La Fiscalía Centro Norte iniciará una investigación relativa a los procedimientos adoptados por Carabineros para reprimir la violencia en las manifestaciones estudiantiles y las decisiones de las autoridades competentes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Ello luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada la semana pasada por el abogado Rodrigo Román en representación del Colegio de Profesores, dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y federaciones de estudiantes universitarios y secundarios por los delitos de detenciones ilegales y abuso de autoridad.
La acción penal busca determinar la responsabilidad del ministro Hinzpeter y del alto mando de Carabineros por la presunta violencia en el actuar de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ya fue notificada de la decisión de la justicia y designó al fiscal Ernesto Vásquez a cargo de la indagatoria.
“Nos parece importante que en menos de una semana se haya despachado la orden de investigar y que se estén practicando las diligencias indagatorias. Aquí hay mucho más que responsabilidad política, aquí se han pasado los límites y eventualmente podría haber responsabilidad penal tanto del querellado principal, el ministro Hinzpeter que es el que dispone de la Fuerza Pública, como así del actuar propio de la fuerza pública”, dijo el abogado.
Román explicó además que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI será la encargada de “dilucidar por qué se actuó con tanta brutalidad el jueves pasado”.
En tanto, gremios de la salud pública entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente de la República solicitando la remoción de su cargo al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, Carolina Espinoza, explicó que los motivos que justifican este requerimiento es la violencia en el actuar de Carabineros en las recientes manifestaciones sociales.
“Evidentemente ese clima de violencia, agresividad y de falta de respeto a los derechos humanos y se provoca porque hay un ministro del Interior que trasgrede la propia ley y que determina medidas como esas. A nuestro parecer claramente transgrede en sus atribuciones, pero además violentan y provocan una serie de situaciones de riesgo y en ese sentido nosotros nos vemos en la obligación de llamar la atención porque creemos que aquí estamos teniendo a la cabeza del ministerio del Interior a una persona que constituye un alto riesgo para la sociedad”, dijo la dirigente.
Carolina Espinoza subrayó que es necesario contar con una persona más idónea para ese cargo que no sea permanentemente cuestionado por sus decisiones.
En tanto Camilo Bass, presidente de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria, manifestó su preocupación por la salud y los derechos de los jóvenes movilizados.
“Lo que establece el ministro Hinzpeter es que él está para defender a los chilenos y chilenas y en realidad está haciendo todo lo contrario. Por otro lado, hemos visto una cantidad importante de estudiantes agredidos por Fuerzas Especiales, por Carabineros y eso no se está cuantificando. Luego de una marcha el comportamiento de la mayoría de las personas es pacífico y la cantidad de estudiantes y gente que es agredida por Carabineros no están claras y sabernos que la Policía no está constando lesiones como debería”, afirmó Bass.
El dirigente gremial valoró además la decisión de la justicia de investigar las responsabilidades del secretario de Estado.
La Fiscalía Centro Norte iniciará una investigación relativa a los procedimientos adoptados por Carabineros para reprimir la violencia en las manifestaciones estudiantiles y las decisiones de las autoridades competentes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Ello luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada la semana pasada por el abogado Rodrigo Román en representación del Colegio de Profesores, dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y federaciones de estudiantes universitarios y secundarios por los delitos de detenciones ilegales y abuso de autoridad.
La acción penal busca determinar la responsabilidad del ministro Hinzpeter y del alto mando de Carabineros por la presunta violencia en el actuar de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ya fue notificada de la decisión de la justicia y designó al fiscal Ernesto Vásquez a cargo de la indagatoria.
“Nos parece importante que en menos de una semana se haya despachado la orden de investigar y que se estén practicando las diligencias indagatorias. Aquí hay mucho más que responsabilidad política, aquí se han pasado los límites y eventualmente podría haber responsabilidad penal tanto del querellado principal, el ministro Hinzpeter que es el que dispone de la Fuerza Pública, como así del actuar propio de la fuerza pública”, dijo el abogado.
Román explicó además que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI será la encargada de “dilucidar por qué se actuó con tanta brutalidad el jueves pasado”.
En tanto, gremios de la salud pública entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente de la República solicitando la remoción de su cargo al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, Carolina Espinoza, explicó que los motivos que justifican este requerimiento es la violencia en el actuar de Carabineros en las recientes manifestaciones sociales.
“Evidentemente ese clima de violencia, agresividad y de falta de respeto a los derechos humanos y se provoca porque hay un ministro del Interior que trasgrede la propia ley y que determina medidas como esas. A nuestro parecer claramente transgrede en sus atribuciones, pero además violentan y provocan una serie de situaciones de riesgo y en ese sentido nosotros nos vemos en la obligación de llamar la atención porque creemos que aquí estamos teniendo a la cabeza del ministerio del Interior a una persona que constituye un alto riesgo para la sociedad”, dijo la dirigente.
Carolina Espinoza subrayó que es necesario contar con una persona más idónea para ese cargo que no sea permanentemente cuestionado por sus decisiones.
En tanto Camilo Bass, presidente de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria, manifestó su preocupación por la salud y los derechos de los jóvenes movilizados.
“Lo que establece el ministro Hinzpeter es que él está para defender a los chilenos y chilenas y en realidad está haciendo todo lo contrario. Por otro lado, hemos visto una cantidad importante de estudiantes agredidos por Fuerzas Especiales, por Carabineros y eso no se está cuantificando. Luego de una marcha el comportamiento de la mayoría de las personas es pacífico y la cantidad de estudiantes y gente que es agredida por Carabineros no están claras y sabernos que la Policía no está constando lesiones como debería”, afirmó Bass.
El dirigente gremial valoró además la decisión de la justicia de investigar las responsabilidades del secretario de Estado.
La Fiscalía Centro Norte iniciará una investigación relativa a los procedimientos adoptados por Carabineros para reprimir la violencia en las manifestaciones estudiantiles y las decisiones de las autoridades competentes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Ello luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible una querella presentada la semana pasada por el abogado Rodrigo Román en representación del Colegio de Profesores, dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y federaciones de estudiantes universitarios y secundarios por los delitos de detenciones ilegales y abuso de autoridad.
La acción penal busca determinar la responsabilidad del ministro Hinzpeter y del alto mando de Carabineros por la presunta violencia en el actuar de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.
La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ya fue notificada de la decisión de la justicia y designó al fiscal Ernesto Vásquez a cargo de la indagatoria.
“Nos parece importante que en menos de una semana se haya despachado la orden de investigar y que se estén practicando las diligencias indagatorias. Aquí hay mucho más que responsabilidad política, aquí se han pasado los límites y eventualmente podría haber responsabilidad penal tanto del querellado principal, el ministro Hinzpeter que es el que dispone de la Fuerza Pública, como así del actuar propio de la fuerza pública”, dijo el abogado.
Román explicó además que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI será la encargada de “dilucidar por qué se actuó con tanta brutalidad el jueves pasado”.
En tanto, gremios de la salud pública entregaron este jueves una carta en La Moneda dirigida al Presidente de la República solicitando la remoción de su cargo al actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Confusam, Carolina Espinoza, explicó que los motivos que justifican este requerimiento es la violencia en el actuar de Carabineros en las recientes manifestaciones sociales.
“Evidentemente ese clima de violencia, agresividad y de falta de respeto a los derechos humanos y se provoca porque hay un ministro del Interior que trasgrede la propia ley y que determina medidas como esas. A nuestro parecer claramente transgrede en sus atribuciones, pero además violentan y provocan una serie de situaciones de riesgo y en ese sentido nosotros nos vemos en la obligación de llamar la atención porque creemos que aquí estamos teniendo a la cabeza del ministerio del Interior a una persona que constituye un alto riesgo para la sociedad”, dijo la dirigente.
Carolina Espinoza subrayó que es necesario contar con una persona más idónea para ese cargo que no sea permanentemente cuestionado por sus decisiones.
En tanto Camilo Bass, presidente de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria, manifestó su preocupación por la salud y los derechos de los jóvenes movilizados.
“Lo que establece el ministro Hinzpeter es que él está para defender a los chilenos y chilenas y en realidad está haciendo todo lo contrario. Por otro lado, hemos visto una cantidad importante de estudiantes agredidos por Fuerzas Especiales, por Carabineros y eso no se está cuantificando. Luego de una marcha el comportamiento de la mayoría de las personas es pacífico y la cantidad de estudiantes y gente que es agredida por Carabineros no están claras y sabernos que la Policía no está constando lesiones como debería”, afirmó Bass.
El dirigente gremial valoró además la decisión de la justicia de investigar las responsabilidades del secretario de Estado.
