones” sin invitarlos.
El último de estos encuentros se habría realizado el pasado lunes 5 de julio en las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, y los únicos invitados habría sido la Policía de Investigaciones.
Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la actitud del gobierno es “inaceptable”. “Nosotros al presentar estas cien querellas con nuestros abogados comprometidos con la agrupación se realiza una reunión con la sección de derechos humanos de la PDI sin la presencia de los familiares y los abogados que llevaron adelante las querellas”, denunció la dirigenta.
La cita habría sido para abordar el curso de las nuevas querellas que la agrupación ha venido presentando en las últimas semanas y que continuará interponiendo en los próximos días, lo que, según Alicia Lira, habría motivado la molestia y conseguiente exclusión de parte del gobierno.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunció que el Programa de DDHH prefiere tener mayor cercanía con los implicados en casos de lesa humanidad que con las víctimas. “La prueba más latente de cuál es la actitud del gobierno actual (es que) su secretaria ejecutiva, Rosy Lama se comunica con Izurieta cuando es llamado a declarar, se reúne con los uniformados en retiro y si eso para el gobierno no es grave es porque ella está en la misión de cumplir el compromiso de Sebastián Piñera que es por una parte de terminar con los juicios y de abrir la puerta del indulto presidencial”.
En este sentido el diputado comunista y abogado de DDHH, que incluso logró en su momento procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, Hugo Gutiérrez, cree que todas las acciones del Programa de DDHH son designaciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera.
“Las causas de derechos humanos nos han costado años de nuestras vidas para que haya justicia en el país, por lo que no vamos a aceptar que venga alguien a pautear a los abogados que han dado una lucha frontal contra la impunidad. Eso no se condice con el estado de avance que ha tenido nuestra democracia. Sin embargo, ahora hay un Presidente de la República que a través del ministerio del Interior está pauteando a los abogados que llevan estas causas, lo que no vamos a aceptar”, enfatizó el parlamentario.
Estos problemas se suman las posibles vinculaciones de altos funcionarios públicos en crímenes de lesa humanidad, como es el caso del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, citado a declarar como testigo en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara. Y la citación, en calidad de inculpado, del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, por la denominada Operación Cóndor.
Polémicas, a las que recordemos, se agregan las declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en una entrevista con el diario La Segunda cuestionó la eficiencia de los abogados del programa de DDHH de su ministerio.
