El proceso de migración desde la televisión análoga a la digital no ha estado exento del conflicto. Y es que más allá de todas las definiciones técnicas, existe plena conciencia de que la llegada de este nuevo formato podría ser un arma esencial en la llamada “democratización de las comunicaciones” o un paso para concentrar aún más la reducida oferta televisiva abierta que existe hoy en el país.

Y esta semana se desató un nuevo foco de conflicto. Un grupo de 36 diputados presentó un requerimiento de inconstitucionalidad para anular la validez del Decreto Supremo 264 emitido por el Ejecutivo, que extiende los permisos demostrativos para que los canales de televisión emitan su señal digital hasta por cinco años.

Si bien, el Gobierno aseguró que la normativa busca facilitar la llegada de las transmisiones experimentales hacia el resto de las regiones del país mientras se concreta el “apagón analógico”, los parlamentarios afirman que no es posible que, en una materia como esta, La Moneda pase por encima de la discusión legislativa del proyecto que establece el marco regulatorio para la nueva televisión, transgrediendo la legislación chilena que establece procedimientos específicos para cada tema.

Sin embargo, existen una serie de aprensiones de fondo que se relacionan con la ventaja comparativa  que adquirirían los actuales canales de televisión – tanto a nivel técnico como publicitario – en desmedro de las futuras señales, en especial, aquellas de carácter social y comunitario.

El diputado del PPD y uno de los patrocinadores de este requerimiento indicó que “aquí hay algo raro desde el punto de vista comercial porque un empresario cualquiera que quiera empezar a trabajar en la televisión digital hoy va a tener competidores que están privilegiados con la capacidad de mantener televisión analógica y digital. Con eso el pobre nuevo competidor no va a tener nunca la posibilidad de tener avisadores. El Gobierno se defiende diciendo que es un experimento, pero entregar una concesión de cinco años en un negocio con nombre y apellido”.

Por lo mismo, no parece coincidencia que justo en el año donde se definen las directrices para la nueva TV en Chile, importantes grupos económicos hayan hecho su entrada a este mercado.

Primero fue Álvaro Saieh – propietario del Consorcio Periodístico (Copesa), Corpbanca, Unimarc y una parte de Ripley – quien adquirió por 2,5 millones de dólares el canal 22 de la banda UHF. Por su parte, el grupo Luksic – ligado a la propiedad de la minera Los Pelambres, Banco de Chile, CCU entre otros, – tomó control de Canal 13, mientras que el gigante de las comunicaciones Time Warner se quedó con Chilevisión en una transacción de más de 140 millones de dólares.

Negocios que también se explican por la alta inversión en publicidad que reciben estos canales. Sólo en 2009 los distintos avisadores invirtieron 870 millones de dólares en este ítem. De este total, más de la mitad se destinó solamente a la televisión y, de eso, más del 80 por ciento llegó a las manos de los cuatro canales principales: TVN, Chilevisión, Canal 13 y Megavisión.

En esa línea, el académico del departamento de del departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, José Miguel Piquer,  señaló que “aquí hay que entender que los canales actuales están ejerciendo un lobby y están tratando de hacer todo lo posible por mantener su posición dominante por mucho tiempo. Ellos tienen un gran miedo de que al entrar muchos actores al sistema, la misma torta publicitaria de hoy se divida en muchos más actores en vez de tres o cuatro. Y eso significa recibir menos plata, lo que les mata el negocio tal como lo sostienen hoy”.

La batalla por las concesiones

Según la abogada e investigadora del Observatorio de Medios Fucatel, Lorena Donoso, si a este escenario se suma la renovación directa de los permisos demostrativos que consagra el Decreto 264 para los canales tradicionales, los demás actores quedan en una clara desventaja.

“Este decreto va a permitir que virtualmente se copen las capacidades de UHF y la promesa de democratizar el espectro televisivo no tendría ninguna posibilidad práctica de ser implementada porque la repartición se puede producir ahora con presidencia de la ley. Por eso los periodos de la concesión deben ser igual para todos porque si sólo se transforma a los actuales operadores, quedan en condición de indefinidos frente a los demás que sólo tendrán 20 años, que es lo que establece el proyecto de ley. Se podría comprar un cerro para poner una antena si es indefinido”, sostuvo Donoso.

Durante la administración de Michelle Bachelet se otorgó concesiones UHF a las estaciones televisivas por seis meses para que comenzaran a trabajar de forma experimental en el soporte digital. Sin embargo, el proyecto de Ley de Televisión Digital que está en el Congreso, establece claramente que el espacio en el espectro televisivo debe ser otorgado por el Consejo Nacional de Televisión a través de concurso público.

“A partir del mundial de fútbol las personas ya están consumiendo televisión digital y en ese sentido, no queda otra opción más que renovar las concesiones, pero en la medida en que la ley se demora y los permisos continúan extendiéndose se puede pasar a una situación de derecho adquirido, de modo de que si algún día termina saliendo la ley, los nuevos jugadores van a estar totalmente perdidos”, comentó José Miguel Piquer.

El proyecto de ley de televisión digital consagra un 40 por ciento del espectro para emisiones comunitarias y pese a que el Gobierno había puesto suma urgencia en su discusión, todavía no ha sido promulgado.