Los vecinos de La Florida y la Red de Defensa por la Precordillera están de fiesta. El martes en la noche el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) paralizó el proyecto de la Inmobiliaria Gesterra, que pretendía construir un condominio con 1302 viviendas en el bosque El Panul.
El SEA declaró que “la ausencia de información básica no resulta subsanable mediante adenda” y que por esta razón “corresponde poner término al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y hacer devolución de los antecedentes al titular”.
Sebastián Sepúlveda, vocero de la Red de Defensa de la Precordillera, organización que ha liderado la lucha por El Panul, explica que la decisión de la institucionalidad medio ambiental se debe a que “las observaciones que se hicieron por los estudios y por la ciudadanía, por nosotros, fueron tan contundentes que el SEA consideró que con el Estudio (de Impacto Ambiental) que se presentó no se podían responder estas observaciones, por lo que ni siquiera merecía continuar la calificación ambiental”.
En el programa Semáforo de nuestra emisora, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), explicó que “en la reforma última que se aprobó, y que entró en vigencia en enero de 2010 se incorporó una cláusula que permite al director regional del SEA poner término al procedimiento de evaluación en el caso en que el estudio que presenta el proyecto carece de información relevante o esencial para su evaluación y que además no puede ser subsanada con informaciones complementarias, lo que se denominan las adendas”.
Pero esto no se termina aquí. Gesterra puede apelar con un recurso de reposición dentro de los próximos cinco días, lo que debe ser resuelto por la autoridad en veinte días, y luego, podría volver a presentar el proyecto. Pero los vecinos de La Florida están optimistas, pues aseguran que sus objeciones son irrefutables.
“Tiene que presentar un proyecto que cumpla con las observaciones que le están haciendo, y de verdad son lapidarias, por lo menos para el proyecto que se pretendía. Por ejemplo, a ningún proyecto se le había exigido estudio sobre la falla de San Ramón, se exige un EIA completo de las áreas cercanas o contiguas al proyecto, se exigen medidas de infraestructuras y viales que encarecen tanto el proyecto que yo creo que pocas ganas le van a quedar”, sostuvo Sepúlveda.
La larga batalla por el bosque que los vecinos, los ambientalistas y recientemente de la municipalidad, que había convocado a una consulta ciudadana para el 28 y 29 de enero, sostienen desde 2008 se debe a las particulares características del lugar donde se pretendía construir, pues alberga al último bosque nativo de Santiago, que contiene especies como el guayacán, declarado en “estado vulnerable” por la Conaf.
Además, este bosque entrega servicios a la comuna y a la región fundamentales, como la absorción de aguas lluvias que evitan inundaciones y aludes, controla la temperatura, descontamina el aire y funciona como un parque.
Hace cuatro años que esta empresa ha intentado construir en el Fundo El Panul, pero en diversas instancias se han puesto trabas a un proyecto que trasladaría a cinco mil personas a vivir a una de las comunas más pobladas de Santiago, aumentando más aún la congestión vehicular. Incluso, el 10 de enero pasado la comisión de Medio Ambiente del Senado realizó una sesión especial para aclarar las circunstancias en que este proyecto aún se mantenía en pie, muchas de ellas bastante “particulares” como las presiones de la seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, Marisol Rojas, hacia el municipio para que aprobara el preproyecto de edificación, o la ausencia de estudios en terreno de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a pesar de la presencia de especies protegidas y una amplia biodiversidad, o del Servicio Nacional de Geología y Minería, aunque se pretendía construir en plena falla de San Ramón.
Es por esto que la determinación del director metropolitano del SEA no sólo es una buena noticia para los detractores de Gesterra sino que sienta un precedente medio ambiental, ya que es la primera vez que se recurre a la normativa de la nueva institucionalidad para detener un proyecto por esta vía.
Para Lucio Cuenca, el uso de este artículo podría cambiar el futuro medio ambiental del país, incluso, su existencia podría haber evitado conflictivos proyectos de alto impacto como Pascua Lama, Celco y otros.
“Nuestro sistema ha sido vulnerado permanentemente por decisiones políticas. Esta cláusula incorporada en la nueva institucionalidad, como ha quedado demostrado ahora, con voluntad política, es posible que tenga una excelente aplicación y signifique una medida importante de protección para el medio ambiente y las comunidades afectadas por los proyectos. Yo creo que es un avance”, afirmó el director de OLCA.
Pero este triunfo es sólo en una batalla, aún no en la guerra. Ahora, la comunidad buscará que el bosque nativo se mantenga como un parque de acceso público, pero de propiedad del Estado, ya que los terrenos del Fundo El Panul pertenecían a la Universidad de Chile y durante la dictadura fue rematado a un precio ridículo a Vicente Navarrete, ex presidente de la Sofofa y padre de los dueños de Gesterra.
“El objetivo central de la recuperación del Panul es que el Estado compre el terreno o se expropie. Nosotros consideramos que cualquiera de las dos alternativas que se tomen tiene que considerar que el propietario ha disfrutado, ha explotado, durante veinte años este territorio. No creemos que se le tenga que pagar una suma exorbitante, siendo que las condiciones en que se adquirió ameritan una reconsideración. Queremos que se pague un precio justo, ya que no se puede hacer ningún proyecto inmobiliario.”, señala el vocero de la Red.
Sebastián Sepúlveda detalla que para lograr este fin “se están haciendo gestiones para buscar apoyo político de los senadores y recurriendo a las distintas reparticiones gubernamentales para exponerle este tema. Esta lucha por El Panul no se termina hasta que este territorio pase a manos del Estado”.