“El ministro del Interior quiere confundir a la opinión pública”
El ministro Rodrigo Hinzpeter advirtió que se modificará un decreto, promulgado en dictadura, para prohibir en las marchas a personas encapuchadas, "con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro". Abogados y especialistas cuestionaron la idea por asociar las manifestaciones con la violencia y la dificultad para ponerla en práctica.
El secretario de Estado dijo que se enviará un proyecto de ley que aumentará las penas por desórdenes públicos y se modificará el decreto 1086 sobre reuniones públicas, promulgado en 1983, para prohibir “la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro”, según sus propias palabras.
Hinzpeter declaró que “a las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto (…) Estamos dando un paso para que las marchas sean más tranquilas, especialmente un paso para proteger a estos chilenos, que aunque a algunos les cueste entender, tienen los mismos derechos que los estudiantes que quieren marchar”.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con críticas y escepticismo desde diversos sectores. Según el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, el objetivo debería ser identificar a las personas que realizan actos violentos “sin que por ello se limite o perjudique el derecho de las personas a manifestarse libremente, que está consagrado por la Constitución”.
Hugo Frühling
El especialista puso en duda que el decreto sea realmente efectivo y añadió que “más bien parece indicar un reconocimiento de que es muy difícil detectar a las personas que cometen estos hechos. Resulta mucho más fácil visualizar a quienes se tapen el rostro”.
“Va a dar pie a una serie de discusiones. Si estaba efectivamente encapuchada la persona que se tapaba el rostro; si estaba cometiendo o preparándose a cometer hechos que implicaban daños a la propiedad o la seguridad de las personas; o por el contrario, si se estaba protegiendo de los gases lacrimógenos”, explicó.
Hugo Frühling consideró que el decreto se basa en la dificultad de probar que una persona cometió un delito en una manifestación masiva. “Sin embargo, hay que buscar las tácticas apropiadas para hacerlo, tampoco es imposible. Si estos grupos son efectivamente minoritarios, pueden ser detectados. No es que me oponga en principio a esta propuesta, me parece que va a ser muy difícil demostrar la comisión de estos delitos y, además, el mero hecho de cubrirse el rostro no está asociado a la producción de un daño específico y puede tener muchas motivaciones. Es debatible que vaya a ser practicable”, comentó.
El anuncio del ministro Hinzpeter fue rechazado también por dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam) y por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “La medida me parece peligrosa y grave e indica que todos podríamos pasar por sospechosos al andar con pañuelo o algún implemento para cubrirnos el rostro. Lo que se lee de esto, es que es una medida que pretende criminalizar más todavía las manifestaciones. Pretende desviar la atención sobre lo central que es el tema de la educación”, afirmó el diputado.
Alberto Espinoza
Opinión que compartió el abogado especialista en DD.HH. Alberto Espinoza, quien sostuvo que el anuncio del Ejecutivo se enmarca “dentro de la lógica represiva que se quiere imponer y de la criminalización a la movilización social. La responsabilidad de mantener el orden público le corresponde al Estado y, por otra parte, también garantizar que los ciudadanos ejerzan libremente los derechos establecidos en la Constitución. Ir más allá de las medidas ya determinadas por la ley y la Constitución es propio de un régimen autoritario y poco democrático, en cuanto no respeta los derechos de los ciudadanos y no hace cumplir la ley frente a hechos de violencia”.
El profesional recordó además que funcionarios de Carabineros han sido descubiertos de civil, “activamente participando en forma encapuchada en actos de violencia”.
Asimismo, subrayó que se debe distinguir entre las “legítimas” manifestaciones y los actos delictuales: “Son cosas completamente diferentes. Esos actos de violencia están plenamente cubiertos por la ley penal, no se requieren nuevas leyes ni disposiciones reglamentarias para reprimir la violencia. Pero que no se transfiera la responsabilidad penal por los hechos de violencia a los que ejercen el derecho a manifestarse. Lo que quiere hacer el ministro del Interior es confundir a la opinión pública asociando que los actos de violencia que cometen encapuchados son responsabilidad de quienes ejercen el derecho a manifestarse públicamente”, explicó.
Alberto Espinoza indicó también que con el pretexto del orden público no pueden dejar de respetarse garantías constitucionales, como el derecho a manifestarse públicamente, a asociación y a ocupar los espacios públicos. “El orden público, que es responsabilidad de Carabineros, está plenamente resguardado por las normas que ya existen, no se necesitan más normas penales y castigadoras frente a la movilización social. Las que existen son suficientes”, concluyó.
El secretario de Estado dijo que se enviará un proyecto de ley que aumentará las penas por desórdenes públicos y se modificará el decreto 1086 sobre reuniones públicas, promulgado en 1983, para prohibir “la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro”, según sus propias palabras.
Hinzpeter declaró que “a las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto (…) Estamos dando un paso para que las marchas sean más tranquilas, especialmente un paso para proteger a estos chilenos, que aunque a algunos les cueste entender, tienen los mismos derechos que los estudiantes que quieren marchar”.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con críticas y escepticismo desde diversos sectores. Según el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, el objetivo debería ser identificar a las personas que realizan actos violentos “sin que por ello se limite o perjudique el derecho de las personas a manifestarse libremente, que está consagrado por la Constitución”.
Hugo Frühling
El especialista puso en duda que el decreto sea realmente efectivo y añadió que “más bien parece indicar un reconocimiento de que es muy difícil detectar a las personas que cometen estos hechos. Resulta mucho más fácil visualizar a quienes se tapen el rostro”.
“Va a dar pie a una serie de discusiones. Si estaba efectivamente encapuchada la persona que se tapaba el rostro; si estaba cometiendo o preparándose a cometer hechos que implicaban daños a la propiedad o la seguridad de las personas; o por el contrario, si se estaba protegiendo de los gases lacrimógenos”, explicó.
Hugo Frühling consideró que el decreto se basa en la dificultad de probar que una persona cometió un delito en una manifestación masiva. “Sin embargo, hay que buscar las tácticas apropiadas para hacerlo, tampoco es imposible. Si estos grupos son efectivamente minoritarios, pueden ser detectados. No es que me oponga en principio a esta propuesta, me parece que va a ser muy difícil demostrar la comisión de estos delitos y, además, el mero hecho de cubrirse el rostro no está asociado a la producción de un daño específico y puede tener muchas motivaciones. Es debatible que vaya a ser practicable”, comentó.
El anuncio del ministro Hinzpeter fue rechazado también por dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam) y por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “La medida me parece peligrosa y grave e indica que todos podríamos pasar por sospechosos al andar con pañuelo o algún implemento para cubrirnos el rostro. Lo que se lee de esto, es que es una medida que pretende criminalizar más todavía las manifestaciones. Pretende desviar la atención sobre lo central que es el tema de la educación”, afirmó el diputado.
Alberto Espinoza
Opinión que compartió el abogado especialista en DD.HH. Alberto Espinoza, quien sostuvo que el anuncio del Ejecutivo se enmarca “dentro de la lógica represiva que se quiere imponer y de la criminalización a la movilización social. La responsabilidad de mantener el orden público le corresponde al Estado y, por otra parte, también garantizar que los ciudadanos ejerzan libremente los derechos establecidos en la Constitución. Ir más allá de las medidas ya determinadas por la ley y la Constitución es propio de un régimen autoritario y poco democrático, en cuanto no respeta los derechos de los ciudadanos y no hace cumplir la ley frente a hechos de violencia”.
El profesional recordó además que funcionarios de Carabineros han sido descubiertos de civil, “activamente participando en forma encapuchada en actos de violencia”.
Asimismo, subrayó que se debe distinguir entre las “legítimas” manifestaciones y los actos delictuales: “Son cosas completamente diferentes. Esos actos de violencia están plenamente cubiertos por la ley penal, no se requieren nuevas leyes ni disposiciones reglamentarias para reprimir la violencia. Pero que no se transfiera la responsabilidad penal por los hechos de violencia a los que ejercen el derecho a manifestarse. Lo que quiere hacer el ministro del Interior es confundir a la opinión pública asociando que los actos de violencia que cometen encapuchados son responsabilidad de quienes ejercen el derecho a manifestarse públicamente”, explicó.
Alberto Espinoza indicó también que con el pretexto del orden público no pueden dejar de respetarse garantías constitucionales, como el derecho a manifestarse públicamente, a asociación y a ocupar los espacios públicos. “El orden público, que es responsabilidad de Carabineros, está plenamente resguardado por las normas que ya existen, no se necesitan más normas penales y castigadoras frente a la movilización social. Las que existen son suficientes”, concluyó.
El secretario de Estado dijo que se enviará un proyecto de ley que aumentará las penas por desórdenes públicos y se modificará el decreto 1086 sobre reuniones públicas, promulgado en 1983, para prohibir “la concurrencia a marchas de personas encapuchadas, con pañuelos o cualquier otro elemento que cubra el rostro”, según sus propias palabras.
Hinzpeter declaró que “a las marchas se concurre con las manos limpias y con el rostro descubierto (…) Estamos dando un paso para que las marchas sean más tranquilas, especialmente un paso para proteger a estos chilenos, que aunque a algunos les cueste entender, tienen los mismos derechos que los estudiantes que quieren marchar”.
Sin embargo, el anuncio fue recibido con críticas y escepticismo desde diversos sectores. Según el director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, el objetivo debería ser identificar a las personas que realizan actos violentos “sin que por ello se limite o perjudique el derecho de las personas a manifestarse libremente, que está consagrado por la Constitución”.
Hugo Frühling
El especialista puso en duda que el decreto sea realmente efectivo y añadió que “más bien parece indicar un reconocimiento de que es muy difícil detectar a las personas que cometen estos hechos. Resulta mucho más fácil visualizar a quienes se tapen el rostro”.
“Va a dar pie a una serie de discusiones. Si estaba efectivamente encapuchada la persona que se tapaba el rostro; si estaba cometiendo o preparándose a cometer hechos que implicaban daños a la propiedad o la seguridad de las personas; o por el contrario, si se estaba protegiendo de los gases lacrimógenos”, explicó.
Hugo Frühling consideró que el decreto se basa en la dificultad de probar que una persona cometió un delito en una manifestación masiva. “Sin embargo, hay que buscar las tácticas apropiadas para hacerlo, tampoco es imposible. Si estos grupos son efectivamente minoritarios, pueden ser detectados. No es que me oponga en principio a esta propuesta, me parece que va a ser muy difícil demostrar la comisión de estos delitos y, además, el mero hecho de cubrirse el rostro no está asociado a la producción de un daño específico y puede tener muchas motivaciones. Es debatible que vaya a ser practicable”, comentó.
El anuncio del ministro Hinzpeter fue rechazado también por dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipal (Confusam) y por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. “La medida me parece peligrosa y grave e indica que todos podríamos pasar por sospechosos al andar con pañuelo o algún implemento para cubrirnos el rostro. Lo que se lee de esto, es que es una medida que pretende criminalizar más todavía las manifestaciones. Pretende desviar la atención sobre lo central que es el tema de la educación”, afirmó el diputado.
Alberto Espinoza
Opinión que compartió el abogado especialista en DD.HH. Alberto Espinoza, quien sostuvo que el anuncio del Ejecutivo se enmarca “dentro de la lógica represiva que se quiere imponer y de la criminalización a la movilización social. La responsabilidad de mantener el orden público le corresponde al Estado y, por otra parte, también garantizar que los ciudadanos ejerzan libremente los derechos establecidos en la Constitución. Ir más allá de las medidas ya determinadas por la ley y la Constitución es propio de un régimen autoritario y poco democrático, en cuanto no respeta los derechos de los ciudadanos y no hace cumplir la ley frente a hechos de violencia”.
El profesional recordó además que funcionarios de Carabineros han sido descubiertos de civil, “activamente participando en forma encapuchada en actos de violencia”.
Asimismo, subrayó que se debe distinguir entre las “legítimas” manifestaciones y los actos delictuales: “Son cosas completamente diferentes. Esos actos de violencia están plenamente cubiertos por la ley penal, no se requieren nuevas leyes ni disposiciones reglamentarias para reprimir la violencia. Pero que no se transfiera la responsabilidad penal por los hechos de violencia a los que ejercen el derecho a manifestarse. Lo que quiere hacer el ministro del Interior es confundir a la opinión pública asociando que los actos de violencia que cometen encapuchados son responsabilidad de quienes ejercen el derecho a manifestarse públicamente”, explicó.
Alberto Espinoza indicó también que con el pretexto del orden público no pueden dejar de respetarse garantías constitucionales, como el derecho a manifestarse públicamente, a asociación y a ocupar los espacios públicos. “El orden público, que es responsabilidad de Carabineros, está plenamente resguardado por las normas que ya existen, no se necesitan más normas penales y castigadoras frente a la movilización social. Las que existen son suficientes”, concluyó.
