La marcha en conmemoración al comunero mapuche Matías Catrileo en Santiago finalizó con barricadas en la calle Estado, las que fueron disueltas por Carabineros. En los enfrentamientos resultó quemada la motocicleta de una uniformada.
Más tarde, cerca de cuarenta encapuchados incendiaron un bus del Transantiago en las calles San Ignacio con Eleuterio Ramírez, donde los pasajeros y el conductor del recorrido 115 pudieron escapar, lo que Carabineros atribuye al mismo grupo de manifestantes.
Por otro lado, la madre y la hermana de Matías Catrileo fueron detenidas al manifestarse en la cuarta conmemoración de su muerte con una toma pacífica a las oficinas de la Intendencia de Temuco. La detención duró un día antes de la formalización y fue catalogada como ilegal por el juzgado de Temuco.
Mónica Quezada, madre del joven asesinado ,se refirió a las constantes detenciones que han sufrido. “Nosotros tenemos claro que La Araucanía está militarizada y es una verdadera guerra la que Carabineros de Chile y el Estado ejerce contra nosotros. Esto no ocurre en Santiago, donde hemos hecho muchas marchas y manifestaciones, pero cuidan la imagen. Por esto es necesario encontrar maneras de que sí trascienda. Seguramente es una lucha infinita por nuestros derechos humanos”.
Efectivamente, en el sur la represión policial se vive con mayor fuerza. Hoy hay dos recursos judiciales interpuestos contra la violencia policial en las comunidades de Ercilla, sin embargo, los comuneros no tienen confianza en sus resultados. “La justicia chilena no hace justicia, eso quedó demostrado con que tengan a Walter Ramírez (carabinero que mató a Matías Catrileo) en libertad, por eso esto ya pasó a ser un tema político”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, advirtió que se ha intentado tomar la vía judicial para hacer frente a esta situación, pero no se logran mayores resultados porque no existe la cultura social suficiente para considerar que esto es realmente una violación a los derechos humanos y de los indígenas.
“La aplicación de represión genera un círculo vicioso a causa de respuestas institucionales de parte del Estado en los requerimientos de las organizaciones indígenas, falta de justicia frente a los abusos de poder de parte de los agentes del Estado. Hay una reacción de protesta social que se enmarcan en hechos de violencia de parte de las organizaciones indígenas o de la ciudadanía y la forma de respuesta del Estado ha sido la represión, que al mismo tiempo aumenta estos hechos de violencia”, señaló Silva.
El abogado advirtió que con esto sólo se está maquillando la incapacidad de las instituciones de dar respuestas reales a los problemas que surgen en la sociedad.
Con esto coincidió el presidente de la ONG Liberar, Fernando Lira, quien indicó que “la política de seguridad es la contención con fuerza, cierre de los caminos, generando una olla de presión en el fondo. Yo no creo en esa solución, sobre todo, además cuando no hay una voluntad política por abordar temas que son demanda pública. Todas las demandas públicas durante este Gobierno han sido apagadas mediante la represión por un lado y por otro lado por el desgaste”.
Lira afirmó que es urgente terminar con esta política represiva que está trascendiendo a todas las áreas, el conflicto educacional, las distintas demandas sociales y sólo contribuye a crear un clima de conflicto cada vez mayor en nuestro país.
La marcha en conmemoración al comunero mapuche Matías Catrileo en Santiago finalizó con barricadas en la calle Estado, las que fueron disueltas por Carabineros. En los enfrentamientos resultó quemada la motocicleta de una uniformada.
Más tarde, cerca de cuarenta encapuchados incendiaron un bus del Transantiago en las calles San Ignacio con Eleuterio Ramírez, donde los pasajeros y el conductor del recorrido 115 pudieron escapar, lo que Carabineros atribuye al mismo grupo de manifestantes.
Por otro lado, la madre y la hermana de Matías Catrileo fueron detenidas al manifestarse en la cuarta conmemoración de su muerte con una toma pacífica a las oficinas de la Intendencia de Temuco. La detención duró un día antes de la formalización y fue catalogada como ilegal por el juzgado de Temuco.
Mónica Quezada, madre del joven asesinado ,se refirió a las constantes detenciones que han sufrido. “Nosotros tenemos claro que La Araucanía está militarizada y es una verdadera guerra la que Carabineros de Chile y el Estado ejerce contra nosotros. Esto no ocurre en Santiago, donde hemos hecho muchas marchas y manifestaciones, pero cuidan la imagen. Por esto es necesario encontrar maneras de que sí trascienda. Seguramente es una lucha infinita por nuestros derechos humanos”.
Efectivamente, en el sur la represión policial se vive con mayor fuerza. Hoy hay dos recursos judiciales interpuestos contra la violencia policial en las comunidades de Ercilla, sin embargo, los comuneros no tienen confianza en sus resultados. “La justicia chilena no hace justicia, eso quedó demostrado con que tengan a Walter Ramírez (carabinero que mató a Matías Catrileo) en libertad, por eso esto ya pasó a ser un tema político”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, advirtió que se ha intentado tomar la vía judicial para hacer frente a esta situación, pero no se logran mayores resultados porque no existe la cultura social suficiente para considerar que esto es realmente una violación a los derechos humanos y de los indígenas.
“La aplicación de represión genera un círculo vicioso a causa de respuestas institucionales de parte del Estado en los requerimientos de las organizaciones indígenas, falta de justicia frente a los abusos de poder de parte de los agentes del Estado. Hay una reacción de protesta social que se enmarcan en hechos de violencia de parte de las organizaciones indígenas o de la ciudadanía y la forma de respuesta del Estado ha sido la represión, que al mismo tiempo aumenta estos hechos de violencia”, señaló Silva.
El abogado advirtió que con esto sólo se está maquillando la incapacidad de las instituciones de dar respuestas reales a los problemas que surgen en la sociedad.
Con esto coincidió el presidente de la ONG Liberar, Fernando Lira, quien indicó que “la política de seguridad es la contención con fuerza, cierre de los caminos, generando una olla de presión en el fondo. Yo no creo en esa solución, sobre todo, además cuando no hay una voluntad política por abordar temas que son demanda pública. Todas las demandas públicas durante este Gobierno han sido apagadas mediante la represión por un lado y por otro lado por el desgaste”.
Lira afirmó que es urgente terminar con esta política represiva que está trascendiendo a todas las áreas, el conflicto educacional, las distintas demandas sociales y sólo contribuye a crear un clima de conflicto cada vez mayor en nuestro país.
La marcha en conmemoración al comunero mapuche Matías Catrileo en Santiago finalizó con barricadas en la calle Estado, las que fueron disueltas por Carabineros. En los enfrentamientos resultó quemada la motocicleta de una uniformada.
Más tarde, cerca de cuarenta encapuchados incendiaron un bus del Transantiago en las calles San Ignacio con Eleuterio Ramírez, donde los pasajeros y el conductor del recorrido 115 pudieron escapar, lo que Carabineros atribuye al mismo grupo de manifestantes.
Por otro lado, la madre y la hermana de Matías Catrileo fueron detenidas al manifestarse en la cuarta conmemoración de su muerte con una toma pacífica a las oficinas de la Intendencia de Temuco. La detención duró un día antes de la formalización y fue catalogada como ilegal por el juzgado de Temuco.
Mónica Quezada, madre del joven asesinado ,se refirió a las constantes detenciones que han sufrido. “Nosotros tenemos claro que La Araucanía está militarizada y es una verdadera guerra la que Carabineros de Chile y el Estado ejerce contra nosotros. Esto no ocurre en Santiago, donde hemos hecho muchas marchas y manifestaciones, pero cuidan la imagen. Por esto es necesario encontrar maneras de que sí trascienda. Seguramente es una lucha infinita por nuestros derechos humanos”.
Efectivamente, en el sur la represión policial se vive con mayor fuerza. Hoy hay dos recursos judiciales interpuestos contra la violencia policial en las comunidades de Ercilla, sin embargo, los comuneros no tienen confianza en sus resultados. “La justicia chilena no hace justicia, eso quedó demostrado con que tengan a Walter Ramírez (carabinero que mató a Matías Catrileo) en libertad, por eso esto ya pasó a ser un tema político”, afirmó.
Por su parte, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, advirtió que se ha intentado tomar la vía judicial para hacer frente a esta situación, pero no se logran mayores resultados porque no existe la cultura social suficiente para considerar que esto es realmente una violación a los derechos humanos y de los indígenas.
“La aplicación de represión genera un círculo vicioso a causa de respuestas institucionales de parte del Estado en los requerimientos de las organizaciones indígenas, falta de justicia frente a los abusos de poder de parte de los agentes del Estado. Hay una reacción de protesta social que se enmarcan en hechos de violencia de parte de las organizaciones indígenas o de la ciudadanía y la forma de respuesta del Estado ha sido la represión, que al mismo tiempo aumenta estos hechos de violencia”, señaló Silva.
El abogado advirtió que con esto sólo se está maquillando la incapacidad de las instituciones de dar respuestas reales a los problemas que surgen en la sociedad.
Con esto coincidió el presidente de la ONG Liberar, Fernando Lira, quien indicó que “la política de seguridad es la contención con fuerza, cierre de los caminos, generando una olla de presión en el fondo. Yo no creo en esa solución, sobre todo, además cuando no hay una voluntad política por abordar temas que son demanda pública. Todas las demandas públicas durante este Gobierno han sido apagadas mediante la represión por un lado y por otro lado por el desgaste”.
Lira afirmó que es urgente terminar con esta política represiva que está trascendiendo a todas las áreas, el conflicto educacional, las distintas demandas sociales y sólo contribuye a crear un clima de conflicto cada vez mayor en nuestro país.
