La petición de los 34 presos mapuche en huelga de hambre de integrar a los tres poderes del Estado en la negociación fue también rechazada por el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien aclaró que “ningún juez puede sumarse a una instancia de ese tipo” porque están legalmente impedidos para dialogar con personas que estén siendo procesadas por la Justicia.

Sin embargo, el presidente del máximo tribunal del país dejó abierta la puerta para colaborar en la búsqueda de una solución que permita poner término a la huelga de hambre, que hoy cumple 79 días, y a las históricas diferencias entre Chile y el pueblo mapuche.

“Es imposible que el Poder Judicial entre a una mesa de negociación porque constitucionalmente no se puede hacer, pero eso no significa que no tengamos una sensibilidad respecto de los problemas que aquejan a esas comunidades. Si es necesario y es posible con ellos obtener algún beneficio, estamos disponibles para poder trabajar en solucionar este conflicto que se arrastra por mucho tiempo, pero es de carácter político y son los políticos los que tienen que trabajar en solucionarlo”, sostuvo Juica.

El magistrado agregó que tiene “deseo que esto se arregle rápidamente” por lo que dijo “estar dispuesto a visitar la zona o recibir en el palacio de tribunales a los voceros de los comuneros en ayuno”.  Insistiendo, eso sí, en que “lamentablemente no se puede sentar un juez sobre una mesa para discutir sobre un proceso que está en tramitación, a menos que incurramos en hechos delictuosos”.

Esta postura es similar a la ya dada a conocer ayer por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien sostuvo que si el Ministerio Público se integra a la mesa estaría infringiendo la ley.

Mientras, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, se mostró abierto a la participación del Poder Legislativo en la mesa de diálogo.

“Ellos tienen que entender que dialogar significa estar también dispuesto a ceder y a no colocar situaciones límites o imposible de cumplir, es evidente que la Corte Suprema o el Ministerio Público no pueden sentarse en una mesa, no corresponde, no está establecido así en la ley y no tienen  facultades para ello. Nosotros tenemos la ventaja de ser la instancia de representación ciudadana y lo podemos hacer, e invitamos también al Gobierno a hacer lo mismo”, señaló Pizarro.

El senador indicó además que lo fundamental es insistir en la modificación a la Ley Antiterrorista, reforma que se lograría aprobar en un acuerdo entre la Concertación y el Gobierno.

Por su parte, el Gobierno insistió en que “ha hecho todos los esfuerzos para avanzar con el diálogo”, según dijo la ministra vocera Ena von Baer, quien además señaló que “son ellos, los comuneros,  los que se han colocado en una posición extrema e intransigente”.

Los mapuche solicitan que se unan a las negociaciones facilitadas por el arzobispo Ricardo Ezzati representantes de todos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de asegurar que no se les procesará por la Ley Antiterrorista y lograr que se concrete su reforma.

Uno de los voceros de los huelguistas, Rodrigo Curipán, manifestó que la razón para solicitar la integración de los otros dos poderes obedece a que “el Gobierno no ha podido resolver el problema mapuche y en reiteradas ocasiones ha dicho que esto dependía de estos otros poderes”.

Curipán justificó este nuevo requerimiento señalando que “ese llamado es legítimo, es la salida a este problema ya que el Gobierno en el día de ayer en reiteradas oportunidades nos hizo ver que lo único que podían hacer era retirar las querellas en las que el Ejecutivo se había hecho parte, lo que nos parece una falta de voluntad de resolver el problema, lo que nos parece una falta de voluntad de resolver el problema, sabiendo que el Ministerio Público sigue adelante igualmente con las negociaciones”.

En ese sentido, el dirigente enfatizó en que “es una necesidad vital” que en la mesa de diálogo estén los tres poderes del Estado para terminar la movilización.

En tanto, la salud de los comuneros que se acercan peligrosamente a los tres meses de inanición se torna crítica, según lo informado por la Cruz Roja Internacional, por lo que el vocero responsabilizó de un eventual deceso al Estado en su conjunto.

“Si existiera un desenlace fatal aquí la responsabilidad sería del Ejecutivo, que tenía la titularidad en principio de resolver el problema, pero si los otros dos poderes no demuestran voluntad, también sería una decisión de Estado el que se mueran los comuneros mapuches hoy día en huelga de hambre. El Poder Judicial está ‘metido hasta las patas’ con la aplicación de la Ley Antiterrorista y tiene mucho que decir. También el Poder Legislativo, que le corresponde aplicar las modificaciones legales correspondientes para que nunca más en Chile se vuelva a aplicar una ley desproporcionada”, puntualizó Curipán.

Precisamente esta tarde se debatirán nuevamente en el Congreso las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Justicia Militar, donde se espera lograr un consenso para avanzar por esta arista del conflicto. En los otros flancos, en tanto, las negociaciones parecen en un punto muerto y la huelga mapuche sigue sumando apoyo ciudadano tanto en Chile como en el exterior.