El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó al Ministerio Público una querella criminal por el delito de violación de secreto previsto, por la compra de una base de datos al Instituto de Previsión Social, ex INP, durante los años 2004 y 2005.
La medida judicial apunta a que el ex director del instituto, Ernesto Evans, firmó en octubre del 2004 un convenio con la empresa Comercial Siglo XXI S.A. La Polar, para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito.
Con esto, la empresa logró el acceso a información reservada de pensionados, acusaciones de las cuales la defensa del ex ejecutivo Pablo Alcalde, aseguró que no estaba en conocimiento.
El mecanismo, firmado cuando Alcalde ya era el gerente general, permitió incluso que la empresa incluyera como clientes a personas fallecidas.
La compañía logró aumentar sus estados financieros con información falsa, los que se entregaban a la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, a la Bolsa de Comercio y al mercado en general.
De esta manera, el CDE se hace parte del Caso La Polar, considerando que este viernes la Superintendencia de Valores y Seguros dará el fallo de la investigación administrativa iniciada hace ocho meses.
Esto, a pesar del recurso de inhabilitación que el abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, presentó en contra del superintendente Fernando Coloma, por considerar que éste sería dueño “de forma indirecta”, de acciones de La Polar.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó al Ministerio Público una querella criminal por el delito de violación de secreto previsto, por la compra de una base de datos al Instituto de Previsión Social, ex INP, durante los años 2004 y 2005.
La medida judicial apunta a que el ex director del instituto, Ernesto Evans, firmó en octubre del 2004 un convenio con la empresa Comercial Siglo XXI S.A. La Polar, para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito.
Con esto, la empresa logró el acceso a información reservada de pensionados, acusaciones de las cuales la defensa del ex ejecutivo Pablo Alcalde, aseguró que no estaba en conocimiento.
El mecanismo, firmado cuando Alcalde ya era el gerente general, permitió incluso que la empresa incluyera como clientes a personas fallecidas.
La compañía logró aumentar sus estados financieros con información falsa, los que se entregaban a la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, a la Bolsa de Comercio y al mercado en general.
De esta manera, el CDE se hace parte del Caso La Polar, considerando que este viernes la Superintendencia de Valores y Seguros dará el fallo de la investigación administrativa iniciada hace ocho meses.
Esto, a pesar del recurso de inhabilitación que el abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, presentó en contra del superintendente Fernando Coloma, por considerar que éste sería dueño “de forma indirecta”, de acciones de La Polar.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó al Ministerio Público una querella criminal por el delito de violación de secreto previsto, por la compra de una base de datos al Instituto de Previsión Social, ex INP, durante los años 2004 y 2005.
La medida judicial apunta a que el ex director del instituto, Ernesto Evans, firmó en octubre del 2004 un convenio con la empresa Comercial Siglo XXI S.A. La Polar, para que los pensionados pudieran ser sujetos de crédito.
Con esto, la empresa logró el acceso a información reservada de pensionados, acusaciones de las cuales la defensa del ex ejecutivo Pablo Alcalde, aseguró que no estaba en conocimiento.
El mecanismo, firmado cuando Alcalde ya era el gerente general, permitió incluso que la empresa incluyera como clientes a personas fallecidas.
La compañía logró aumentar sus estados financieros con información falsa, los que se entregaban a la Superintendencia de Bancos, la de Valores y Seguros, a la Bolsa de Comercio y al mercado en general.
De esta manera, el CDE se hace parte del Caso La Polar, considerando que este viernes la Superintendencia de Valores y Seguros dará el fallo de la investigación administrativa iniciada hace ocho meses.
Esto, a pesar del recurso de inhabilitación que el abogado de Pablo Alcalde, Jorge Bofill, presentó en contra del superintendente Fernando Coloma, por considerar que éste sería dueño “de forma indirecta”, de acciones de La Polar.
