El aumento de un 10,1 por ciento en los delitos de mayor connotación social y de un 17,9 por ciento en los robos con intimidación durante los últimos tres meses, provocó que las miradas volvieran sobre la gestión del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, cuando se esperaba la autocrítica del Ejecutivo, el jefe en materia de seguridad ciudadana señaló que “la pega no es sólo nuestra, los jueces y los fiscales también son parte del sistema y muchas veces vemos errores que yo no comprendo”.
Estas declaraciones provocaron que el mismo Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, saliera al paso y afirmara que “no corresponde que se emplace a una autoridad de otro poder del Estado. Sí corresponde que una autoridad rinda cuenta de lo que han actuado sus subalternos, y en este caso yo apoyo al fiscal”.
No es la primera vez que el Ejecutivo se enfrenta al Poder Judicial. Los dichos del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien trató a los fiscales de “garantistas”, provocó que mismo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, rechazara sus comentarios.
Para el diputado socialista Marcelo Díaz, que este tema no haya sido tratado en la comisión de Constitución es una mala señal.
“Queremos saber cómo dieron por superada la polémica y cuáles fueron los diálogos. Necesitamos saber cuál fue el modo en que esto – que fue considerado por nosotros y por la Corte Suprema como intervención indebida en la autonomía del Poder Judicial – ha sido superado en la manera de garantizar la independencia y la autonomía de los tribunales de justicia”, afirmó el parlamentario.
Conocidas las cifras, el diputado Cristián Monckeberg de Renovación Nacional dijo que “cuando hay manifestaciones aumentan en 25 por ciento los delitos violentos”, mientras su par de la UDI, José Antonio Kast, subrayó la necesidad de aprobar la Ley Antitomas.
Asimismo, el diputado Alberto Cardemil, señaló que todos los actores involucrados deben mejorar sus gestiones: “Hay que mejorar el sistema represivo. Esas fueron las palabras del presidente de la Corte Suprema y eso significa una mejor tipificación y un trabajo más prolijo tanto de Carabineros como de la Fiscalía como de los jueces”, aseguró el legislador.
Incluso desde Uruguay, la ex Presidenta Michel Bachelet señaló que para reducir la delincuencia se requiere una “mano firme, pero inteligente”.
Por su parte, la oposición prepara una interpelación al ministro del Interior para que dé explicaciones por los malos resultados obtenidos pese a los planes y programas implementados por el Gobierno.
En esa línea, el diputado DC Gabriel Silber, uno de los que lidera el recurso en el Congreso, sostuvo que “en cuanto a las acciones de fiscalización como Cámara estamos evaluando la interpelación, de tal manera que el ministro rinda cuentas de la agenda de seguridad ciudadana de combate a la delincuencia, temas en los cuales pensamos este Gobierno está muy por debajo del estándar ofertado a los chilenos”.
Silber y el resto de los legisladores opositores sondean en las demás bancadas de la Concertación, la posibilidad de un respaldo colectivo, que debiera concretarse esta semana según informó el diputado.
El aumento de un 10,1 por ciento en los delitos de mayor connotación social y de un 17,9 por ciento en los robos con intimidación durante los últimos tres meses, provocó que las miradas volvieran sobre la gestión del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, cuando se esperaba la autocrítica del Ejecutivo, el jefe en materia de seguridad ciudadana señaló que “la pega no es sólo nuestra, los jueces y los fiscales también son parte del sistema y muchas veces vemos errores que yo no comprendo”.
Estas declaraciones provocaron que el mismo Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, saliera al paso y afirmara que “no corresponde que se emplace a una autoridad de otro poder del Estado. Sí corresponde que una autoridad rinda cuenta de lo que han actuado sus subalternos, y en este caso yo apoyo al fiscal”.
No es la primera vez que el Ejecutivo se enfrenta al Poder Judicial. Los dichos del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien trató a los fiscales de “garantistas”, provocó que mismo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, rechazara sus comentarios.
Para el diputado socialista Marcelo Díaz, que este tema no haya sido tratado en la comisión de Constitución es una mala señal.
“Queremos saber cómo dieron por superada la polémica y cuáles fueron los diálogos. Necesitamos saber cuál fue el modo en que esto – que fue considerado por nosotros y por la Corte Suprema como intervención indebida en la autonomía del Poder Judicial – ha sido superado en la manera de garantizar la independencia y la autonomía de los tribunales de justicia”, afirmó el parlamentario.
Conocidas las cifras, el diputado Cristián Monckeberg de Renovación Nacional dijo que “cuando hay manifestaciones aumentan en 25 por ciento los delitos violentos”, mientras su par de la UDI, José Antonio Kast, subrayó la necesidad de aprobar la Ley Antitomas.
Asimismo, el diputado Alberto Cardemil, señaló que todos los actores involucrados deben mejorar sus gestiones: “Hay que mejorar el sistema represivo. Esas fueron las palabras del presidente de la Corte Suprema y eso significa una mejor tipificación y un trabajo más prolijo tanto de Carabineros como de la Fiscalía como de los jueces”, aseguró el legislador.
Incluso desde Uruguay, la ex Presidenta Michel Bachelet señaló que para reducir la delincuencia se requiere una “mano firme, pero inteligente”.
Por su parte, la oposición prepara una interpelación al ministro del Interior para que dé explicaciones por los malos resultados obtenidos pese a los planes y programas implementados por el Gobierno.
En esa línea, el diputado DC Gabriel Silber, uno de los que lidera el recurso en el Congreso, sostuvo que “en cuanto a las acciones de fiscalización como Cámara estamos evaluando la interpelación, de tal manera que el ministro rinda cuentas de la agenda de seguridad ciudadana de combate a la delincuencia, temas en los cuales pensamos este Gobierno está muy por debajo del estándar ofertado a los chilenos”.
Silber y el resto de los legisladores opositores sondean en las demás bancadas de la Concertación, la posibilidad de un respaldo colectivo, que debiera concretarse esta semana según informó el diputado.
El aumento de un 10,1 por ciento en los delitos de mayor connotación social y de un 17,9 por ciento en los robos con intimidación durante los últimos tres meses, provocó que las miradas volvieran sobre la gestión del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Sin embargo, cuando se esperaba la autocrítica del Ejecutivo, el jefe en materia de seguridad ciudadana señaló que “la pega no es sólo nuestra, los jueces y los fiscales también son parte del sistema y muchas veces vemos errores que yo no comprendo”.
Estas declaraciones provocaron que el mismo Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, saliera al paso y afirmara que “no corresponde que se emplace a una autoridad de otro poder del Estado. Sí corresponde que una autoridad rinda cuenta de lo que han actuado sus subalternos, y en este caso yo apoyo al fiscal”.
No es la primera vez que el Ejecutivo se enfrenta al Poder Judicial. Los dichos del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien trató a los fiscales de “garantistas”, provocó que mismo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, rechazara sus comentarios.
Para el diputado socialista Marcelo Díaz, que este tema no haya sido tratado en la comisión de Constitución es una mala señal.
“Queremos saber cómo dieron por superada la polémica y cuáles fueron los diálogos. Necesitamos saber cuál fue el modo en que esto – que fue considerado por nosotros y por la Corte Suprema como intervención indebida en la autonomía del Poder Judicial – ha sido superado en la manera de garantizar la independencia y la autonomía de los tribunales de justicia”, afirmó el parlamentario.
Conocidas las cifras, el diputado Cristián Monckeberg de Renovación Nacional dijo que “cuando hay manifestaciones aumentan en 25 por ciento los delitos violentos”, mientras su par de la UDI, José Antonio Kast, subrayó la necesidad de aprobar la Ley Antitomas.
Asimismo, el diputado Alberto Cardemil, señaló que todos los actores involucrados deben mejorar sus gestiones: “Hay que mejorar el sistema represivo. Esas fueron las palabras del presidente de la Corte Suprema y eso significa una mejor tipificación y un trabajo más prolijo tanto de Carabineros como de la Fiscalía como de los jueces”, aseguró el legislador.
Incluso desde Uruguay, la ex Presidenta Michel Bachelet señaló que para reducir la delincuencia se requiere una “mano firme, pero inteligente”.
Por su parte, la oposición prepara una interpelación al ministro del Interior para que dé explicaciones por los malos resultados obtenidos pese a los planes y programas implementados por el Gobierno.
En esa línea, el diputado DC Gabriel Silber, uno de los que lidera el recurso en el Congreso, sostuvo que “en cuanto a las acciones de fiscalización como Cámara estamos evaluando la interpelación, de tal manera que el ministro rinda cuentas de la agenda de seguridad ciudadana de combate a la delincuencia, temas en los cuales pensamos este Gobierno está muy por debajo del estándar ofertado a los chilenos”.
Silber y el resto de los legisladores opositores sondean en las demás bancadas de la Concertación, la posibilidad de un respaldo colectivo, que debiera concretarse esta semana según informó el diputado.
