Estudiantes rechazan inciativa
Larraín: Ley que penaliza las tomas “servirá para impedir a los inútiles subversivos”
Indignación existe en los movimientos sociales ante el proyecto de ley que penaliza las manifestaciones y tomas. El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, manifestó que se trata de un "despropósito". "Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio o parar las clases", apuntó el dirigente. La medida del Ejecutivo recibió el pleno respaldo de los partidos oficialistas.
Lunes 3 de octubre 2011 18:06 hrs.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió la polémica iniciativa gubernamental asegurando que el país le exige a las autoridades que actúen con inteligencia, pero con firmeza contra quienes alteran el orden público.
Para el secretario de Gobierno, acciones como las tomas de colegios y universidades, así como los cortes de tránsito, violan los derechos de la mayoría de la población, y apuntó que “cuando hay un grupo que siente que usando la fuerza puede agraviar los derechos de otros, está cometiendo desorden público. El acceso violento de un grupo de personas a un centro de comercio, consideremos en esto una figura que hemos visto”.
Mientras, en la reunión del comité de coordinación política del Gobierno con los partidos oficialistas, el presidente de Renovación Nacional y senador designado, Carlos Larraín, dijo que esta medida impedirá que, los que él calificó como inútiles subversivos, controlen los movimientos sociales.
“Esta figura delimita a las conductas violentas, y ahí no hay donde equivocarse. Esto está tratando de impedir a personas inmersas en movimientos ciudadanos, a quienes yo llamé inútiles y subversivos”, indicó el senador designado.
Para el presidente de la FEUC y vocero de la Confech, Giorgio Jackson, la iniciativa legal es simplemente “es un despropósito, por lo tanto, el llamado es a no mirar el síntoma, sino revisar el porqué los estudiantes están haciendo estas acciones. Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio o parar las clases, es un reflejo, un grito al cielo para que las autoridades y la sociedad reflexionen ante la marginalidad que se está viviendo en nuestro país”.
En cuanto a los contenidos específicos de este proyecto de ley aún existen muchas incertidumbres, por lo mismo, Carlos Muñoz, representante de la red de organizaciones no gubernamentales en defensa de la infancia, planteó en entrevista con la segunda edición de Radioanálisis que “estamos ante una medida improvisada que solo persigue criminalizar a un movimiento social arraigado en la mayoría de la población”.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió la polémica iniciativa gubernamental asegurando que el país le exige a las autoridades que actúen con inteligencia, pero con firmeza contra quienes alteran el orden público.
Para el secretario de Gobierno, acciones como las tomas de colegios y universidades, así como los cortes de tránsito, violan los derechos de la mayoría de la población, y apuntó que “cuando hay un grupo que siente que usando la fuerza puede agraviar los derechos de otros, está cometiendo desorden público. El acceso violento de un grupo de personas a un centro de comercio, consideremos en esto una figura que hemos visto”.
Mientras, en la reunión del comité de coordinación política del Gobierno con los partidos oficialistas, el presidente de Renovación Nacional y senador designado, Carlos Larraín, dijo que esta medida impedirá que, los que él calificó como inútiles subversivos, controlen los movimientos sociales.
“Esta figura delimita a las conductas violentas, y ahí no hay donde equivocarse. Esto está tratando de impedir a personas inmersas en movimientos ciudadanos, a quienes yo llamé inútiles y subversivos”, indicó el senador designado.
Para el presidente de la FEUC y vocero de la Confech, Giorgio Jackson, la iniciativa legal es simplemente “es un despropósito, por lo tanto, el llamado es a no mirar el síntoma, sino revisar el porqué los estudiantes están haciendo estas acciones. Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio o parar las clases, es un reflejo, un grito al cielo para que las autoridades y la sociedad reflexionen ante la marginalidad que se está viviendo en nuestro país”.
En cuanto a los contenidos específicos de este proyecto de ley aún existen muchas incertidumbres, por lo mismo, Carlos Muñoz, representante de la red de organizaciones no gubernamentales en defensa de la infancia, planteó en entrevista con la segunda edición de Radioanálisis que “estamos ante una medida improvisada que solo persigue criminalizar a un movimiento social arraigado en la mayoría de la población”.
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió la polémica iniciativa gubernamental asegurando que el país le exige a las autoridades que actúen con inteligencia, pero con firmeza contra quienes alteran el orden público.
Para el secretario de Gobierno, acciones como las tomas de colegios y universidades, así como los cortes de tránsito, violan los derechos de la mayoría de la población, y apuntó que “cuando hay un grupo que siente que usando la fuerza puede agraviar los derechos de otros, está cometiendo desorden público. El acceso violento de un grupo de personas a un centro de comercio, consideremos en esto una figura que hemos visto”.
Mientras, en la reunión del comité de coordinación política del Gobierno con los partidos oficialistas, el presidente de Renovación Nacional y senador designado, Carlos Larraín, dijo que esta medida impedirá que, los que él calificó como inútiles subversivos, controlen los movimientos sociales.
“Esta figura delimita a las conductas violentas, y ahí no hay donde equivocarse. Esto está tratando de impedir a personas inmersas en movimientos ciudadanos, a quienes yo llamé inútiles y subversivos”, indicó el senador designado.
Para el presidente de la FEUC y vocero de la Confech, Giorgio Jackson, la iniciativa legal es simplemente “es un despropósito, por lo tanto, el llamado es a no mirar el síntoma, sino revisar el porqué los estudiantes están haciendo estas acciones. Nunca ha sido un hobby tomarse un colegio o parar las clases, es un reflejo, un grito al cielo para que las autoridades y la sociedad reflexionen ante la marginalidad que se está viviendo en nuestro país”.
En cuanto a los contenidos específicos de este proyecto de ley aún existen muchas incertidumbres, por lo mismo, Carlos Muñoz, representante de la red de organizaciones no gubernamentales en defensa de la infancia, planteó en entrevista con la segunda edición de Radioanálisis que “estamos ante una medida improvisada que solo persigue criminalizar a un movimiento social arraigado en la mayoría de la población”.
