El paro comunal que se realizó este lunes en Calama para exigir la asignación directa de recursos del cobre para financiar el desarrollo de la zona, puso sobre la mesa la posibilidad de que el royalty actuara como mecanismo de generación de ingresos para las localidades donde existe mayor concentración de actividad minera.
Solo en la región de Antofagasta existen más de 13 mil concesiones que ayudaron a generar los más de tres mil millones de dólares en ganancias que registró esta industria durante el primer trimestre de 2011. Montos que también abultaron las arcas fiscales que sólo durante el primer semestre de este año recaudaron más de 280 millones de dólares gracias al Impuesto Específico a la Minería.
Sin embargo, esas cuantiosas cifras no se reflejan en las comunidades donde se emplazan los principales proyectos extractivos del país porque no pueden recibir de forma directa lo que se genere en sus propios territorios por concepto de royalty.
La legislación actual establece un tributo de cinco por ciento a las empresas mineras que tengan ventas anuales superiores a 12 mil toneladas métricas de cobre fino. Pero todo el dinero recolectado por este impuesto es distribuido por el Gobierno a través de la Ley de Presupuesto y asignado a los ámbitos que éste estime conveniente.
Frente a este escenario, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, indicó que lo más conveniente sería generar un impuesto regional que establezca que las ganancias de las mineras sean invertidas en las comunas.
Una opción que, según él, sería mucho más eficiente ya que no estaría sujeta a la invariabilidad tributaria a la que hoy sí está sometido el royalty.
“Basta con que el Presidente de la República envié un proyecto que diga, por ejemplo, que el dos por ciento de las ventas de las mineras en la región de Antofagasta será destinada al desarrollo, lo mismo que para el resto de las zonas. Pero esto tiene que ser un proyecto distinto a la ley del royalty que rige en la actualidad porque sería inconstitucional si se asignan beneficios directos”, explicó.
Por su parte, el diputado del PPD integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Felipe Harboe, comentó que la petición de ingresos permanentes para el desarrollo de las comunas que concentran la actividad minera es razonable, ya que posteriormente se deben enfrentar con una serie de problemas como los desechos y relaves propios de esta industria.
“Lo ideal sería tener una reforma legal que permita al Estado asignar recursos directos a la región de Antofagasta y a la ciudad de Calama. La otra posibilidad es que a través de los fondos del royalty se establezca un aumento del porcentaje que le corresponde a dicho territorio y que incorpore el aporte que hacen las ciudades mineras a la recaudación de los impuestos”, manifestó el legislador.
En esa línea, el parlamentario afirmó que se podrían estipular mayores porcentajes de lo que se cobra como impuesto específico para ser destinados a las zonas mineras.
El paro comunal que se realizó este lunes en Calama para exigir la asignación directa de recursos del cobre para financiar el desarrollo de la zona, puso sobre la mesa la posibilidad de que el royalty actuara como mecanismo de generación de ingresos para las localidades donde existe mayor concentración de actividad minera.
Solo en la región de Antofagasta existen más de 13 mil concesiones que ayudaron a generar los más de tres mil millones de dólares en ganancias que registró esta industria durante el primer trimestre de 2011. Montos que también abultaron las arcas fiscales que sólo durante el primer semestre de este año recaudaron más de 280 millones de dólares gracias al Impuesto Específico a la Minería.
Sin embargo, esas cuantiosas cifras no se reflejan en las comunidades donde se emplazan los principales proyectos extractivos del país porque no pueden recibir de forma directa lo que se genere en sus propios territorios por concepto de royalty.
La legislación actual establece un tributo de cinco por ciento a las empresas mineras que tengan ventas anuales superiores a 12 mil toneladas métricas de cobre fino. Pero todo el dinero recolectado por este impuesto es distribuido por el Gobierno a través de la Ley de Presupuesto y asignado a los ámbitos que éste estime conveniente.
Frente a este escenario, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, indicó que lo más conveniente sería generar un impuesto regional que establezca que las ganancias de las mineras sean invertidas en las comunas.
Una opción que, según él, sería mucho más eficiente ya que no estaría sujeta a la invariabilidad tributaria a la que hoy sí está sometido el royalty.
“Basta con que el Presidente de la República envié un proyecto que diga, por ejemplo, que el dos por ciento de las ventas de las mineras en la región de Antofagasta será destinada al desarrollo, lo mismo que para el resto de las zonas. Pero esto tiene que ser un proyecto distinto a la ley del royalty que rige en la actualidad porque sería inconstitucional si se asignan beneficios directos”, explicó.
Por su parte, el diputado del PPD integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Felipe Harboe, comentó que la petición de ingresos permanentes para el desarrollo de las comunas que concentran la actividad minera es razonable, ya que posteriormente se deben enfrentar con una serie de problemas como los desechos y relaves propios de esta industria.
“Lo ideal sería tener una reforma legal que permita al Estado asignar recursos directos a la región de Antofagasta y a la ciudad de Calama. La otra posibilidad es que a través de los fondos del royalty se establezca un aumento del porcentaje que le corresponde a dicho territorio y que incorpore el aporte que hacen las ciudades mineras a la recaudación de los impuestos”, manifestó el legislador.
En esa línea, el parlamentario afirmó que se podrían estipular mayores porcentajes de lo que se cobra como impuesto específico para ser destinados a las zonas mineras.
El paro comunal que se realizó este lunes en Calama para exigir la asignación directa de recursos del cobre para financiar el desarrollo de la zona, puso sobre la mesa la posibilidad de que el royalty actuara como mecanismo de generación de ingresos para las localidades donde existe mayor concentración de actividad minera.
Solo en la región de Antofagasta existen más de 13 mil concesiones que ayudaron a generar los más de tres mil millones de dólares en ganancias que registró esta industria durante el primer trimestre de 2011. Montos que también abultaron las arcas fiscales que sólo durante el primer semestre de este año recaudaron más de 280 millones de dólares gracias al Impuesto Específico a la Minería.
Sin embargo, esas cuantiosas cifras no se reflejan en las comunidades donde se emplazan los principales proyectos extractivos del país porque no pueden recibir de forma directa lo que se genere en sus propios territorios por concepto de royalty.
La legislación actual establece un tributo de cinco por ciento a las empresas mineras que tengan ventas anuales superiores a 12 mil toneladas métricas de cobre fino. Pero todo el dinero recolectado por este impuesto es distribuido por el Gobierno a través de la Ley de Presupuesto y asignado a los ámbitos que éste estime conveniente.
Frente a este escenario, el presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Julián Alcayaga, indicó que lo más conveniente sería generar un impuesto regional que establezca que las ganancias de las mineras sean invertidas en las comunas.
Una opción que, según él, sería mucho más eficiente ya que no estaría sujeta a la invariabilidad tributaria a la que hoy sí está sometido el royalty.
“Basta con que el Presidente de la República envié un proyecto que diga, por ejemplo, que el dos por ciento de las ventas de las mineras en la región de Antofagasta será destinada al desarrollo, lo mismo que para el resto de las zonas. Pero esto tiene que ser un proyecto distinto a la ley del royalty que rige en la actualidad porque sería inconstitucional si se asignan beneficios directos”, explicó.
Por su parte, el diputado del PPD integrante de la comisión de Minería de la Cámara, Felipe Harboe, comentó que la petición de ingresos permanentes para el desarrollo de las comunas que concentran la actividad minera es razonable, ya que posteriormente se deben enfrentar con una serie de problemas como los desechos y relaves propios de esta industria.
“Lo ideal sería tener una reforma legal que permita al Estado asignar recursos directos a la región de Antofagasta y a la ciudad de Calama. La otra posibilidad es que a través de los fondos del royalty se establezca un aumento del porcentaje que le corresponde a dicho territorio y que incorpore el aporte que hacen las ciudades mineras a la recaudación de los impuestos”, manifestó el legislador.
En esa línea, el parlamentario afirmó que se podrían estipular mayores porcentajes de lo que se cobra como impuesto específico para ser destinados a las zonas mineras.
