La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por doce funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que fueron despedidos bajo el argumento de que ya no se requerían sus servicios.
El fallo del tribunal precisa que las razones otorgadas por la entidad pública “no son causa suficiente” de despido, “ya que se invoca un supuesto exceso de personal, pero al no modificarse las partidas de gastos consiguientes, ni renunciar a la posibilidad a otras personas en las vacantes, significa cambiar unos funcionarios por otros, lo que constituye un acto inmotivado, faltando así un requisito esencial de un acto administrativo que es la motivación”.
En relación a aquellos funcionarios que prestan sus servicios a contrata y honorarios, el escrito plantea que “es un camino ágil para poder cubrir las necesidades del personal de la administración pública y, estas dos condiciones no significan que estos funcionarios puedan ser privados de sus cargos, sin otra consideración que un mero arbitrio del ente administrativo”.
Finalmente, la resolución agrega que los actos de la entidad pública fueron realizados bajo el principio de “la discrecionalidad administrativa –que- es un mecanismo útil para la administración, pero no puede aceptarse ni menos entendérsela como un mecanismo posible y habilitante para prescindir de la Ley”.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, calificó la decisión del tribunal como “contundente” y aseguró que refuerza la posición de los empleados fiscales respecto de la arbitrariedad de las desvinculaciones.
“Este fallo marca un precedente fundamental para los hechos que están sucediendo hoy no sólo con los trabajadores del ministerio sino que de toda la administración pública. La Corte marca un derrotero respecto de la fórmula que el servicio debe utilizar y que la famosa frase que apela a la prescindencia del servicio no tiene ningún fundamento jurídico. La decisión es unánime y establece que las argumentaciones del servicio son insuficientes y algunas, prácticamente, fuera de la legalidad”, sostuvo el dirigente.
El fallo obliga a la Seremi de Educación de Valparaíso a reintegrar a los funcionarios despedidos, quienes deberán permanecer en sus puestos de trabajo hasta que se finalice su contrato en diciembre de este año.
Por lo mismo, Barrera aseguró que para enfrentar la situación futura de las personas que llevan más de quince años de servicio y que, posiblemente, sean desvinculados, Andime interpondrá la próxima semana una demanda civil indemnizatoria donde se pedirá el pago del lucro cesante, del daño emergente y del daño moral.
De esta forma, la situación laboral de los empleados fiscales estaría viendo soluciones a través de la vía judicial.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por doce funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que fueron despedidos bajo el argumento de que ya no se requerían sus servicios.
El fallo del tribunal precisa que las razones otorgadas por la entidad pública “no son causa suficiente” de despido, “ya que se invoca un supuesto exceso de personal, pero al no modificarse las partidas de gastos consiguientes, ni renunciar a la posibilidad a otras personas en las vacantes, significa cambiar unos funcionarios por otros, lo que constituye un acto inmotivado, faltando así un requisito esencial de un acto administrativo que es la motivación”.
En relación a aquellos funcionarios que prestan sus servicios a contrata y honorarios, el escrito plantea que “es un camino ágil para poder cubrir las necesidades del personal de la administración pública y, estas dos condiciones no significan que estos funcionarios puedan ser privados de sus cargos, sin otra consideración que un mero arbitrio del ente administrativo”.
Finalmente, la resolución agrega que los actos de la entidad pública fueron realizados bajo el principio de “la discrecionalidad administrativa –que- es un mecanismo útil para la administración, pero no puede aceptarse ni menos entendérsela como un mecanismo posible y habilitante para prescindir de la Ley”.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, calificó la decisión del tribunal como “contundente” y aseguró que refuerza la posición de los empleados fiscales respecto de la arbitrariedad de las desvinculaciones.
“Este fallo marca un precedente fundamental para los hechos que están sucediendo hoy no sólo con los trabajadores del ministerio sino que de toda la administración pública. La Corte marca un derrotero respecto de la fórmula que el servicio debe utilizar y que la famosa frase que apela a la prescindencia del servicio no tiene ningún fundamento jurídico. La decisión es unánime y establece que las argumentaciones del servicio son insuficientes y algunas, prácticamente, fuera de la legalidad”, sostuvo el dirigente.
El fallo obliga a la Seremi de Educación de Valparaíso a reintegrar a los funcionarios despedidos, quienes deberán permanecer en sus puestos de trabajo hasta que se finalice su contrato en diciembre de este año.
Por lo mismo, Barrera aseguró que para enfrentar la situación futura de las personas que llevan más de quince años de servicio y que, posiblemente, sean desvinculados, Andime interpondrá la próxima semana una demanda civil indemnizatoria donde se pedirá el pago del lucro cesante, del daño emergente y del daño moral.
De esta forma, la situación laboral de los empleados fiscales estaría viendo soluciones a través de la vía judicial.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por doce funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Educación que fueron despedidos bajo el argumento de que ya no se requerían sus servicios.
El fallo del tribunal precisa que las razones otorgadas por la entidad pública “no son causa suficiente” de despido, “ya que se invoca un supuesto exceso de personal, pero al no modificarse las partidas de gastos consiguientes, ni renunciar a la posibilidad a otras personas en las vacantes, significa cambiar unos funcionarios por otros, lo que constituye un acto inmotivado, faltando así un requisito esencial de un acto administrativo que es la motivación”.
En relación a aquellos funcionarios que prestan sus servicios a contrata y honorarios, el escrito plantea que “es un camino ágil para poder cubrir las necesidades del personal de la administración pública y, estas dos condiciones no significan que estos funcionarios puedan ser privados de sus cargos, sin otra consideración que un mero arbitrio del ente administrativo”.
Finalmente, la resolución agrega que los actos de la entidad pública fueron realizados bajo el principio de “la discrecionalidad administrativa –que- es un mecanismo útil para la administración, pero no puede aceptarse ni menos entendérsela como un mecanismo posible y habilitante para prescindir de la Ley”.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), Egidio Barrera, calificó la decisión del tribunal como “contundente” y aseguró que refuerza la posición de los empleados fiscales respecto de la arbitrariedad de las desvinculaciones.
“Este fallo marca un precedente fundamental para los hechos que están sucediendo hoy no sólo con los trabajadores del ministerio sino que de toda la administración pública. La Corte marca un derrotero respecto de la fórmula que el servicio debe utilizar y que la famosa frase que apela a la prescindencia del servicio no tiene ningún fundamento jurídico. La decisión es unánime y establece que las argumentaciones del servicio son insuficientes y algunas, prácticamente, fuera de la legalidad”, sostuvo el dirigente.
El fallo obliga a la Seremi de Educación de Valparaíso a reintegrar a los funcionarios despedidos, quienes deberán permanecer en sus puestos de trabajo hasta que se finalice su contrato en diciembre de este año.
Por lo mismo, Barrera aseguró que para enfrentar la situación futura de las personas que llevan más de quince años de servicio y que, posiblemente, sean desvinculados, Andime interpondrá la próxima semana una demanda civil indemnizatoria donde se pedirá el pago del lucro cesante, del daño emergente y del daño moral.
De esta forma, la situación laboral de los empleados fiscales estaría viendo soluciones a través de la vía judicial.
