Una nueva ley de Isapres podría subir en aproximadamente un treinta por ciento el precio de los planes de salud al grueso de los afiliados para financiar rebajas en los planes de adultos mayores y mujeres en edad fértil.

Esta iniciativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, surge como respuesta del Gobierno ante el fallo del Tribunal Constitucional, en julio pasado, que derogó los indicadores de sexo y edad de la tabla de riesgo base con la que se calculaba el valor de los planes de salud, creando una tabla de riesgo “amortiguada”.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, adelantó que enviarán a la Cámara de Diputados una Ley Corta de Isapres II, “que significa definir por ley la existencia de una tabla de factores, que amortiguada, de alguna manera se hace cargo de los requerimientos del Tribunal Constitucional, en el sentido de que las diferencias de precios entre los que pagan más y los que pagan menos, es mucho menos que de las tablas actuales”.

Con esto se financiaría los constantes aumentos en el costo de los planes que sufren más de 700 mil usuarios, lo que implicaría alzas para más de 2 millones de personas, según datos entregados por la Superintendencia de Salud.

Una decisión que para el Presidente del Colegio Médico e integrante de la comisión de expertos, Pablo Rodríguez, apunta a reducir la discriminación, bajo un principio de solidaridad social.

“Lo que se quiere cambiar es que no haya discriminación, en términos de que algunos segmentos, tales como los adultos mayores, las mujeres en edad fértil y los niños menos de dos años tengan que pagar precios muy altos, distinto del valor de los adultos jóvenes y las mujeres que no están en edad fértil. Aquí se discrimina. Es cierto que ellos gastan más en salud, pero aquí tiene que haber un principio de solidaridad social, porque el precio de los planes de un adulto mayor puede llegar a ser hasta catorce veces el de un adulto joven”, dijo Rodríguez.

Sin embargo, ya surgieron fuertes críticas a la medida, así como también a la lenta implementación del dictamen del Tribunal Constitucional.

El abogado de la Universidad de Chile y Director de Defensalud, José Luis Baró, advirtió que las Isapres han desconocido las indicaciones del organismo y que la Superintendencia no ha cumplido su rol.

“He constatado que los planes nuevos que ofrecen las Isapres vienen con las tablas de riesgo exactamente iguales. Las preguntas deberían estar enfocadas a la Superintendencia de Salud, de por qué no ha saco una circular  para regular esta situación en tanto sacamos un proyecto de ley. Ya hace bastante rato debería haber salido una circular que regulara lo que iba a pasar en el tiempo intermedio, y eso no ha ocurrido”, sostuvo el abogado.

Mientras, las primeras críticas indican que el Gobierno no habría comprendido la real dirección del fallo del TC, que apuntaría a la eliminación definitiva de las tablas de riesgo por vulnerar el principio ciudadano de igualdad ante la ley.

Por su parte, el abogado defensor de los usuarios, Pedro Barría, afirmó que el problema va mucho más allá de la tabla de factores: es excesiva libertad de fijar precios que tienen las Isapres, las que gozan de una situación única tanto en nuestro país, como en el mundo.

“Normalmente, cuando hay una realidad monopólica o cuasi monopólicas se hace a través de un procedimiento fijado por ley (los precios). El problema de fondo que hay que eliminar para que los precios de las Isapres sean justos, es que hay que privarlas de su facultad unilateral que tienen de fijar el precio base todos los años a sus afiliados. Son tantos los parches que se le han aplicado a la Ley de Isapres que ya no resiste más, hay que cambiarla, cambiar de filosofía y de paradigma”, señaló.

Barría reiteró que el principal problema es cómo fijar los precios cuando una de las partes tiene un evidente ánimo comercial y de lucro, lo que se presta para generar conductas inmorales en torno a un servicio de utilidad pública, como es el acceso igualitario a la atención en salud.